La imagen muestra a un escolta del presidente del Gobierno con un subfusil en sus manos que puede verse sin dificultado a través de la ventanilla del coche bajada. Pedro Sánchez y su séquito salían a toda velocidad del Hospital Sant Pau de Barcelona donde el presidente y el ministro del Interior fueron a visitar a varios policías heridos en los graves incidentes que se produjeron en la Plaza de Urquinaona y en Vía Layetana el 18 de octubre de 2019.

La visita a los policías (dos de los cuales están personados como acusación particular en la causa de Tsunami Democràtic) se produjo un día después de los incidentes, el 19 de octubre. La organización Tsunami Democràtic había convocado para ese día diversas manifestaciones, una de ellas a las puertas del Hospital de Sant Pau.

Pedro Sánchez fue insultado y abucheado en los pasillos del hospital por una parte del personal. Su cara reflejaba tensión y miedo.

Esa era la situación que se vivía en Barcelona en octubre de 2019 como consecuencia de los actos de protesta y las huelgas que convocó Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del procés, que el Tribunal Supremo hizo pública el 14 de octubre.

Los dos policías personados en la causa sufrieron heridas muy graves y, como consecuencia de ellas, tuvieron que dejar el Cuerpo Nacional de Policía, jubilados por incapacidad permanente.

Ayer, el juez que instruye el sumario, Manuel García-Castellón hizo público un auto en el que decide seguir adelante con la instrucción que considera a Carles Puigdemont "en el vértice más alto de la organización Tsunami Democràtic".

El juez estima que los hechos investigados se pueden calificar como "actos con desórdenes públicos de naturaleza terrorista, objetivamente imputables a los miembros de la organización que permitió el resultado expuesto": Tsunami Democràtic.

Para sustentar la implicación de Puigdemont en ese posible delito de terrorismo, el juez se apoya en una conversación que mantuvo el ex presidente de la Generalitat con el empresario y uno de los dirigentes de Tsunami, Josep Campmajó. En dicho diálogo, Puigdemont afirma: "El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de que lado". Campmajó se muestra preocupado por el cariz que van tomando los acontecimientos y le pide a Puigdemont que "tome el control".

En octubre de 2019 el presidente del Gobierno acudió a visitar a los policías heridos. La tensión era palpable. Hasta el punto de que uno de sus escoltas iba armado con un subfusil

El PSOE ha pactado con Junts la amnistía para delitos de terrorismo siempre y cuando "no hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Evidentemente, el auto de García-Castellón y su intención de elevar la causa al Tribunal Supremo suponen un revés para la pretensión del Gobierno de proteger con el paraguas de la ley de Amnistía al líder de Junts, que con sus siete votos sujeta la continuidad del presidente.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lanzó el pasado miércoles una pregunta retórica. "Seamos serios, ¿de verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas?".

Félix Bolaños hace esa pregunta trampa para eludir el meollo de la cuestión. Evidentemente, lo que sucedió durante el llamado procés no es comparable ni por asomo a los más de 40 años de terrorismo de ETA. Lo que ahora se investiga en la Audiencia Nacional es sí unos hechos concretos -que provocaron dos heridos muy graves, al margen de otros 80 heridos leves y numerosos daños materiales- se pueden considerar como delito de terrorismo en alguna de sus formas, según establece el Código Penal.

El servicio de seguridad del presidente del Gobierno extremó su celo en la visita a Barcelona porque no era descartable que su vehículo fuera atacado por alguno de los extremistas que participaron en los incidentes aquellos días. El escolta que llevaba el subfusil MP-5 no lo enseñó para meter miedo a los sanitarios reunidos a la salida del hospital, sino porque pensaba que había posibilidades de que en algún momento tuviera que usarlo.

Ni Puigdemont ni su interlocutor Campmajó pretendieron que los hechos violentos llegasen hasta ese punto. En su conversación también se transmite miedo y preocupación.

Pero hay dos hecho incontestables. El primero de ellos es que Tsunami Democràtic convocó una huelga general y manifestaciones que derivaron en esos hechos violentos. Con sus proclamas encendieron una llama que luego fue muy difícil sofocar, y que casi cuesta la vida de un par de policías.

El segundo es que el presidente del Gobierno consideró en aquel momento que tenía que estar de lado de los policías, que fueron los que sufrieron las agresiones de los violentos, y que, al mismo tiempo, estimó que la visita a los agentes convalecientes en el Hospital Sant Pau acarreaba un riesgo para su seguridad.

¿Tiene razón García-Castellón en su valoración de aquellos hechos como "desórdenes públicos de naturaleza terrorista"? ¿Acierta a la hora de situar a Puigdemont en el "vértice" de Tsunami Democràtic? No lo sabemos. Yo, al menos, tengo mis dudas. Pero lo que sí sé es que esa decisión no la puede tomar un partido político, o un Gobierno. Porque, si aceptamos eso, cuestionamos todo nuestro sistema de garantías. Eso es ahora lo que está en juego.