Conviene reconocer, antes de nada, el mérito administrativo. En 2024, cuando otros ministerios se conformaban con memorandos y notas de prensa, la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior tuvo la iniciativa de abrir una hoja de cálculo. Ordenada, actualizada, con una columna para el nombre del periodista y otra, más ambiciosa, para su alma. No es poca cosa. Hay departamentos del Estado que llevan una legislatura entera sin renovar el parque de impresoras.
El documento, se nos ha explicado, era «de trabajo». La expresión tranquiliza. Nadie se alarma por el trabajo; uno se alarma por el ocio, por la afición, por el capricho. Que un funcionario dedicara parte de su jornada laboral a anotar si tal tertuliano era «alineado con posiciones de derechas» tiene, en efecto, mucho de laborioso y muy poco de siniestro. Es, como quien dice, funcionarial.
La portavoz del Gobierno compareció después del Consejo de Ministros con la seriedad de quien va a anunciar una subida del IVA y termina hablando de un lanzallamas. Explicó, con el rostro compuesto de quien ha ensayado la frase en el ascensor, que el objetivo del fichero no era censurar. Censurar, aclaró, lo hacen otros: los que amenazan con arrasar Televisión Española, los que prometen «triturar» a la prensa. El Gobierno, en cambio, se limita a clasificarla. Es una distinción sutil, del tipo que solo aprecian quienes han sido clasificados.
No seré yo quien recuerde que a la misma portavoz, semanas antes, se le preguntó por otro documento incómodo y respondió con idéntica fórmula: «de trabajo», «interno», «sin mayor trascendencia». La memoria es un lujo que la actualidad no siempre permite, y menos aún en una rueda de prensa de doce minutos.
Hay algo casi conmovedor en la economía de medios del Estado moderno. Para vigilar a la prensa ya no hace falta un servicio secreto, ni micrófonos, ni el aparato completo de un régimen con vocación totalitaria. Basta una becaria con acceso a Google y una plantilla de PowerPoint. El totalitarismo, cuando llega en versión reducida, no trae uniforme sino un simple Excel.
Conviene imaginar, solo por curiosidad comparada, qué habría ocurrido con el mismo documento en otra latitud.
Para vigilar a la prensa ya no hace falta un servicio secreto (...). El totalitarismo, en versión reducida, no trae uniforme sino un simple Excel
En Canadá el escándalo no habría durado un ciclo de noticias. El ministro se habría disculpado por escrito, en persona y probablemente por escrito otra vez, y el Comisionado de Privacidad -cargo que en España sonaría a broma y allí cobra sueldo- habría abierto una investigación antes de que la portavoz terminara de leer su nota. No habría hecho falta un lanzallamas: bastaría una disculpa insuficientemente sentida para acabar con una carrera.
En Japón el responsable directo se habría inclinado ante las cámaras y habría presentado su dimisión esa misma tarde; el ministro, por si acaso, la suya también, con la diligencia de quien prefiere adelantarse al oprobio antes que negociar con él. El documento, entretanto, habría sido destruido, archivado, digitalizado y vuelto a destruir, en ese orden, por un funcionario distinto en cada fase.
En el Reino Unido habría bastado con filtrarlo a un dominical. A las pocas horas, un diputado de la oposición habría formulado una pregunta urgente en la Cámara de los Comunes, el ministro habría comparecido con el rostro de quien ha ensayado el arrepentimiento delante del espejo, y hacia el jueves ya existiría un comité independiente, presidido por un lord jubilado, encargado de averiguar en año y medio lo que aquí nadie ha tardado ni una rueda de prensa en negar.
Sobre el ministro, que según se nos dice ignoraba por completo la existencia del documento, cabe decir solo esto: dirige una casa donde alguien, sin su conocimiento, decidió que archivar la ideología de los periodistas formaba parte de las funciones ordinarias del Estado, lo autorizó, lo distribuyó y lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para que llegara a la prensa. Es un ministerio, no una guardería. Cabría esperar que, en algún momento, alguien levantara la vista del expediente.
La rueda de prensa terminó con Saiz remitiéndose «a lo dicho por Interior» sobre el respeto máximo a la libertad de expresión. Fue, hay que decirlo, una frase pronunciada con absoluta convicción. La misma que exhibe un funcionario, previsible y concienzudo, cuando estampa el sello de «tramitado» sobre un expediente que no ha abierto.
Y siguen los informes de las embajadas en Madrid remitiéndolos a sus gobiernos.
Uno después de otro.
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