El fiscal asignado al caso del pequeño Nicolás eleva el tono y ha pedido al juez por tercera vez que aparte a la comisión policial que investiga la grabación y difusión de la reunión mantenida entre esos mismos funcionarios y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por manifiesta falta de imparcialidad. El representante del Ministerio Público va un paso más allá y advierte del riesgo de nulidad de las actuaciones si no se reconduce el procedimiento judicial y se acomoda al verdadero objeto de la causa.

Así lo razona Alfonso San Román en un escrito presentado el pasado 7 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, que investiga esta pieza separada del procedimiento sobre el pequeño Nicolás –conocida como caso Nicolay– por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Desde hace meses, el fiscal se viene mostrando muy crítico con el curso que ha ido tomando la investigación y, muy especialmente, por el hecho de que no se disuelva la comisión judicial de Policía Nacional que lleva a cabo las pesquisas por orden del magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid. San Román lo ha pedido ya por escrito al menos en tres ocasiones, sin que hasta ahora el instructor haya atendido esta solicitud.

El fiscal recuerda que el perjudicado de un delito no puede ser al mismo tiempo quien investigue

Con una dotación de al menos siete policías y un coste anual de más de 329.000 euros, como ha desvelado Elindependiente.com, se trata de una comisión dirigida por el comisario principal y ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el inspector Eladio Rubén López, precisamente los dos funcionarios policiales que participaron en la reunión con los miembros del CNI -celebrada el 20 de octubre de 2014- que fue grabada ilícitamente y posteriormente difundida por varios medios de comunicación. El fiscal recuerda que los perjudicados “no pueden ser los investigadores del mismo delito porque existe la posibilidad de que actúen en su propio interés”, de manera que se vulneraría la “debida apariencia de imparcialidad”.

El representante del Ministerio Público aporta otro argumento para que el instructor aparte a los investigadores policiales: el inspector López “tuvo una conversación improcedente” en los pasillos de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla con el pequeño Nicolás “en ausencia de su letrado” en la que el funcionario –según el investigado- le habría aconsejado que reconociera su culpabilidad y que él hablaría con el fiscal para conseguirle un acuerdo favorable.

Por ello, la defensa del pequeño Nicolás solicitó que se apartara de la investigación al citado funcionario policial, petición que fue respaldada por el fiscal. No así sobre la nulidad de las actuaciones practicadas por aquél, como también pidió el investigado.

El Ministerio Público sugiere que, más que hechos, se está investigando a personas

En su último escrito, el fiscal vuelve a incidir en la “extralimitación” que se está produciendo en la investigación al abordar “hechos ajenos a las actuaciones principales”, lo que pone en riesgo la validez de lo que se ha instruido hasta ahora. El representante del Ministerio Público entiende que esta situación sólo se explicaría si lo que verdaderamente se pretende es que la investigación “se dirija contra determinadas personas y no sobre hechos concretos”, algo prohibido por el ordenamiento jurídico español.

San Román recuerda que, si en el curso de la instrucción del procedimiento se constatara la existencia de otros delitos, “deberá formarse nueva causa de la que conocerá el juez predeterminado por la ley”. “Lo que no es procesalmente admisible es que una pieza separada, con un objeto muy concreto, relacionado con la causa principal, acoja todo tipo de investigaciones de hechos ajenos a las actuaciones principales”, critica.

Como botón de muestra, el fiscal refiere el hecho de que el informe elaborado por la comisión judicial y fechado el pasado 20 de mayo dedique medio centenar de folios a “la protección de la DAO [Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional] al comisario Villarejo” y se extienda en la destitución de Jaime Barrado como jefe de la comisaría de Chamartín, “hecho que no tiene nada que ver con la investigación”.

«Desviar la atención»

También el anterior Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha pedido al magistrado que disuelva la comisión policial que lidera Martín-Blas. En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid el pasado 5 de septiembre, el ex número 2 de la Policía Nacional considera que el juez tiene ya elementos suficientes para apartar a estos investigadores porque tienen “un interés directo en la causa” y estarían tratando de “desviar la atención de la celebración de una reunión ilegal”.

El ex DAO considera que el instructor no puede permanecer impasible al hecho de que se le entregara un cedé con la grabación de la reunión cuando el soporte original era un pen drive y, además, diez días después de que lo obtuviera el mando policial. “Que no dispongamos de este pen drive es un hecho grave al que usted no puede ser ajeno y le debe llevar a tomar la decisión de, atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, apartar a los investigadores del caso por una clara actuación delictiva con la destrucción de una prueba esencial”, expone.