La ley de Amnistía, impuesta por Puigdemont al Gobierno, supone una aberración jurídica que pasará a los anales de la historia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene motivos para auto felicitarse por ello.

Digo impuesta, que no negociada, porque han sido los independentistas quienes, como cuenta Iva Anguera en El Independiente, se atribuyen el éxito sin ningún reparo. Ayer se lo contaron a un grupo de periodistas: el texto final fue el que, de forma conjunta, le presentaron al Gobierno, que no puso un pero, los equipos de Junts y ERC. Hay que darle la enhorabuena a Gonzalo Boye, por ser el letrado que con su empeño y su olfato político le ha colado este gol por la escuadra a Pedro Sánchez.

El texto aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, que será rechazado por el Senado, pero que será aprobado por la Cámara Baja con una mayoría pírrica en un plazo de dos meses, amnistiará todos los delitos de terrorismo, menos los que sean muy, muy graves. Eso es lo que quería Puigdemont, que, hay que reconocerlo, todavía no ha matado a nadie.

Pero, cuando hablamos de delitos, hay que referirse al Código Penal, que, por cierto, define con mucha precisión todos los tipos de terrorismo, desde el artículo 572 al artículo 580. Sin embargo, y aquí viene la aberración a la que me refería, el texto suprime toda referencia al Código Penal y se remite a una directiva europea que en nada importante lo contradice.

El Gobierno ha aceptado, como quería Puigdemont, un "blindaje" que le garantiza, en teoría, que el Tribunal Supremo no podrá condenarle como supuesto líder de Tsunami Democràtic. El ex presidente de la Generalitat queda así tocado por una gracia divina: mientras que el resto de los mortales, los que no intentamos dar un golpe con el procés, tenemos que cumplir el Código Penal, los que fueron condenados por delitos de sedición y malversación tienen una consideración distinta. ¿Existe acaso una vulneración más clara del principio de igualdad ante la ley que recoge el artículo 14 de la Constitución?

Con la ley de Amnistía, el Gobierno constata que hay un doble rasero legal. La Justicia ha dejado de ser igual para todos

Lo más escandaloso de este bodrio legal, del que se siente tan orgulloso Bolaños, es que establece de una forma meridiana una justicia a la medida para los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo y los que eludieron la acción de la Justicia huyendo fuera de España, caso de Puigdemont.

Ese doble rasero no sólo es perceptible en la omisión de toda referencia al Código Penal en lo que se refiere al delito de terrorismo, sino también en lo referente al delito de alta traición, en el que podría estar implicado también Puigdemont por sus relaciones con la Rusia de Putin. Aquí, la barrera se sitúa en el criterio de que no haya estado amenazada de manera efectiva la integridad de la nación. Concepto tan elástico como interpretable.

Me imagino que el agente del CNI detenido recientemente por pasar información a la CIA estará pensando por qué él sí puede ser condenado por traición, cuando no ha puesto en riesgo la integridad de España, mientras que Puigdemont ya no tendrá que preocuparse si un juez le acusa de ese delito.

Lo que ya roza el esperpento es que a los líderes del procés se les exima del delito de malversación porque no han utilizado los fondos públicos para enriquecerse. Es decir, que se puede usar el dinero público para subvertir el orden constitucional y no es delito, pero si lo es si ese dinero se emplea en la compra de un apartamento en Benidorm. Pensemos por un momento en la sensación que tendrán aquellos que fueron condenados por malversación por financiar a su partido y que no se metieron ni un euro en el bolsillo.

Sobre esta barbaridad ya se definió el Tribunal Supremo, echando abajo esa interpretación torticera del delito de malversación.

La teatralización excesiva y un tanto ridícula de Bolaños, anunciando una nueva era de concordia y felicidad tras el pacto alcanzado para la ley de Amnistía, no viene sino a corroborar que estamos ante una grosera tomadura de pelo.

Cree el presidente, por cierto, de viaje en Brasil y Chile, que el camino para concluir la legislatura está expedito. Esta ley le da, piensa él, la garantía de otros tres años en Moncloa.

Yo creo que todo tiene un límite. La imagen de debilidad ante los independentistas, especialmente ante el fugado líder de Junts, al que sólo le ha faltado un Ferrari como regalo de Sánchez por garantizarle su permanencia en el poder; el atropello a los principios constitucionales, como la igualdad ante la ley; la burla a las leyes, al eludir el Código Penal; el ataque sin piedad a los jueces,... todo ello tiene un coste. Tendrá consecuencias.