Opinión

No constitucionalizar

No constitucionalizar
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont | Europa Press

El 19 de noviembre, a diez días de las urnas, Carles Puigdemont hizo en El Mundo la confesión que el Gobierno lleva dos años negando. Dijo que Pedro Sánchez es «una persona amoral y con una ambición desmedida». Dijo que Junts se aprovechó de esa ambición «para infligir algunas derrotas a España que no habríamos podido llevar a cabo»: «En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España». Y describió la negociación con una imagen que se explica sola: «Si les das medio limón te hacen una crema catalana». El PSOE aceptó, en su recuento, toda la «lista de compras»: lo coyuntural (déficit, ferrocarriles) y lo fundamental (soberanía, reconocimiento internacional, lengua).

PUBLICIDAD

Lo más incómodo para Ferraz no son los calificativos. Es la sorpresa: «Aceptaron bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no». Y una frase más devastadora por obvia: «Es que había dicho explícitamente que no».

PUBLICIDAD

La cronología del giro es corta y está fechada. Dos días antes del 23-J, el presidente dijo en TVE que «el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido». La amnistía no figuró en el programa electoral del PSOE. El 28 de octubre de 2023, para desbloquear la investidura, Sánchez la convirtió en bandera propia: «hacer de la necesidad virtud» (Comité Federal). El 13 de noviembre, el PSOE registró en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de Amnistía. El 10 de junio de 2024, la Ley Orgánica 1/2024 entraba en el BOE. El inventario del giro no lo redacta la oposición; lo redacta el beneficiario, con siete escaños y escrupulosa contabilidad de lo obtenido.

Para medir lo que se rompió hay que volver al 3 de noviembre de 1977. El país acababa de aprobar, el 15 de octubre, la Ley 46/1977, la amnistía de la Transición. Ese día, la Ponencia Constitucional dejó en el acta una frase que sigue publicada: «Por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema». No fue un descuido: el Congreso rechazó la enmienda que quería dar a las Cortes la potestad de «otorgar amnistías» y recortó la de UCD hasta dejarla solo en la prohibición de los indultos generales, hoy artículo 62.i). La Transición se amnistió antes de la Constitución y decidió que la palabra no viajara en el texto.

Para el PP y Vox, para las asociaciones judiciales y fiscales críticas, para Societat Civil Catalana, para los parlamentarios que impugnaron la norma y para los cuatro magistrados que firmaron votos particulares (Enríquez, Espejel, Arnaldo y Tolosa), esa exclusión fue una cláusula de cierre. El constituyente no reguló la amnistía porque no quiso, y el único derecho de gracia que admitió fue el individual. Aprobar por ley orgánica lo que el poder constituyente dejó fuera, sin reforma previa de la Carta, desborda el reparto de poderes y desautoriza al Tribunal Supremo, que en 2019 aplicó el Código Penal vigente en la sentencia del procés. Quedan «a la intemperie», en la fórmula que estos sectores repiten, los que en Cataluña defendieron la legalidad entre 2012 y 2017.

Aprobar por ley orgánica lo que el poder constituyente dejó fuera, sin reforma previa de la Carta, desborda el reparto de poderes y desautoriza al Supremo"

Los tribunales han dicho otra cosa. El Tribunal Constitucional avaló la norma el 26 de junio de 2025, por seis votos frente a cuatro (sentencia 137/2025), con el argumento de que no existe «una prohibición constitucional de conceder amnistías». El 16 de julio de 2026, la Gran Sala del TJUE resolvió que la ley no choca con el derecho de la Unión ni afecta a sus finanzas, porque tiene por objeto «reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación».

Ahí está toda la disputa en dos fechas. Luxemburgo escribe «reconciliación»; el intermediario confiesa «derrotas infligidas a España». La premisa jurídica y la confesión política describen la misma ley.

El Gobierno, el PSOE, el PSC y los juristas favorables a la norma responden que la entrevista es estrategia doméstica de Puigdemont ante su electorado, que el giro de 2023 fue pragmatismo parlamentario para desbloquear la legislatura y que no hay quiebra alguna: el Supremo aplicó el Código Penal en 2019 y las Cortes ejercieron después su potestad legislativa para desjudicializar el conflicto. En lo doctrinal, la mayoría del TC y catedráticos como Javier García Roca leen el acta de 1977 al revés: no constitucionalizar no fue vedar, fue dejar la decisión en manos del legislador democrático. Ni el TC ni el TJUE apreciaron invasión de competencias judiciales ni valores europeos vulnerados, y el control de constitucionalidad, dicen, se rige por criterios técnicos ajenos a promesas electorales y entrevistas.

Dos lecturas, y ninguna tiene previsto ceder. Para unos, el cálculo partidista quebró el consenso de 1978, erosionó la separación de poderes y dejó expuestos a quienes defendieron la medida a posteriori: la entrevista no cambia un solo artículo de la ley, pero cambia el precio de haberla avalado. Para otros, la amnistía es derecho vigente respaldado por las máximas instancias nacional y europea, y lo demás es campaña.

La palabra reconciliación está en la sentencia de Luxemburgo. La derrota, en la entrevista de Madrid. Ambas describen la misma ley; solo una puede ser la razón por la que se aprobó.

Comentarios

Normas ›

Para comentar necesitas registrarte a El Independiente. El registro es gratuito y te permitirá comentar en los artículos de El Independiente y recibir por email el boletin diario con las noticias más detacadas.

Regístrate para comentar

Lo más visto