Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han presentado esta mañana en la Asamblea de Madrid para requerir información en sus instalaciones. Según ha podido confirmar El Independiente, se han llevado los expedientes relacionados con la contratación del servicio de cafetería regentado por el Grupo Cantoblanco, dirigido por el empresario Arturo Fernández.

La operación se ha realizado por orden del juez Eloy Velasco, que instruye la causa de la ‘operación Púnica’, la trama de corrupción urbanística en varios ayuntamientos de Madrid, León, Murcia y otras localidades que tiene como cabecillas al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, -actualmente en prisión-, y al empresario David Marjaliza.

Fernández, que perdió el pasado año la concesión del establecimiento, fue ex presidente de la Cámara de Comecio de Madrid y es uno de los beneficiarios de las tarjetas ‘black» de Caja Madrid. En las cafeterías de su grupo gastó 10.495 euros de los casi 39.000 que aparecen en sus extractos, dinero que posteriormente devolvió. Su deuda con hacienda asciende a casi 20 millones de euros.

El PP en la Asamblea resta importancia

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha restado importancia al registro realizado por los agentes de la UCO al afirmar que «es algo que sucede en todas las administraciones públicas».

Según el portavoz popular, «es algo que sucede en las Administraciones Públicas que tienen contratos», y la Asamblea «tiene muy pocos contratos, porque por su naturaleza no es un órgano que haga inversiones o contrataciones más allá de los necesario para su funcionamiento». Asimismo, ha manifestado que espera que no se haya producido ninguna irregularidad y ha recordado que la Asamblea cuenta con servicios de contratación con personal funcionario, interventor y servicio jurídico. «Como todos, podremos equivocarnos en cosas pero confío en que no haya habido ninguna irregularidad en la Asamblea de esa naturaleza», ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Gabilondo, ha manifestado que espera «que se aclare lo que haya podido hacerse irregularmente, si así fuera, y que se trate de explicar quiénes eran los responsables». Para el portavoz de Podemos, José Manuel López, es «increíble» que la Guardia Civil esté buscando en la Asamblea de Madrid papeles, a su juicio, «de una gestión que es a la que nos tiene acostumbrados el PP en esta región los últimos 21 años».

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha afirmado que «la Asamblea tiene que ser una oficina de cristal», y ha garantizado «transparencia y colaboración si es necesaria» por parte de su grupo, aunque los contratos son anteriores a su llegada a la Cámara madrileña.

Arturo Fernández renunció a la concesión de la Cafetería de la Asamblea en agosto de 2014, tras lo que permaneció cerrada hasta que la Cámara eligió una nueva oferta en noviembre del mismo año.