La diplomacia de los ditirambos

Han pasado prácticamente dos meses desde que la normalidad convivencial e institucional de Ceuta se viese truncada.

Sin embargo, en el momento en el que se escriben estas líneas, todavía no se ha producido una sola condena —ni enérgica ni suave— a la —como mínimo— connivencia y cooperación necesaria en la entrada, así como la ausencia de colaboración marroquí para la restitución de la cotidianeidad de la ciudad autónoma española de Ceuta.

No es nueva esta actitud por parte del Gobierno de España, pero, habida cuenta de la magnitud de la crisis provocada por esta reacción desmedida de Marruecos, sí hubiese sido cuanto menos procedente y deseable.

Por el contrario, esta ausencia de crítica no supone novedad alguna, puesto que, al parecer, cuanto más patente es la contradicción jurídica y política, más solemne es la defensa de una supuesta alianza estratégica. Cuanto mayor es la presión marroquí, más enfáticos se tornan los elogios españoles.

Una presión que, tras los acontecimientos recientes, parece haberse ejercido con demasía, incluso para Marruecos. Pero, pese a todo lo vivido en las últimas semanas, las consecuencias indiscutibles para la ciudadanía de Ceuta y el evidente lapso de tiempo que será necesario para devolver la ciudad al " a 30 julio"; ni todo ello ha servido para reconocer el desequilibrio de fuerzas en las relaciones bilaterales con Marruecos y la necesidad impostergable de redirigir las mismas.

Una reconducción que, tras las declaraciones realizadas por todas las fuerzas políticas —sin excepción— el pasado día 10 en el Pleno del Congreso de los Diputados, bien merecería iniciarse con el regreso de España a alinearse con el Derecho Internacional en lo relativo al Sahara Occidental.

Marruecos fija las condiciones, España prodiga los elogios y el pueblo saharaui sufre las consecuencias

Apoyar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, coadyuvar a la celebración del ansiado referéndum y garantizar el respeto de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental sería un modo excelente de iniciar una etapa de relaciones basada en los principios más básicos de la diplomacia.

No obstante, cada oportunidad ha sido sustituida por una nueva declaración de adhesión, una nueva muestra de complacencia o un nuevo ditirambo destinado a presentar como ejemplar una relación profundamente desequilibrada.

Y es que, llegados a este punto, probablemente la urgencia por una política de Estado respecto a esta cuestión se haya impuesto. Es el momento de realizar una valoración sosegada de una relación en la que Marruecos fija las condiciones, España prodiga los elogios y el pueblo saharaui sufre las consecuencias.

Dicho análisis, sin lugar a dudas, debería desarrollarse partiendo del siguiente interrogante: ¿cuánto pierde España en credibilidad internacional, coherencia política y respeto al Derecho Internacional cada vez que con un nuevo ditirambo pretende hacer pasar la subordinación por diplomacia?

Procede la pregunta por cuanto desde hace décadas, pero especialmente desde el año 2021, ha quedado evidenciado que la acumulación de superlativos no resuelve las contradicciones; únicamente intenta ocultarlas.

Sin embargo, aunque parezca evidente con todo lo acaecido, cabe recordar que la retórica diplomática no podrá nunca convertir una ocupación prolongada en una situación jurídicamente consumada. Ni en el Sahara Occidental ni en ningún lugar del mundo.

Abdulah Arabi, representante del Frente POLISARIO en España