Blancas, marrones y negras: armas, instrumentos y escudos

Hay formas de presionar, ocupar y disputar un territorio que no necesitan tanques ni soldados. En el siglo XXI, en determinadas circunstancias, basta con utilizar los movimientos de población como una herramienta de presión política.

Y eso obliga a mirar de otra manera la relación de España con Marruecos.

La población civil no es responsable de las decisiones de un Gobierno. En eso estamos de acuerdo, creo, la mayoría de personas. Las personas que cruzan una frontera no deben convertirse en el enemigo ni cargar con la responsabilidad de las estrategias de un Estado. Pero tampoco podemos ignorar una realidad: cuando un Estado tiene capacidad para movilizar, facilitar o controlar movimientos de población, esa población puede convertirse en un arma política en manos del propio Estado.

En el caso de Marruecos, esta cuestión adquiere una dimensión especialmente relevante porque los movimientos de población pueden insertarse en una estrategia territorial más amplia, relacionada con territorios cuya soberanía es objeto de disputa, como el Sáhara Occidental, y con las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.

La población como arma territorial

Marruecos ha demostrado históricamente que la población puede formar parte de sus estrategias de presión territorial.

El ejemplo más evidente es la Marcha Verde de 1975, cuando decenas de miles de civiles marroquíes fueron movilizados hacia el entonces Sáhara español. Aquella movilización civil no fue un fenómeno migratorio espontáneo: fue organizada por el Estado marroquí y utilizada como mecanismo de presión sobre España en el contexto de la disputa por el Sáhara Occidental. La población, por tanto, no era el objetivo de la operación, era el arma mediante el cual se ejercía la agresión.

Ese precedente resulta relevante para comprender otros episodios posteriores.

En mayo de 2021, miles de personas entraron en Ceuta después de que Marruecos se ausentara de manera premeditada de los controles fronterizos. Independientemente de las circunstancias individuales de cada persona que cruzó, lo relevante desde el punto de vista geopolítico es que el Estado marroquí tenía capacidad para controlar aquella frontera y decidió no hacerlo de la misma manera.

El resultado fue una enorme presión sobre territorio español.

No se trata de afirmar que cada ciudadano marroquí que cruzó la frontera actuara siguiendo instrucciones del Gobierno. Se trata de señalar algo diferente: Marruecos puede utilizar el movimiento de población como una herramienta de presión sobre territorios que considera propios.

Y aquí aparece una cuestión que el ciudadano en España no debería evitar.

Si Marruecos reivindica políticamente Ceuta y Melilla, y al mismo tiempo dispone de la capacidad para controlar los movimientos de población hacia ambas ciudades, la población puede convertirse en un arma directa dentro de una estrategia de ocupación territorial. El patrón merece ser observado en conjunto.

En el Sáhara Occidental, Marruecos utilizó una movilización masiva de población civil como instrumento de presión territorial durante la Marcha Verde.

En Ceuta, los movimientos de población han demostrado que el control fronterizo puede utilizarse como mecanismo de presión sobre España.

En Melilla, la existencia de una frontera terrestre y de una población concentrada en ambos lados proporciona igualmente a Marruecos una capacidad de presión que no puede ignorarse. Esto no significa que todos estos acontecimientos sean idénticos ni que exista necesariamente una única operación permanente y coordinada. Significa que Marruecos posee una capacidad estratégica singular: controlar movimientos humanos que pueden generar consecuencias territoriales, sociales y políticas en España. Esa capacidad constituye poder.

Estamos hablando de una concentración humana de proporciones capaces de poner en jaque a cualquier dispositivo fronterizo

La crisis de Ceuta de julio de 2026 ha llevado esta cuestión a una dimensión completamente evidente.

Decenas de miles de personas llegaron a Ceuta durante la oleada del 30 y 31 de julio. Las cifras conocidas públicamente han situado la magnitud en torno a 70.000-80.000 personas. En su aplastante mayoría, población marroquí. Estamos hablando de una concentración humana de proporciones capaces de poner en jaque a cualquier dispositivo fronterizo.

Informaciones sobre un informe policial remitido a la Audiencia Nacional apuntan a que la entrada habría sido planificada y que existieron indicios de participación o colaboración de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. Tan solo 15 días mas tarde, las autoridades militares marroquíes “pastorearon” como si de ganado se tratase a la población negra proveniente del África Subsahariana que se encontraba bajo el secuestro y custodia marroquí en los montes de su reino. Esta población fue devuelta de nuevo a esos montes. Era una muestra de fuerza y a su vez, un intento de presentar pruebas de su no implicación en los acontecimientos previos.

Dos poblaciones, dos instrumentos

Por otro lado está la población llamada subsahariana (sudanesa, guineana, senegalesa..) y en este caso, el mecanismo es diferente. Marruecos ocupa una posición estratégica en las rutas migratorias hacia España y la Unión Europea. El control de esas rutas permite contener, facilitar o modular determinados movimientos migratorios. Lo que viene siendo secuestrar, custodiar y movilizar. La población subsahariana puede quedar así atrapada dentro de una dinámica en la que su movimiento se convierte en una herramienta de negociación entre Estados. La masacre de Nador de 2022 mostró, además, el enorme coste humano que puede producir esta realidad.

Y los episodios posteriores de presión migratoria sobre Ceuta y las concentraciones y desplazamientos de población subsahariana vuelven a plantear la misma pregunta: ¿Quién controla esos movimientos y qué poder obtiene al
hacerlo?

La segunda batalla: el color de piel como escudo

Pero existe otra forma de instrumentalización: la que se produce dentro de nuestras propias sociedades. Cuando se plantea que los movimientos migratorios pueden tener una dimensión geopolítica, deberían discutirse los hechos, sin embargo, el debate puede desplazarse rápidamente hacia otra cuestión: si quien formula las preguntas es racista, xenófobo o inhumano. Es ahí, entonces, cuando dejamos de discutir las decisiones de los Estados para discutir la identidad o la moralidad de quien pregunta. La acusación sustituye al argumento. Esto puede observarse en discursos de figuras como Luc André Diouf o Serigne Mbayé, que han denunciado el racismo y rechazado determinados discursos sobre inmigración. Esta dialéctica moral se convierte en un escudo usado por los satélites de Marruecos con el fin de amortiguar la ira de la opinión pública.

Sus posiciones son legítimas y no existen pruebas que permitan afirmar que actúen siguiendo instrucciones de Rabat, pero si se puede decir que su posicionamiento deriva de la integración de formaciones políticas (PSOE y PODEMOS respectivamente) que exculpan a Marruecos o generan “bomba de humo” a su alrededor.

De la frontera al hemiciclo

Aquí se conectan las dos dimensiones del problema. En la frontera, el movimiento de población puede ser un instrumento de presión física y política a la par que arma para perpetuar una ocupación.

En el debate público, la identidad puede utilizarse para generar presión moral y desplazar la discusión. No hace falta afirmar que exista una conspiración ni que todos los actores estén coordinados. Puede existir una convergencia de efectos e intereses sin coordinación formal. Por eso la pregunta relevante no es quién es negro, blanco, marroquí, subsahariano o español. La pregunta es: ¿a quién beneficia que dejemos de hablar de esas decisiones para hablar de identidades?

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Taufig Moulay es saharaui de los campos de refugiados, militante del Frente Polisario y divulgador de África y Sáhara Occidental.