Ciudadanos vuelve a salir en auxilio de Susana Díaz tras su acercamiento al PP andaluz tras el acuerdo entre ambos partidos para la investidura de Mariano Rajoy. La formación elude señalar a la presidenta de la Junta de Andalucía por el fraude de la formación, con lo que se garantiza que la comisión de investigación creada para depurar responsabilidades políticas por el caso no salpicará a la jefa del Ejecutivo autonómico.

El líder de C’s en Andalucía, Juan Marín, se ha desmarcado este miércoles de la postura que ya han adelantado Partido Popular y Podemos, que coinciden en situar a Díaz entre los altos cargos con responsabilidad por el presunto fraude de más de 750 millones de euros. Falta por conocer la posición del PSOE, que ha negado reiteradamente la existencia de fraude y lo ha reducido a simples irregularidades administrativas, así como la postura de IU, socios de los socialistas durante la pasada legislatura.

Ciudadanos propició en junio de 2015 la investidura de la presidenta de la Junta tras firmar un acuerdo sustanciado en 72 medidas, después de que la candidata socialista no obtuviera mayoría absoluta. Desde entonces, el grupo que lidera Marín ha sido el pilar parlamentario del Gobierno socialista, con el que se ha alineado frente al resto de la oposición en numerosas ocasiones.

Marín considera que PP y Podemos yerran al responsabilizar a Susana Díaz de la paralización de la oferta de cursos de formación, medida que él apoya porque había que «fiscalizar y exigir responsabilidades». «Fue Griñán quien lo hizo en 2012, ella continuó esa decisión», ha defendido. Para su formación, los máximos responsables políticos son los dos antecesores de Díaz en la Presidencia de la Junta -José Antonio Griñán y Manuel Chaves- y los consejeros que tuvieron asignadas las competencias en materia de formación profesional para el empleo: los titulares de Empleo y, durante un año, los de Educación. Ninguno ocupa cargo en el Gobierno andaluz, aunque sí uno (Luciano Alonso) mantiene acta de diputado.

El PP acusa a Díaz de conocer las irregularidades desde 2010 y no hacer nada

El partido que se ha mostrado más contundente a la hora de señalar la responsabilidad política de Susana Díaz -al frente de la Junta desde septiembre de 2013, cuando relevó a Griñán tras dimitir éste antes de ser imputado en el caso ERE– ha sido el PP, que acusa a la jefa del Gobierno andaluz de conocer desde octubre de 2010 las irregularidades en las subvenciones para cursos de formación y no hacer nada para acabar con el fraude. Los populares también censuran a Díaz por inhibirse de sus responsabilidades tras emitir la Intervención General de la Junta nueve informes de actuación -uno de ellos por posible menoscabo de fondos- y por ocultar «información fundamental» para conocer la totalidad del fraude.

Podemos, por su parte, centra la responsabilidad de la presidenta andaluza en la «ocurrencia» de «cortar la formación y punto» tras estallar el escándalo, lo que -a juicio de esta formación- supone una «irresponsabilidad política absoluta». El Gobierno autonómico acaba de retomar los cursos de formación profesional tras más de cuatro años sin convocatoria, aunque las acciones difícilmente podrán empezar a desarrollarse antes de 2017.

Responsabilidades «brutales»

Con todo, Juan Marín tampoco comparte la tesis del PSOE de que «aquí no ha pasado nada» y ha reiterado que hay responsabilidades «brutales», al tiempo que se ha mostrado confiado en que los cinco grupos con representación en la Cámara andaluza puedan acordar un documento de conclusiones -a diferencia de lo que ocurrió en la comisión de investigación creada en 2012 para investigar el fraude de los ERE- que termine elevándose a la Fiscalía para contribuir a esclarecer el presunto fraude. Éste es investigado por hasta 18 juzgados andaluces, aunque la mayoría ha archivado las actuaciones penales al no superar los 120.000 euros la cantidad defraudada.

Los grupos tienen hasta las 19 horas del próximo lunes para presentar sus escritos de conclusiones, antes de que el presidente de la comisión de investigación proceda a elaborar un documento síntesis que tendrá que debatirse y someterse a votación en el seno de la misma. Con posterioridad, ese dictamen se tendrá que elevar al pleno del Parlamento, que difícilmente podrá discutirlo antes de finales de noviembre.