Desde el 13 de noviembre de 2023 hemos asistido a una escalada del conflicto en la provincia de Rakhine, al oeste de Myanmar. Los municipios de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung quedaron aislados del resto del estado, dejando a su población encerrada y bloqueada, sin posibilidad de salir. La gente no podía moverse libremente por el territorio y los suministros no llegaban. Y no me refiero solo a los suministros sanitarios, sino también a los básicos, como alimentos, gasolina y agua. Este tipo de bienes estaban restringidos, lo que provocó que los precios de los suministros disponibles se dispararan. 

Tuvimos que escondernos y trasladar al equipo a la sala de seguridad; a veces, hasta casi tres o cuatro veces el mismo día

Hubo días en los que oíamos sonidos lejanos de batalla. En esos momentos, pasas miedo porque no sabes si el siguiente ruido va a sonar más cerca. También tuvimos algunas experiencias de cuando los combates estaban muy próximos. Tuvimos que escondernos y trasladar al equipo a la sala de seguridad; a veces, hasta casi tres o cuatro veces el mismo día. 

Pude ver de primera mano el cambio en la comprensión del personal sobre lo que está ocurriendo en el país: el conflicto está ahora a otro nivel.

En el estado de Rakhine hay una mezcla de etnias: rakhine, rohingya e hindúes. Los arakaneses son ciudadanos de Rakhine, pero a los rohingya se les retiró la ciudadanía en 1982, convirtiéndose en apátridas. Generaciones de rohingya han luchado mucho para conseguir lo que tienen ahora. Es muy difícil comprender lo difícil y limitada que es la vida para ellos.

Desplazados en el campo de Rathedaung, en el norte de Rakhine. | Zoe Bennell/MSF

Además, tres meses después del último estallido del conflicto, en febrero de 2024, se anunció la ley de reclutamiento en el país. Esta norma establece que los ciudadanos deben servir en las fuerzas armadas entre dos y cinco años. La ley ha afectado profundamente a todo el mundo. Las comunidades rakhine han intentado abandonar el estado o buscar refugio en municipios vecinos, como Sittwe o Yangon. Por desgracia, la comunidad rohingya en general no tiene papeles para salir de su aldea, así que me pregunto qué les va a pasar. Me preocupa mucho su seguridad. 

En nuestro equipo hay personal rohingya. Algunos han conseguido la nacionalidad, pero es una excepción. Otros miembros del personal rohingya de MSF del mismo equipo, del mismo grupo de edad y del mismo pueblo ni siquiera tienen un documento nacional de identidad o una tarjeta amarilla básica. Estos documentos son necesarios para desplazarse incluso dentro de su propio pueblo.

Si cierran los hospitales municipales, ¿adónde va la gente?

El personal rohingya que trabaja en Maungdaw tarda meses en obtener autorización para viajar de Maungdaw a Sittwe (la localidad donde se encuentra otro proyecto de MSF, a menos de 100 km de Maungdaw). La autorización para viajar a Yangon es incluso más lenta debido al papeleo. De nuevo, el personal rohinya enfrenta más dificultades, ya que para poder viajar tiene que recibir una verificación de la administración del pueblo, de la administración del distrito, de la administración policial y, a menudo, otras autorizaciones de otras autoridades. Y por supuesto, también hay que pagar tasas, que no son las habituales que se prevén para las personas que sí tienen la ciudadanía.

Muchos empleados rohingya de Maungdaw no han visto el otro municipio para el que trabajan. Todo el tiempo han estado en Maungdaw porque no se les permite viajar. Estas circunstancias son muy diferentes a las que existen en otros estados en los que trabajamos.

Por lo general, en el norte de Rakhine proporcionamos clínicas móviles. Un equipo de médicos, enfermeras y otro personal se desplaza a zonas rurales alejadas de la ciudad principal. Pero desde que empezó el conflicto, no hemos podido atender estas clínicas, por el aumento de la inseguridad y porque las autoridades no nos han dado autorización*. Se trata de una realidad muy grave teniendo en cuenta que las comunidades a las que ayudábamos ya eran vulnerables por la falta de acceso a una atención sanitaria segura. Estamos muy preocupados por las consecuencias de esta falta de atención sanitaria básica para las personas que suelen depender de nuestras clínicas móviles para recibir servicios médicos.

A pesar de las restricciones, hemos intentado proporcionar medicamentos para varios meses a nuestros propios pacientes con diabetes o la hipertensión. También hemos dado apoyo a la población a través de teleconsultas, especialmente centradas en dar atención de salud mental. Por desgracia, este servició solo duró unas semanas, porque desde el 10 de enero dos municipios de la región, Buthidaung y Maungdaw, no tienen electricidad. Al no haber electricidad, tampoco hay cobertura de móvil, y, por tanto, la teleconsultas no se pueden realizar.

Pero eso no es todo. El último golpe para la población ha sido el cierre de los hospitales municipales de Buthidaung y Maungdaw. El primero cerró porque se quedó sin recursos humanos ni suministros, pero en Maungdaw no se conocen las causas del cierre. Los pacientes ingresados tuvieron que marcharse sin otra opción a la que acudir. Estos dos hospitales municipales eran los únicos centros con los que podíamos trabajar y a los que podíamos derivar pacientes de urgencia. Esto tiene un gran impacto en las comunidades. Si cierran los hospitales municipales, ¿adónde va la gente?

Con los hospitales cerrados, la gente acude a MSF y a las organizaciones sanitarias sobre el terreno para que les ayuden, pero nuestra capacidad en términos de recursos es limitada. Solemos tener reservas para un mínimo de cuatro o cinco meses, pero no han durado mucho. Todavía no tenemos forma de hacer llegar nuestros suministros. El personal tampoco se siente seguro trabajando en Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung.

Las actividades cotidianas son cada vez más difíciles. Hace falta combustible para que funcione una oficina, para que podamos tener internet y estar conectados con el resto de nuestro equipo. Nos ha afectado mucho no poder servir a la comunidad para la que estamos allí.

Tengo suerte de haber tenido la oportunidad de salir de la violencia, pero hay muchos que ni siquiera tienen la oportunidad de mudarse. Ese pensamiento realmente me consume.

*Para llevar a cabo actividades médicas humanitarias en el estado de Rakhine, MSF necesita una autorización oficial de las autoridades. Desde que el conflicto estalló de nuevo en noviembre de 2023, MSF no ha recibido esta autorización.

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Nimrat Kaur es coordinadora de proyectos de MSF en el norte de Rakhine, Myanmar