La palabra pendiente

El miércoles, en Mañaneros 360, Pedro Sánchez habló de Ceuta y dijo que el Estado debía mejorar su preparación ante «ataques híbridos de esta naturaleza». El demostrativo importa. No aludía a una amenaza futura ni a una categoría abstracta, sino a los días 30 y 31 de julio. Por primera vez aceptaba que aquello había sido un ataque híbrido. No dijo quién atacó.

En la misma entrevista mencionó la diferencia de renta entre las dos orillas del Estrecho, reconoció fallos de anticipación en los servicios de inteligencia y negó que quienes cruzaron la frontera fueran invasores. Las tres cosas pueden ser ciertas a la vez. Los migrantes pueden ser personas empujadas por la pobreza y no soldados; el CNI puede haber calculado mal la magnitud de la amenaza; un tercer Estado puede servirse de esa vulnerabilidad para presionar a otro.

La contradicción está en otro sitio: en admitir un ataque y no aceptar las consecuencias de la palabra. La desigualdad entre Marruecos y Ceuta lleva décadas ahí y no explica por sí sola que más de setenta mil personas cruzaran la frontera en unas horas, justo cuando la vigilancia marroquí dejó de contenerlas. Los errores del CNI tampoco explican el origen de la operación. Explican, a lo sumo, por qué España no estaba preparada.

Casi todo el arco parlamentario ha ido más lejos que el presidente. Vox quiere activar el artículo 102 de la Constitución para investigar si el Gobierno incurrió en traición y llama a lo ocurrido acto de guerra híbrida promovido por Marruecos. El PP reprocha a Sánchez un falso dilema —disparar contra los migrantes o dejarlos entrar— y pide una intervención militar para blindar la frontera. Sumar, desde el propio Gobierno, sostiene que las autoridades marroquíes «bajaron los brazos». Los diagnósticos difieren y los remedios también. Todos dan por supuesto que Marruecos no fue un espectador.

Si el Gobierno sostiene que España sufrió un ataque híbrido, tendrá que decir quién pudo promoverlo, tolerarlo o aprovecharlo

Los documentos desclasificados no prueban que Rabat diseñara la operación, y conviene no hacerles decir lo que no dicen. Reducen, eso sí, el espacio de la sorpresa. El 8 de julio la Guardia Civil advirtió de un posible aumento de las entradas a nado y pidió refuerzos de personal y medios. El 29, el CNI comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil que dos grupos de Facebook, 180.000 seguidores entre ambos, convocaban un asalto por la valla y por mar durante la Fiesta del Trono. Los informes del 30 describen la ausencia de respuesta marroquí y una pasividad que contrastaba con la colaboración de otras veces.

Ninguno de esos avisos anticipó setenta mil personas. Ahí la defensa del Gobierno es cierta. No se anticipó la dimensión del desastre; sí su proximidad. La presión crecía desde hacía días, las convocatorias eran concretas, las medidas preventivas se habían solicitado por escrito. Discutir ahora si el WhatsApp del CNI tenía rango de alerta formal es levantar una disputa burocrática sobre una catástrofe.

Si el Gobierno sostiene que España sufrió un ataque híbrido, tendrá que decir quién pudo promoverlo, tolerarlo o aprovecharlo. Y por qué la nueva definición no ha venido acompañada de una protesta diplomática por la actuación marroquí en la frontera ni de una revisión pública del modelo de cooperación con Rabat. España convocó a la embajadora marroquí el 21 de agosto: fue por las declaraciones de dos ministros sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, no por la entrada masiva.

El 3 de septiembre, Sánchez aseguró en el Congreso que no había pruebas sólidas de que Marruecos hubiera diseñado o ejecutado los hechos. Seis días después admitió el ataque híbrido y dejó otra vez en blanco su procedencia. La palabra pendiente ya no es «ataque». Es Marruecos.