El juez que instruye la causa por la grabación ilícita y difusión de la reunión mantenida entre policías y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha rechazado incorporar al sumario el escrito en el que el ex número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino le pedía que disolviera la comisión judicial que dirige la investigación -en el marco del procedimiento sobre el pequeño Nicolás- y denunciaba la destrucción de «pruebas vitales» para la resolución del caso.

En una providencia fechada el 23 de septiembre, a la que ha tenido acceso Elindependiente.com, el magistrado Arturo Zamarriego detalla que ha remitido al decanato de los juzgados para que proceda a su reparto el escrito presentado por Eugenio Pino a principios de mes «al no guardar relación los hechos denunciados con las presentes actuaciones».

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid respondía así al fiscal asignado al caso, Alfonso San Román, que un día antes le había pedido una copia del escrito de Pino -y también del que supuestamente ha presentado el inspector jefe policial José Ángel Fuentes Gago y del que el instructor dice que no ha tenido entrada hasta la fecha- «con indicación de la pieza a la que se han unido» o la providencia dictada en caso de que ya hubiera sido proveído. El representante del Ministerio Público asegura haber tenido conocimiento de los mismos «por haberse recibido sendas copias en la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid».

Eugenio Pino, que dejó la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional el pasado mes de junio al cumplir los 65 años y que ya prestó declaración como testigo en la causa el pasado 6 de noviembre, presentó un escrito de denuncia muy duro el 5 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en el que censuraba que el magistrado Zamarriego no hubiera apartado ya de la investigación a la comisión judicial que investiga los hechos desde abril de 2015, como le ha pedido el fiscal al menos en tres ocasiones. Se trata del comando Marcelino, una delegación dirigida por el comisario ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el inspector Eladio Rubén López, precisamente los dos funcionarios policiales que participaron en la reunión con los miembros del CNI -celebrada el 20 de octubre de 2014- que fue grabada ilícitamente y posteriormente difundida por varios medios de comunicación.

La mujer de Villarejo dice que sólo hacía labores de «gerencia» en el medio que dio la noticia

El ex DAO también considera que el instructor no puede permanecer impasible al hecho de que se le entregara un CD con la grabación de la reunión cuando el soporte original era un pen drive y, además, diez días después de que lo obtuviera el mando policial. “Que no dispongamos de este pen drive es un hecho grave al que usted no puede ser ajeno y le debe llevar a tomar la decisión de, atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, apartar a los investigadores del caso por una clara actuación delictiva con la destrucción de una prueba esencial”, expone Eugenio Pino, antes de detallar por qué propuso a la dirección del cuerpo la destitución de Martín-Blas como responsables de Asuntos Internos: por enviar un informe al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid que identificaba al comisario José Manuel Villarejo «falsamente a sabiendas».

De otro lado, el juez Zamarriego ha tomado este viernes declaración en calidad de investigada (antes imputada) a Gemma Isabel Alcalá Garcés, accionista mayoritaria del diario digital que desveló en octubre de 2014 la detención del pequeño Nicolás (Información Sensible) y actual esposa del comisario José Manuel Villarejo. Según fuentes jurídicas, Alcalá Garcés ha declarado que «no estuvo al tanto» de la noticia desvelada por el periodista Carlos Mier -imputado también en esta pieza separada- y que aquél «tenía total independencia y no tenía que pedirle permiso» para difundir la información.

La investigada ha circunscrito su función en el citado medio de comunicación a labores de «gerencia y dirección administrativa», ha asegurado desconocer las fuentes informativas de Mier y ha afirmado que su marido «no tenía relación» con el informador del diario del que ella era accionista al 80%.

Dos periodistas, llamados como testigos, se niegan a revelar sus fuentes ante el juez que instruye el caso

También han comparecido este viernes en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid dos testigos. El periodista José María Olmo, que publicó la noticia en El Confidencial sobre la detención del pequeño Nicolás cuando aún estaba en dependencias policiales, ha declarado que «nunca tuvo nada que ver con la grabación» y que el único contacto que tuvo con Carlos Mier fue la llamada que éste le hizo una semana después para que mencionara a Información Sensible como el medio que había dado la exclusiva. A preguntas de la abogada de Mier, Olmo también ha asegurado que nunca se han puesto en contacto con él para decirle que sus datos personales y sus metadatos estaban siendo investigados.

Por su parte, el testigo Daniel Montero -periodista de investigación y ex accionista minoritario de Información Sensible– ha declarado que investigaba al pequeño Nicolás desde 2013 y ha justificado las llamadas que hizo a Gemma Isabel Alcalá Garcés y a Carlos Mier por el malestar que le generó haber visto que le habían pisado la noticia sobre el arresto de Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Entonces él trabajaba para el semanario Interviú.

Protesta por las medidas de seguridad

Montero ha dicho que desconocía la existencia de la grabación cuando la Policía detuvo al pequeño Nicolás en el otoño de 2014 y se ha negado a revelar sus fuentes. «Es una cuestión confidencial», ha declarado ante las preguntas de la defensa del comisario Villarejo.

Antes de iniciarse las comparecencias este viernes, abogados personados en la causa han formulado protesta por las estrictas medidas de seguridad que ha ordenado el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid para poder acceder a la sala en la que se practican las diligencias en este procedimiento: se les retira el móvil, se revisa el bolso y se les pasa por el cuerpo un dispositivo electrónico o raqueta metálica.

Según ha podido conocer este periódico, la defensa del investigado Carlos Mier ha presentado un escrito para que el juez le notifique la resolución en la que motivó las razones por las que decidió establecer «rigurosas, estrictas y minuciosas medidas de seguridad». La letrada dice que, tras buscar concienzudamente en el sumario, no ha encontrado ningún escrito que ampare estas acciones «gravemente lesivas para el derecho fundamental a la intimidad, el derecho de defensa y la dignidad personal y profesional».