El juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secreto ha concluido. Álvaro García Ortiz se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación y sólo atendió a las de su defensa y a la Fiscalía, que ha remado a favor del jefe. El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, no ha hecho ninguna pregunta al acusado.

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La razón que ha dado el fiscal general para no responder a las preguntas del abogado de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso) ha sido que éste se comportó con "deslealtad" hacia el tribunal por haber filtrado un correo suyo con el fiscal del caso (Julián Salto) al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid (Miguel Ángel Rodríguez), con la finalidad, dijo, de hacer un "uso político" del mismo. Esto explicaría su obsesión por "ganar el relato", aunque ese objetivo no tiene nada que ver con su función.

La "deslealtad" vale como excusa, pero la verdad es que, eludiendo el interrogatorio de la acusación, evitó contestar a algunos de los aspectos clave de este caso.

Su declaración fue, por tanto, un alegato en su propia defensa. Dijo que la publicación por El Mundo del citado correo (que se produjo a las 21,29 del 13 de marzo de 2024) fue lo que "hizo saltar las alarmas". Para entendernos, que la defensa de González Amador dio material a Miguel Ángel Rodríguez para que este difundiera "el bulo" de que era la Fiscalía la que ofrecía al novio de Ayudo un pacto de conformidad sobre sus presuntos delitos fiscales. El "uso político" consistía en poner de manifiesto que era la Fiscalía y no el investigado la que proponía el pacto.

Entonces, García Ortiz se enciende. Lo que le lleva a movilizar a sus subordinados esa noche del 13 de marzo de 2024 no es otra cosa, según dijo, que "proteger la honorabilidad de la Fiscalía española". Pero ese argumento no se corresponde con el hecho de que la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra (que también forma parte de la Fiscalía española) no estuviera de acuerdo con él en filtrar párrafos textuales de los correos entre el abogado y el fiscal Salto. Ante ese hecho incontrovertible, la salida de García Ortiz no es otra que la de atribuirle a Lastra una "acritud personal" hacia él.

El borrado de sus whatsapps -hecho que se produjo una semana después de conocer su imputación por el Supremo- lo atribuyó a una práctica habitual: "No permito que se acumulen más de un mes". Muy diligente, aunque no hay forma de comprobar si esto es así o no. También se lamentó García Ortiz de la entrada y registro de la UCO en su despacho (que calificó de "particularmente grave y doloroso"), para terminar con una frase pensada para un titular: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende".

El fiscal general justificó sus acciones por la defensa de la "honorabilidad de la Fiscalía española", que quedará muy dañada si finalmente es condenado

El problema para el fiscal general es que su autoreivindicación como defensor de la Fiscalía, su negativa rotunda a haber sido el responsable de haber filtrado una información que tenía la obligación de guardar en secreto, se produjo después de que hubiesen declarado los agentes de la UCO, que han actuado como peritos de la investigación.

Me detendré en lo declarado por el teniente coronel Antonio Balas, cuya cabeza pedía con urgencia Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz.

Balas afirmó que García Ortiz tenía "el dominio a todos los niveles" de la información sobre Alberto González Amador. Y apuntó que sólo se filtró cuando esa información estuvo en poder de la Fiscalía General. Usó un término propio de un investigador cuando habló de la "concurrencia temporal", para justificar por qué cree que el fiscal general tuvo un papel preeminente en la filtración. García Ortiz solicitó el expediente tributario por el fraude fiscal; la denuncia de la Fiscalía y los correos entre el abogado y el fiscal Salto. Sólo cuando hubo recopilado todo ello, la información fue filtrada. Nada se había filtrado antes -incluyendo la información de elDiario.es- hasta que no estuvo en manos de la Fiscalía General. Esto no puede ser casual.

Después aportó otro dato digno de Philip Marlow. ¿Por qué la información de la Cadena Ser, publicada a las 23,25 del 13 de marzo, evidenciaba que el periodista sí tenía el texto del correo y no sólo la esencia de su contenido? Porque utilizó la palabra "ciertamente". Reprodujo el siguiente párrafo: "Porque ciertamente se han cometido dos delitos fiscales". Eso era lo que se decía justamente en el correo.

También dejó en entredicho Balas al periodista de la Ser (Miguel Ángel Campos), que dijo al tribunal que esa noche llamó a García Ortiz para contrastar la información, pero que no le cogió el teléfono. Una llamada no atendida, argumentó el agente de la UCO, dura cero segundos. La llamada del periodista al fiscal general duró 4 segundos. Breve, pero suficiente como para tener luz verde.

Cuando la defensa del fiscal general (que es la abogada del Estado Consuelo Castro) atribuyó a Balas y a la UCO una "investigación prospectiva", el teniente coronel contestó con calma que lleva haciendo investigaciones de este tipo "desde 1995". Parece que García Ortiz, muy preocupado por salvaguardar el honor de la Fiscalía, no tiene inconveniente en cuestionar el trabajo de la UCO.

En unas horas, el juicio quedará visto para sentencia. El veredicto de la Sala Segunda lo conoceremos seguramente el próximo mes de diciembre.

Tiene el tribunal ahora la tarea de desbrozar la paja del grano, eludiendo en lo posible los aspectos de un juicio que, pase lo que pase, tendrá una interpretación política.

Por lo visto en la Sala Segunda, García Ortiz tiene muchas papeletas para ser declarado culpable. Tal vez su mayor culpa haya sido no negarse en su momento a asumir un papel que no le corresponde. Eso sí que ha hecho daño a la Fiscalía.

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