Imagínense que les digo que les voy a dar la receta del bizcocho de yogur –que suelo hacer en invierno– y, a continuación, enumero los ingredientes: yogur, aceite, azúcar, harina y huevos. Y no les digo qué cantidad de cada ingrediente hay que utilizar ni tampoco el tiempo que la mezcla debe permanecer en el horno. Me pondrían a parir y con razón.

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Pues bien, el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat para la cesión de impuestos a Cataluña es como la receta fake del bizcocho de yogur. En el acuerdo no hay ni cifras, ni calendario. Todo se deja al albur de un futurible muy dudoso. Entre otras cosas, porque el acuerdo debería ser refrendado por un Congreso en el que el Gobierno no tiene garantizada la mayoría para de sacarlo adelante, por más que Rufián lo intente vender como un logro histórico para Cataluña. Si se presentara hoy, no sólo el PP y Vox votarían en contra; también lo haría Junts, que le ha sacado los colores a los republicanos al resaltar la contradicción de decir que se trata de un acuerdo "singular y generalizable". Obviamente, si es generalizable deja de ser singular. Los ideólogos del monstruo no se han comido mucho las meninges a la hora de elegir los adjetivos. Lo chapucero del pacto evidencia la precipitación de su elaboración y presentación.

La prueba de que el acuerdo es un engañabobos la tenemos en que la ministra que debería aplicarlo por parte del Gobierno, María Jesús Montero, no estuvo en el acto de la firma. Se escabulló por el foro, y no sólo porque le de vergüenza ser su avalista siendo, a la vez, candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía –una de las autonomías perjudicadas–, sino porque ella sabe que todas las comunidades, menos Cataluña, se le van a echar encima y que, como bien dicen los inspectores de Hacienda, el pacto es sencillamente "inaplicable". Al ceder no sólo la recaudación, sino la capacidad normativa sobre el impuesto, se hurta al Estado la posibilidad de diseñar políticas fiscales coherentes para toda España.

El pacto con Cataluña no incluye ni cantidades ni plazos. Ni tampoco el Gobierno tiene mayoría en el Congreso para aprobarlo

El compromiso entre el Gobierno y la Generalitat, cocinado por ERC y el PSC, establece que habrá una cesión progresiva de la recaudación de impuestos a Cataluña, que empezaría con el IRPF. El impuesto sobre la renta no sólo está diseñado para recaudar, sino que sirve como elemento redistribuidor de la riqueza. No sólo pagan más los que más tienen e ingresan, sino que sirve para reequilibrar la riqueza entre unas comunidades y otras, diferencia que en España es muy abultada. Sacar a Cataluña del sistema, cuando es una de las comunidades más ricas, y cuando ya están fuera el País Vasco y Navarra, dejaría cojo el modelo, que dejaría sola a Madrid –un poco a Baleares– como la única autonomía que repartiría parte de su renta entre el conjunto.

Conceptualmente, es una barbaridad que dos partidos que se dicen de izquierdas (PSOE y ERC) renuncien a un reparto de la riqueza para beneficiar a una de las autonomías más ricas. Para mitigar ese escarnio, se añade en el pacto que Cataluña hará una aportación a "la solidaridad" con el resto de las autonomías, que, en todo caso, será menor de lo que ahora aporta y que, para evitar problemas, no se cuantifica. Es lo que les decía con el bizcocho: el pacto lleva solidaridad pero no sabemos en qué cantidad.

Tampoco se ponen plazos a la aplicación del acuerdo. Se habla de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera –que se celebraría tras las vacaciones– y luego se remite a una negociación con los grupos parlamentarios. Largo me lo fiais. No sabemos ni cuánto tiempo estará en el horno este mejunje.

La respuesta del resto de las comunidades no se ha hecho esperar. No sólo las del PP han puesto el grito en el cielo, con Ayuso como abanderada ("salvar la cabeza a Sánchez nos va a costar la unidad de España", ha dicho). Sino también las del PSOE. El más duro ha sido Emiliano García-Page –sigue siendo socialista–, que ha calificado el pacto directamente de "chantaje".

Desde luego, a lo que no va a contribuir este paripé es a la pacificación entre españoles, valor supremo que esgrime siempre el Gobierno cuando habla de su gestión en Cataluña. El agravio comparativo, el hecho de haber dado prioridad a Cataluña a la hora de fijar un sistema de financiación que, tarde o temprano, terminará afectando al resto, es ya, en sí mismo, un insulto para los territorios que no cuentan con partidos que sólo piensan en sus intereses particulares.

Dos días después del pleno sobre la corrupción en el Congreso, el Gobierno y ERC filtraron a los medios el principio de acuerdo al que se ha llegado este lunes. Por eso Rufián habló de "sólo tres golfos". Pero, hombre, por eso sólo no se puede tumbar a un Gobierno. Ocultó que, a cambio de su perruna intervención, en la que se dedicó a dar leña al PP, Sánchez le había puesto en la mesa el pastel de la "financiación singular".

¡Pobre Rufián! Tan listo como parece y se ha tragado enterito el bizcocho del pacto de financiación.

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