El Gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre heredará unos cuerpos de seguridad condicionados por cuatro frentes críticos: el narcotráfico en el sur, la subversión del orden público combinada con la vulnerabilidad de las infraestructuras, el colapso migratorio en las fronteras y el déficit estructural de su propia plantilla.
El primer reto exige que Interior y Justicia trabajen de la mano. Sin menoscabo de la independencia judicial, cabe una mesa de coordinación permanente entre los dos ministerios, y juzgados y fiscalías especializados allí donde la presión criminal es mayor. La costa entre Huelva y Málaga es el caso más claro. Hoy las macrocausas del Estrecho caen en juzgados mixtos como los de Barbate o La Línea, que el propio Consejo General del Poder Judicial ha declarado deficitarios, a menudo con jueces en su primer destino y sin medios para instruirlas. El resultado: investigados que salen a la calle al agotarse la prisión preventiva y condenas rebajadas por dilaciones indebidas.
En noviembre de 2018 la Guardia Civil creó el OCON-Sur, unos 150 agentes dedicados en exclusiva al narcotráfico del Estrecho. En cuatro años sumó más de 10.000 detenidos y más de 1.400 toneladas de droga intervenida. En septiembre de 2022 se disolvió. Interior justificó una «reestructuración»; la Fiscalía Antidroga de Andalucía denunció un final «sorpresivo y sin comunicación previa». Desde entonces han muerto cuatro guardias civiles persiguiendo narcolanchas. Recuperar un mando único con dedicación exclusiva, y dotarlo de forma sostenida de drones, patrulleras de intercepción y protección balística, es una decisión viable. Gran parte de la financiación puede salir del propio narcotráfico. La ley ya permite vender los bienes incautados durante la instrucción, pero apenas se aplica y las lanchas se pudren en los depósitos. Es imperativo destinar por ley un porcentaje fijo de lo obtenido a las unidades que las intervinieron.
Hoy las macrocausas del Estrecho caen en juzgados mixtos como los de Barbate o La Línea, que el propio CGPJ ha declarado deficitarios
Falta, además, propiciar que la gente hable. La Ley Orgánica 19/1994, de protección a testigos y peritos en causas criminales, tiene más de treinta años y carece de desarrollo reglamentario. Aunque su artículo 3.2 contempla expresamente proporcionar protección policial tras finalizar el proceso si persiste el peligro grave, e incluso facilitar una nueva identidad o medios económicos para cambiar de residencia o lugar de trabajo, la práctica habitual es muy distinta. A menudo, la protección efectiva se diluye en la fase de ejecución cuando la sentencia es firme, dejando al colaborador desamparado en la misma provincia que la red criminal que ayudó a desmantelar. Mientras no se corrija esta brecha entre lo que la ley permite y la protección que efectivamente se presta, ningún informante dará un paso al frente.
El segundo frente es el orden público y la seguridad ciudadana. España cuenta con unos 3.600 antidisturbios estatales, repartidos a partes iguales entre las Unidades de Intervención Policial (UIP) y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), que arrastran catálogos de puestos sin cubrir. La comparación habitual con Francia —que dispone de casi 24.000 efectivos estatales, cinco veces más por habitante— ilustra una carencia de recursos, si bien exige el matiz de que el modelo español delega parte del mantenimiento del orden en las policías autonómicas. Aun así, resulta urgente cubrir las plazas estatales con plazos verificables, dotar a las patrullas de cámaras corporales y redactar un protocolo que ofrezca doctrina escrita y defensa jurídica al agente que actúe conforme a ella.
A los disturbios urbanos —como los organizados en octubre en Barcelona, que se saldaron con 133 detenidos, 79 de ellos menores, lo que obliga a revisar la ejecución de la Ley Orgánica 5/2000— se suma ahora un constante desgaste operativo. Durante la primera quincena de este mes de noviembre, España ha registrado una sucesión documentada de falsas alarmas que han forzado la intervención de especialistas. Dos ejemplos ilustran la gravedad de esta dinámica: el desalojo y la detonación controlada junto al Archivo de Indias en Sevilla, y el abandono de una maleta que obligó a desplegar un dispositivo policial en la propia sede de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Aunque la finalidad de estos incidentes aún se investiga —pudiendo oscilar desde el mero efecto imitación hasta el intento de evaluar los tiempos de respuesta del Estado—, el resultado objetivo es el consumo masivo de recursos críticos y un indudable desgaste para las unidades implicadas.
La amenaza a las infraestructuras no siempre requiere una agresión externa; un mantenimiento deficiente basta para paralizar un país
En paralelo, el Estado debe asumir su fragilidad tecnológica. El pasado 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) decretó un ground stop nacional que paralizó miles de vuelos. Las autoridades descartaron indicios de un ciberataque, atribuyendo la crisis a una sobrecarga en enrutadores de telecomunicaciones heredados (legacy) que comenzaron a devolver datos inconsistentes. La lección para España y Europa —que a principios de mes sufrieron también su propia sucesión de alertas y alteraciones en el tráfico aéreo— es rotunda. La amenaza a las infraestructuras no siempre requiere una agresión externa; un mantenimiento deficiente basta para paralizar un país. El próximo Ejecutivo deberá auditar con urgencia la redundancia, la actualización y la capacidad de recuperación de sus redes críticas.
Un cuarto frente, que actúa como un sumidero constante de recursos operativos, es el colapso de la gestión migratoria. La emergencia vivida este verano en Ceuta —donde las entradas masivas a nado saturaron el área de acogida de menores hasta un 2.400 % de su capacidad— se replica ahora con crudeza en la ruta atlántica. Este mismo mes de noviembre, la isla de El Hierro, con una población de apenas 12.000 habitantes, ha quebrado sus propios límites al recibir más de 1.500 migrantes en cayucos en un solo día, acumulando unas 17.000 llegadas en lo que va de año.
Para prevenir que esta dinámica se cronifique, el Ministerio del Interior debe abandonar la gestión puramente reactiva. En el plano internacional, resulta imperativo exigir y coordinar un despliegue efectivo de la agencia europea Frontex en las principales costas de salida, como Senegal y Mauritania. En el ámbito interno, se precisa un plan de contingencia permanente que movilice de forma automática unidades de refuerzo y recursos logísticos antes del colapso insular. Asimismo, la respuesta exige equidad operativa: el crédito extraordinario y las compensaciones económicas que Interior aprobó para reconocer el esfuerzo de los guardias civiles en Ceuta deben extenderse inmediatamente a los efectivos que soportan la misma presión extrema en El Hierro.
El último frente es el soporte humano. El acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018 subió los sueldos, pero fracasó en su intento de cerrar la brecha con las policías autonómicas. Este mismo año, la Generalitat pactó con los Mossos d'Esquadra incrementos de 4.000 euros brutos anuales y una jornada de 1.580 horas, frente a las 1.710 horas que cumple un guardia civil. La cláusula octava de aquel acuerdo comprometía a Interior a legislar para impedir que la diferencia volviera a abrirse. Ocho años después, esa ley no existe, y la Audiencia Nacional ha tenido que requerir explicaciones al Ministerio. La solución pasa por un principio innegociable: a igual función, igual salario.
Además, ni policías nacionales ni guardias civiles tienen reconocida la condición de profesión de riesgo (estatus que sí ampara a Mossos y policías locales), lo que les priva de un coeficiente reductor para jubilarse en torno a los sesenta años. El real decreto preparado por el Gobierno sigue bloqueado, dejando fuera a toda la Guardia Civil.
Resolver este nudo requerirá presupuesto, inteligencia institucional y reformas legislativas de calado. Pero hay algo que no necesita una reforma ni una nueva partida presupuestaria. Cuando un policía o un guardia civil muere a manos del narcotráfico, o en el ejercicio de su deber frente a cualquier otro crimen, el ministro del Interior —o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad— tiene que estar presente en el funeral. Siempre.
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