En pocas ocasiones una Junta de Fiscales de la Sala Penal del Supremo ha despertado tanta expectación como la celebrada en la mañana del 6 de febrero.

Sobre el tapete, la discusión sobre el informe del fiscal Álvaro Redondo, a quien, por reparto, le había correspondido valorar la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Tsunami desde hace cuatro años. El antecedente: el fiscal de la Audiencia Nacional, donde se instruye la causa, Miguel Ángel Carvallo, había descartado en un escrito el pasado 2 de febrero que hubiera habido terrorismo en los hechos que se investigan. Recordemos que el pasado 21 de noviembre, García-Castellón había remitido su exposición al Tribunal Supremo estimando no sólo que hubo terrorismo, sino que en la "cúspide" de Tsunami se encontraba el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

El nudo gordiano de la negociación entre el Gobierno y Puigdemont sobre la ley de Amnistía, ahora en tramitación en el Congreso, es precisamente que proteja de cualquier delito, incluido el terrorismo, al líder de Junts, partido que, con sus siete votos, sustenta la continuidad de Pedro Sánchez.

Es decir, que la decisión de la Junta no sólo tenía trascendencia jurídica, sino, sobre todo, política. Si, finalmente, el Supremo decide investigar a Puigdemont por terrorismo es muy difícil que este pueda volver a España hasta que no se determine si cometió o no ese delito.

Por si estos elementos no fueran suficientes como para situar todos los focos de la actualidad sobre la reunión de la Junta de Fiscales, otro hecho vino a añadir un poco más de pimienta. El Fiscal Álvaro Redondo cambió de criterio en pocos días, pasando de estimar delito de terrorismo, a descartarlo. Las sospechas sobre la intervención del Fiscal General del Estado en ese viraje tienen base. El Mundo sostiene que fue Álvaro García Ortiz quien dobló la mano a su subordinado, haciendo que se alineara con la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional.

A partir de hoy, la mayoría de los fiscales del Supremo quedará englobada en eso que el presidente llama "fachosfera"

Según el testimonio de algunos de los presentes en el cónclave, la discusión, que se prolongó durante cuatro horas, fue "intensa, pero no tensa". Por parte de los que defendían la inexistencia del delito de terrorismo, destacó el Fiscal Jefe de Sala Joaquín Sánchez-Covisa. En el bando contrario, su par Fidel Cadenas. Álvaro Redondo se mostró un tanto abochornado, ya que, a medida que iban interviniendo los 15 miembros de la Junta, se veía que su posición quedaba claramente en minoría.

Al final, hubo dos votaciones. Una sobre el delito de terrorismo, y la otra sobre la posible imputación de Puigdemont en los hechos. En la primera, hubo 12 fiscales que sí vieron terrorismo, contra 3 que no; mientras que en la segunda hubo 11 a favor de la imputación del líder de Junts contra 4 que no ven indicios suficientes.

La posición de los fiscales del Supremo, por tanto, es clara. Y deja en mal lugar al presidente del Gobierno, quien dijo la semana pasada que en los hechos que investiga la Audiencia Nacional "no hay terrorismo". Pues bien, según la opinión mayoritaria de los fiscales, sí que lo hay.

¿Qué va a pasar ahora? Atendiendo a que hay dos Jefes de Sala, Cadenas y Sánchez Covisa, que opinan lo contrario, el Fiscal General del Estado instará la intervención de la Teniente Fiscal del Supremo, su mano derecha, cercana a Cándido Conde Pumpido y miembro de la UPF, Mari Ángeles Conde. No importa que haya habido una mayoría aplastante a favor de imputar a Puigdemont por terrorismo. Conde decidirá en un plazo de semanas si se inclina por lo que opina la mayoría, o bien se queda con los argumentos de la minoría. No hace falta que especulen, dará la razón a los que están alineados con el jefe, el Fiscal General del Estado.

No obstante, sea cual sea el criterio de la Fiscalía del Supremo, la Sala Segunda puede decidir investigar a Puigdemont por terrorismo. Es decir, que la guerra sigue abierta.

Lo grave para nuestro Estado de Derecho es la quiebra que ha provocado la ley de Amnistía en la Justicia. El empeño del presidente del Gobierno en salirse con la suya, por encima de todo, ha quebrado la confianza en que jueces y fiscales actúan con profesionalidad. A este deterioro ha contribuido el hecho de que los socios del Gobierno y algunos ministros hayan insinuado o acusado con nombres y apellidos a algunos jueces de prevaricadores.

¿Qué dirán ahora de los fiscales? ¿Que prevarican también? A partir de hoy quedan ya englobados en ese magma que se llama "fachosfera".