Rodrigo Rato, expresidente de Caja Madrid y Bankia, ha pedido a la Audiencia Nacional que le reduzca la fianza civil de tres millones de euros que le impuso el juez Fernando Andreu en octubre del 2014 por los 2,6 millones de euros que se gastaron durante su mandato con las tarjetas black, cinco días antes de que arranque el juicio contra 66 imputados por el uso de estas tarjetas.

Los jueces aceptaron en mayo del 2015 que se le descontara de esta cantidad el importe de las devoluciones que han realizado los consejeros que usaron este medio de pago, pero no han ejecutado esta medida. Por ello, Rato insiste en pedir que se le aplique esta reducción, ya que la fianza civil la ha garantizado mediante aval bancario «cuyo mantenimiento» le supone «cuantiosos costes económicos».

No reconoce el delito

El ex vicepresidente del Gobierno ha reiterado esta solicitud en un escrito presentado el pasado 21 de septiembre. En él recuerda que «de manera voluntaria y espontánea» devolvió los 99.000 euros que gastó con su black en octubre del 2014, a pesar de tener «la convicción de la licitud del uso de la tarjeta y de escrupulosa observancia de los requisitos legales y estatutarios por quienes se lo proporcionaron» . Sin embargo, explica que quiso «retornar toda cantidad cuya percepción fuese cuestionada (…) para descartar todo atisbo de afán de enriquecimiento indebido».

El juez acordó en julio del 2015 disminuir la fianza a Rato «en los importes» devueltos por los consejeros durante su mandato. Sin embargo, esta decisión no se hizo efectiva por lo que el banquero volvió a reclamarla en noviembre y en diciembre del pasado año.

Ahora reitera que el mantenimiento de la fianza civil le está causando «un perjuicio indudable» por «la carga que de manera tan prolongada como indebida viene soportando». Se da la circunstancia de que Rato tiene todos sus bienes embargados incluida hasta su pensión en el FMI en el proceso abierto en los juzgados de Plaza Castilla que investiga su patrimonio personal y familiar.

La acusación

El expresidente de Bankia y Caja Madrid se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por haber autorizado el uso de estas tarjetas. Un sistema que heredó de su antecesor en la caja, Miguel Blesa, que lo instauró en 1988. El fiscal Alejandro Luzón sostiene que los usuarios de este medio de pago son autores de un delito de apropiación indebida por haber gastado 12 millones de euros entre el 2003 y el 2012 sin ningún tipo de control.

Al menos, 11 de los acusados han devuelto el dinero que gastaron con las Visas y el fiscal les ha aplicado una atenuante de reparación del daño. Sin embargo, no ha tenido en cuenta el gesto de Rato de devolver los 99.000 euros que gastó con la black al considerarle responsable de todo el dinero que gastaron los consejeros que estaban bajo su mando. En el caso de Miguel Blesa, que esta semana ha devuelto los 436.000 euros que gastó entre el 2003 y el 2010, el fiscal valorará su gesto tras la celebración del juicio.