Últimamente, algunos medios de comunicación, sorprendentemente alineados con los círculos diplomáticos marroquíes, han comenzado a insinuar una supuesta "iniciativa trilateral" entre Washington, París y Rabat para clasificar al Frente Polisario como organización terrorista. Las fuentes son vagas. Las intenciones son turbias. Pero el relato es claro: deslegitimar un movimiento de liberación nacional reescribiendo los hechos y esperar que el mundo olvide lo que ya está escrito en la ley.

Pero esto es lo que no se está informando, lo que no se sabe o, peor aún, lo que se ignora deliberadamente. En 2015, ocurrió algo de profunda importancia legal: el Frente Polisario fue reconocido formalmente como parte adherida a los Convenios de Ginebra de 1949. Esto no es un detalle de relaciones públicas. Es un acto legal. Significa que el Frente Polisario, como representante del pueblo saharaui, fue aceptado en el marco del derecho internacional humanitario, no como una «milicia», ni como un «grupo», sino como un movimiento de liberación nacional, una categoría específicamente definida y protegida por los Convenios de Ginebra y su Protocolo Adicional I.

Este estatus no es simbólico. Se basa en la existencia de una ocupación extranjera, que en este caso es el control militar ilegal y continuo de Marruecos sobre partes del Sáhara Occidental. Sin la realidad de la ocupación, no habría ninguna vía legal para que el Polisario obtuviera tal reconocimiento en virtud del artículo 96(3) del Protocolo I. La lógica jurídica es inexpugnable: el estatus del Polisario presupone el papel de Marruecos como potencia ocupante.

Si Washington, París o Rabat etiquetaran ahora al Polisario como organización terrorista, se estarían metiendo de lleno en una paradoja legal

Este es el elefante legal en la habitación, uno que Rabat intenta camuflar con eslóganes, apretones de manos diplomáticos y conferencias de prensa.

Marruecos no puede afirmar que se encuentra en una disputa amistosa por provincias y negar simultáneamente las consecuencias legales de ser categorizado, en términos de Ginebra, como potencia ocupante. La aceptación del POLISARIO dentro del marco de Ginebra, implícita y explícitamente, afirma que el Sáhara Occidental está bajo ocupación extranjera. Esa es la razón fundamental por la que el Frente puede ser parte de las Convenciones.

Aquí es donde se vuelve aún más incómodo para quienes impulsan la narrativa terrorista.

Estados Unidos, Francia y, sí, incluso Marruecos, son signatarios y ratificadores de los Convenios de Ginebra. Se han comprometido legalmente a respetar estos instrumentos, aplicarlos en todos los conflictos internacionales y reconocer la identidad jurídica de quienes están protegidos por ellos. Estados Unidos ratificó los Convenios en 1955. Francia lo hizo incluso antes. Marruecos, Estado Parte desde su independencia, aceptó estas obligaciones y no puede invalidarlas selectivamente para adaptarse a una agenda política actual.

Si Washington, París o Rabat etiquetaran ahora al Polisario como organización terrorista, se estarían metiendo de lleno en una paradoja legal: intentar criminalizar a un actor al que ya han reconocido, por derecho de los tratados, como parte legítima en un conflicto internacional. Eso no solo sería ilegal, sería absurdo.

No se trata de retórica. Se trata de derecho de los tratados. Se trata del artículo 1 común de los Convenios de Ginebra, que obliga a los Estados a respetar y hacer respetar los convenios en todas las circunstancias. Se trata de la supremacía de los tratados ratificados en el derecho constitucional estadounidense (artículo VI), y del principio de no contradicción en la interpretación jurídica internacional. Ninguna cantidad de maniobras políticas, comunicados conjuntos o especulaciones de grupos de expertos puede revertir eso.

Entonces, ¿por qué esta realidad no aparece en los titulares?

Porque la verdad es una noticia incómoda. Porque reconocerla obliga a una confrontación directa con la verdad jurídica central que más teme Marruecos: que su presencia en el Sáhara Occidental no es administración, ni soberanía, sino ocupación. Y con la ocupación viene la legitimidad de la resistencia.

Esto es lo que el gobierno marroquí no puede explicar a su propio pueblo. Que sus décadas de cabildeo diplomático y costosas campañas de relaciones públicas se contraponen en última instancia a un documento irrefutable: los Convenios de Ginebra

Esto es lo que el gobierno marroquí no puede explicar a su propio pueblo. Que sus décadas de cabildeo diplomático y costosas campañas de relaciones públicas se contraponen en última instancia a un documento irrefutable: los Convenios de Ginebra. Lo mismo ocurre con París y Washington, gobiernos que no pueden exigir el Estado de derecho en Ucrania o Gaza y, al mismo tiempo, ignorarlo en El Aaiún.

El intento de etiquetar al POLISARIO como organización terrorista es más que teatro político: es amnesia legal. Pero el derecho internacional no se olvida tan fácilmente. Está registrado, firmado, ratificado y sigue siendo vinculante.

La verdadera historia no es la que algunos medios de comunicación están tratando de desvelar. La verdadera historia es la que se niegan a contar. Pero no es demasiado tarde para recordarla.

Abida Mohamed Buzeid ha sido representante del Frente Polisario en Dinamarca