Álvaro García Ortiz tiene asumido su papel como Fiscal General del Estado. Sabe que en las próximas semanas tendrá que enfrentarse al reto más difícil de su mandato: imponer la "uniformidad de criterio" a los fiscales en la aplicación de la ley de amnistía. Tanto Pedro Sánchez como su mano derecha, el ministro de Justicia Félix Bolaños, están seguros de que García Ortiz no les va a fallar.

La Fiscalía ha vivido a lo largo de su historia momentos de tensión. Pero nunca como ahora se había visualizado de tal modo la existencia de un bloque mayoritario que no comparte la opinión de su jefe, que coincide siempre con la del Gobierno.

Tampoco nunca un presidente del Gobierno había exhibido de forma tan impúdica la sumisión que, según su criterio, le debe la Fiscalía General del Estado; en teoría, independiente. Cuando le preguntó al periodista Íñigo Alfonso, en Las mañanas de RNE, "¿de quién depende la Fiscalía?", estaba revelando sin tapujos que para él la Fiscalía General no es más que una terminal del Gobierno. Cuando dijo aquello (20 de septiembre de 2020), la Fiscal General era Dolores Delgado. A él le debía parecer una obviedad que la que antes había sido su ministra de Justicia no le iba a poner un pero como Fiscal General. Si algo caracteriza la forma de ejercer el poder de Sánchez es el descuido en las formas, que no tiene que ver con la ignorancia o la torpeza, sino con la falta de escrúpulos del que piensa que la separación de poderes es una pura formalidad, o, en última instancia, una treta de los conservadores para poner trabas a sus planes.

Uno de los problemas de Sánchez es que nunca ha superado los 121 escaños. Es decir, que siempre ha tenido que gobernar con pactos que le han obligado a dejarse muchos pelos en la gatera. Pactar con Podemos exigía cesiones económicas y en áreas sensibles como la igualdad, lo que tuvo como efecto la desastrosa 'ley del sí es sí'. Pero, en el caso de los independentistas, las cesiones obligaban necesariamente a cambios legales que exigían al Gobierno tener controlado el Tribunal Constitucional y bien atada a la Fiscalía General.

Mantenerse en el poder con esa debilidad congénita durante seis años ha sido una labor ardua, que debería haber exigido una cierta dosis de finezza. No ha sido el caso.

Siguiendo el guion de Sánchez, Dolores Delgado promovió como Fiscal General a su su hombre de confianza, la persona que había sido jefe de la Secretaría Técnica durante su mandato, García Ortiz. Éste, a su vez, ascendió a la cúpula fiscal a Delgado, en lo que era una evidente devolución de favores. Tan grosera, que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo anuló el ascenso el pasado 21 de noviembre. El Consejo de Ministros ha acato la sentencia la semana pasada.

García Ortiz afrontará en las próximas semanas el momento más complicado de su mandato: designar a un fiscal afín en el Supremo para informar sobre la aplicación de la amnistía

El nombramiento de García Ortiz fue declarado "no idóneo" por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 30 de noviembre de 2023. Y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso del Supremo el decreto de renovación del mandado de García Ortiz como Fiscal General basándose precisamente en esa falta de idoneidad y en su contumacia "progubernamental".

El estado de rebelión entre la cúpula fiscal se evidenció el pasado 6 de febrero, cuando la Junta de Fiscales de Sala del Supremo votó mayoritariamente en contra del criterio del Fiscal General en el debate sobre si había indicios de terrorismo en la causa conocida como Tsunami Democrático y si se debía imputar o no por ese delito a Carles Puigdemont. El revolcón no sirvió de nada porque quince días más tarde la Teniente Fiscal del Supremo, Mari Ángeles Conde, emitió un informe rechazando la imputación del ex presidente de la Generalitat.

La semana pasada, seis miembros del Consejo Fiscal emitieron un extenso y durísimo informe sobre la ley de amnistía, que previamente había solicitado el Senado. Pero el Fiscal General mantiene que los informes no se han hecho nunca sobre proposiciones de ley y, por tanto, no había lugar a atender la petición de la cámara alta, en la que el PP tiene mayoría absoluta.

Esas escaramuzas no son más que los prolegómenos para la que será la batalla definitiva para borrar del mapa toda oposición a la ley de amnistía.

Una vez que la norma sea aprobada por el Congreso de los Diputados y publicada en el BOE (lo que podría producirse a finales del próximo mes de mayo), los jueces tienen dos meses para aplicarla. Es en ese momento en el que la Fiscalía debe informar en cada caso con "unidad de criterio".

La pugna se centrará en el Tribunal Supremo, que instruyó el sumario del procés en el que está implicado, entre otros, Puigdemont. Todo el mundo conoce que la posición de los fiscales que intervinieron en la causa (Javier Zaragoza, Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal) es contraria a la ley de amnistía, lo que, según fuentes de toda solvencia, llevará a García Ortiz a designar un fiscal ad hoc que coincida con su criterio en este asunto nuclear tanto para la Fiscalía como para la legislatura.

Si eso se produce, los fiscales pueden optar por un último recurso, el conocido como 'artículo 27' (por ser el texto del Estatuto Fiscal al que se remite): elevar la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala. García Ortiz está obligado a oír lo que diga la Junta, pero, finalmente, será él quien decida.

Atado y bien atado, hay poco margen, por no decir ninguno, para que la opinión mayoritariamente contraria a la ley de amnistía en la carrera fiscal suponga una traba para los intereses del Gobierno.

Tomando prestada la frase de Miguel de Unamuno dirigida al fundador de la Legión Millán-Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, el Gobierno vencerá en esta crucial batalla, pero no convencerá. La quiebra en la carrera fiscal y en la Justicia perdurará, porque el Gobierno ha apelado a todo... menos a la razón.