La explotación por Marruecos de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado

A la hora de explicar el conflicto del Sáhara Occidental, los análisis tienen a centrar su atención en las consideraciones geoestratégicas, sean estas regionales o globales, o en la construcción de las identidades regionales en el Norte de África, como causas del conflicto. Sin embargo, hay una dimensión o factor de este conflicto de larga data que ha ido adquiriendo un gran protagonismo a lo largo de los años. Nos referimos a los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Es posible que, en el caso del Sáhara Occidental, a diferencia de otros conflictos, el acceso y control a los recursos naturales no sea un factor tan determinante. Sin embargo, el acceso y control a los caladeros fue una de las causas del interés colonial español; y la explotación de los fosfatos se encuentra entre los motivos por los que el gobierno español trató de retrasar su salida del Sáhara Occidental, y también es una explicación al interés marroquí sobre la colonia española.

En todo caso la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental tuvo un interés menor hasta que, hacia el año 2000, Marruecos concedió licencias de exploración de yacimientos petrolíferos offshore. Este hecho se produjo en un momento de estancamiento y posterior deterioro de la situación, en el que las Naciones Unidas comenzaban a plantearse dejar a un lado la celebración de un referéndum de autodeterminación, para solucionar el conflicto por otras vías. Con el paso de los años, la explotación de los recursos naturales del Territorio ocupado por Marruecos se fue intensificando, con la proliferación de explotaciones hortofrutícolas, que aprovechan las aguas subterráneas, con la exportación de arena destinada al sector de la construcción español, y con la explotación de la energía fotovoltaica, por citar algunos ejemplos. De este modo, la legalidad de la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, así como el debate acerca de si dicha explotación beneficiaba al pueblo saharaui fue cobrando un mayor protagonismo.

En el centro de esta controversia han estado los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos

Otra prueba de la importancia de la cuestión relativa a los recursos naturales en este conflicto, es que también estuvo detrás de una sucesión de protestas en las inmediaciones de la localidad de Guerguerat, que desembocaron en la reapertura de las hostilidades en 2020.

La controversia en torno a la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental ha girado en torno a dos ejes temáticos, que están interconectados: el de la legalidad de dicha explotación, y el del beneficio para el pueblo saharaui. En el centro de esta controversia han estado los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos, relativos, entre otras cuestiones a la explotación de los recursos pesqueros y agroalimentarios. los debates y controversias. El debate comenzó ya en 1986, cuando España se unió a las entonces Comunidades Europeas. En un primer momento, este debate giró en torno a si los acuerdos incluían o no el Sáhara Occidental, ya que las entonces Comunidades Europeas, conscientes de las consecuencias jurídicas y políticas, y de que se estaba pescando en aguas del Sáhara Occidental al amparo de unos acuerdos ilegales, trataron de ocultarlo mediante una redacción ambigua de los tratados, y eludiendo pronunciarse antes las evidencias que le presentaban, entre otros, los diputados del Parlamento Europeo.

A partir del 2000, la UE fue reconociendo que los acuerdos se estaban aplicando al Sáhara Occidental, y lo justificó en base a su interpretación de la opinión de un antiguo asesor jurídico del Consejo de Seguridad, el holandés Hans Corell, según la cual se podían celebrar acuerdos con Marruecos, que permitieran la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, siempre que beneficiaran a la población del Territorio. Esta interpretación, fue desautorizada por el propio Corell, entre otros, pues además de redundar en beneficio debía contar con el consentimiento del pueblo saharaui, y porque la UE no tenía en cuenta que, en el Sáhara Occidental, además de la población saharaui, hay un creciente número de población no autóctona, desplazada al Territorio contraviniendo el Derecho internacional. En todo caso, la interpretación de la UE de la opinión de Corell es la que se estuvo aplicando a las relaciones económicas con Marruecos, y ha tenido también su reflejo en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, incluyendo las de 2024.

Esto nos lleva al segundo eje temático de la controversia sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, el relativo al supuesto beneficio económico para el pueblo saharaui. En el caso de los acuerdos entre la UE y Marruecos tenemos pocos datos, ya que ni una ni el otro han sido particularmente transparentes al respecto. Pero, con la escasa información existente, tenemos serias dudas de que ese beneficio se esté produciendo. En primer lugar, porque una parte importante del pueblo saharaui tuvo que huir, y se encuentra en los campamentos de refugiados de Tinduf, o forma parte de la diáspora saharaui. De modo que no les va a llegar ningún beneficio, sea este en materia de empleo, o por ayudas económicas que pueda conceder la UE; y en su lugar reciben una ayuda alimentaria que a duras penas cubre las necesidades alimentarias de los refugiados. Y, en segundo lugar, porque en los Territorios ocupados los principales beneficiarios parecen ser esa población no autóctona, o los saharauis afines a Marruecos. Tampoco se ven beneficiados por saharauis por otras actividades económicas, tales como la explotación de energías renovables en el Sáhara Occidental Ocupado, que forma parte de una estrategia de greenwashing desarrolladas por Marruecos, y cuyos beneficios no repercuten en los saharauis, que deben afrontar unos elevados precios en la factura de la luz, y frecuentes cortes en el suministro eléctrico, que en ocasiones son utilizados por las autoridades marroquíes usan las restricciones como medio de represión. No debemos olvidar que el primer motivo de las protestas de los saharauis en los Territorios ocupados fue de índole económica, y no tanto una reivindicación independentista.

En los Territorios ocupados los principales beneficiarios parecen ser esa población no autóctona, o los saharauis afines a Marruecos

Pero no sólo la Unión Europea se ha visto implicada en la controversia sobre la explotación de los recursos naturales, también se han abierto procesos judiciales en otros Estados, con el objeto de impedir la exportación de recursos naturales explotados en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos; en algunos casos con éxito (Panamá o Sudáfrica), y en otros casos se ha fracasado (Reino Unido tras el Brexit). Todo ello es prueba de la implicación de nuevos actores en el conflicto del Sáhara Occidental, más allá de los tradicionales (Frente POLISARIO, Marruecos, España, Argelia, Francia, la UE, Estados Unidos), entre los que podemos contar a los BRIC, a las empresas transnacionales implicadas, a asociaciones de agricultores (como los franceses), entre otros.

Finalmente, de cara a un futuro próximo, las perspectivas no parecen muy halagüeñas. Desde el 3 de octubre de 2025, se estaría aplicando provisionalmente un nuevo acuerdo arancelario entre Unión Europea y Marruecos, que afectará, entre otros, al sector agroalimentario. En este acuerdo se incluirá el Sáhara Occidental, aprovechando una vía de escape legal que le ha proporcionado el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 2024; y se volverá a justificar en el supuesto beneficio que va a generar, y con un aumento de la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis en Tinduf. Además, habrá que ver las consecuencias que tendrá la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, de 31 de octubre, que ha supuesto un importante respaldo a las tesis marroquíes.

Juan Domingo Torrejón Rodríguez es Profesor Permanente Laboral de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz