El pasado viernes 23 de septiembre se dio a conocer por fin la sentencia del llamado ‘Caso Edoa’, una presunta trama delictiva ligada al narcotráfico compuesta por agentes de la Guardia Civil de la comandancia de Málaga , supuestos confidentes y distintas personas de nacionalidad española y marroquí.

La sentencia aún no es firme ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Hecha esta oportuna salvedad hay que decir que la Audiencia ha impuesto la mayor condena al teniente responsable del EDOA (Equipos contra la Delincuencia Organizada y Antidroga) Valentín Fernández, una pena de diez años de prisión. Uno de los guardias civiles procesados que se dio a la fuga y regresó misteriosamente en un vuelo procedente de México a Madrid el pasado mes de agosto se encuentra a la espera de conocer ahora su fallo. Otros cuatro guardias civiles han resultado absueltos. Entre ellos, el entonces capitán y hoy comandante Martín López, superior jerárquico del teniente Valentín Fernández.

Antes de entrar en la tela de araña de todos los casos que de una u otra forma están ligados a esta sentencia, conviene resaltar varios aspectos importantes de la misma.

El CICO tiene entre sus funciones evitar enfrentamientos entre cuerpos, más frecuentes de lo que cabe pensar

En primer lugar, la vulnerabilidad del sistema policial cuando uno de sus integrantes decide dar el salto al otro lado, es decir, trabajar para las mafias. El CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) tiene entre sus funciones establecer la coordinación entre los distintos cuerpos policiales para evitar que haya duplicidades en las investigaciones y evitar inútiles enfrentamientos entre cuerpos de seguridad, enfrentamientos que han sido y aún son más frecuentes de lo que cabe pensar. Es una herramienta concebida para la eficacia y la coordinación. Pero en manos no deseables puede ser un instrumento diabólico.

Al dar de alta en la base de datos conjunta a determinadas personas supuestamente investigadas, uno se garantiza que si el otro cuerpo sigue la misma pista, la prioridad la va a tener quien lo haya hecho antes. Y no sólo eso. El protocolo les obliga a coordinarse por lo que todos van a conocer de primera mano qué es lo que se sabe de la persona investigada. Si uno da de alta a sus compinches y los hace pasar por confidentes siempre va a tener acceso a saber si alguien les investiga y se garantiza en último extremo el control de la situación.

‘Modus operandi’

Lo mismo que con las personas puede pasar con los coches. Si uno mete en la base de datos una matrícula se garantiza cierta impunidad en caso de que ese vehículo sea investigado o sus ocupantes detenidos casualmente. Es tanto el poder que damos a los cuerpos de seguridad confiando en su cometido constitucional que si alguien lo traiciona los daños pueden ser irreparables. El modus operandi del teniente Fernández se basaba en el poder que le otorga esta herramienta para controlar toda su trama.

Otro aspecto interesante de la sentencia es comprobar la facilidad que pueden tener determinados miembros de los cuerpos de seguridad, captados por las mafias, para acceder a equipos radiotransmisores con los que se pueden interferir todas las conversaciones internas sobre la situación de los agentes que cumplen honestamente su trabajo y sobre el posicionamiento o avistamiento de las lanchas que pretender llegar a la costa para volcar sus alijos.

Guardias civiles con acceso a transmisores avisaban a los narcos del momento ideal para desembarcar sus alijos

El guardia civil Orellana, a pesar de encontrarse en situación de baja laboral, podía llegar a la comandancia de Málaga y sacar uno de estos equipos sin que a nadie le extrañara tal hecho. Incluso llegó a tenerlo varios días en su casa. Con esa potente radio y la información suministrada avisaba a los narcos de cuál era el momento ideal para desembarcar o por el contrario les avisaba para que desistieran del intento.

Violencia en Los Naranjos

Pero vayamos al meollo. Nos interesa resaltar el nombre de otro condenado en esta sentencia a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública: Manuel Alonso. Y nos interesa resaltarlo porque Manuel Alonso era el compañero sentimental de Lucía Garrido, una mujer que fue brutalmente asesinada en la finca de Los Naranjos, en abril de 2008. Tal vez no haya habido en los últimos años un caso tan dramático, tan oscuro y tan vergonzante como éste. El responsable de aquella investigación fue el teniente Valentín Fernández, sí, el mismo que ha sido condenado ahora. Telegráficamente diremos que el caso se archivó sin llegar a ningún resultado.

A nadie pareció extrañarle la sucesión de hechos trágicos en un centro de internamiento de animales salvajes

La finca de Los Naranjos, donde resultó asesinada Lucía, era un centro de internamiento de animales salvajes. Manuel Alonso contaba con la complicidad de varios miembros del Seprona para realizar sus actividades, miembros que años más tarde serían detenidos por el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. A pesar de las evidencias de maltrato y amenazas que pesaban sobre Lucía por parte de Manuel Alonso, los miembros del Seprona miraron para otro lado e incluso testificaron en su contra cuando aquella pidió una orden de protección y alejamiento de su compañero, que le fue denegada en 2007. Un año mas tarde murió asesinada.

También testificaron en contra de la hija de Lucía y de Manuel Alonso para que ésta recibiera la menor herencia posible. Manuel Alonso fue asesorado además por un guardia civil de la comandancia de Málaga que ejerce funciones de abogado del Estado. Inaudito.

Un año después de la trágica muerte de Lucia, en abril de 2009, tuvo lugar otro suceso espantoso en la misma finca de Los Naranjos. Según declaró en su día Manuel Alonso, tuvo que disparar contra dos jóvenes colombianos que irrumpieron en las instalaciones de la finca con el fin de robar, causándoles la muerte. El responsable de la investigación fue una vez más el teniente Valentín. Resultado: ninguno. Se archivó la causa y prevaleció la tesis de la legítima defensa de Manuel Alonso.

A pesar de estos hechos a nadie pareció extrañarle esta concatenación de sucesos trágicos ocurridos en la misma finca. Las alarmas acabaron por saltar cuando en el año 2010 el teniente Valentín Fernández y Manuel Alonso fueron detenidos por pertenencia a una organización de narcotraficantes. Pero no saltaron en ninguna instancia judicial o policial. Saltaron en la familia de Lucía Garrido y de su hermana Rosa. Rosa acudió como último recurso a los miembros de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) de Málaga para intentar reabrir la causa de la muerte de su hermana. Sólo el tesón, el valor y el coraje de los miembros de la asociación -la sociedad siempre estará en deuda con Ignacio Carrasco y Alberto Robles- consiguieron reabrir de nuevo el sumario cuatro años después de su muerte.

El caso, en manos de Asuntos Internos

La causa pasó entonces a manos de la Policía Nacional, incapaz de ahondar en una trama que daba vértigo. Lo único que se llegó a conseguir fue la imputación de Manuel Alonso como autor intelectual del crimen. A pesar de todo fue un pequeño avance.

El impulso de la investigación estuvo plagado de enormes dificultades tales como ocultación de información, dilación en la entrega de escuchas telefónicas, pérdida de diligencias, entrega de CD’s rayados e inservibles, amenazas y difamaciones por parte de quienes deberían colaborar con la justicia. Finalmente el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI) entró a investigar toda esta maraña en el año 2014, seis años después de la muerte de Lucía.

Los agentes abrieron varias investigaciones, fueron deteniendo a miembros de la Guardia Civil en distintas operaciones y fueron dinamitando de manera controlada los numerosos tentáculos de una red difusa que también alcanzaba el tráfico de armas y la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Málaga.

Los Naranjos era una guardería de droga donde la trama almacenaba estupefacientes

El SAI llegó a la conclusión de que la finca de Los Naranjos era una guardería de droga, un lugar donde se almacenaban sustancias estupefacientes. Señalaba en su informe que la causa del asesinato de Lucía fue precisamente la amenaza que representaba para los responsables de los alijos, el conocimiento que ella tenía de todo lo que allí se cocinaba.

En enero de 2016, y gracias a nuevas técnicas en la extracción del ADN, el SAI procedió a la detención de un individuo, Ángel Vaello,  como uno de los presuntos autores del asesinato de Lucía. Vaello estaba encuadrado en una red de delincuentes y confidentes conocidos como Los niños de Fuengirola. Días después fue detenido también como presunto autor del asesinato de Lucía un ex guardia civil, agente en activo en la policía judicial en el momento de la muerte de Lucía. La investigación daba así un giro sorprendente. Como sorprendente fue entonces la decisión de exculpar a Manuel Alonso de todo lo relacionado con el asesinato de su compañera, decisión que hoy en día está recurrida por los abogados de la AUGC en un informe demoledor.

La trama podría estar detrás de hasta cinco asesinatos ligados a la enorme telaraña de corrupción

Pero donde todo está por dilucidar aún es en la causa de los dos jóvenes colombianos muertos en la finca de Los Naranjos. La reapertura de este sumario es uno de los secretos mejor guardados de este país. Son numerosas las evidencias que contradicen la versión de la legítima defensa esgrimida por Manuel Alonso. Lo más inquietante es que el propio SAI se quedó sorprendido al tener conocimiento del asesinato de un joven colombiano ocurrido en septiembre de 2015, en Mijas, conocido como Ruki, y posiblemente testigo protegido en la causa.

Hace tres meses, otro joven colombiano era acribillado a balazos en la misma zona malagueña. Cabe conjeturar que también podía estar colaborando con el servicio de Asuntos Internos, aunque este hecho está aún por verificar. Si fuera así estaríamos hablando de cinco asesinatos ligados a esta enorme telaraña de corrupción.

Para los conocedores de esta compleja situación la solución pasa por llegar hasta el final en la investigación de los dos colombianos muertos en Los Naranjos.  Ahí, ocultas aún bajo el secreto del sumario, se esconden las claves de muchas de las cosas que han pasado en Málaga en los últimos años. Y por ello sorprende saber que la AUGC , que lucha por destapar toda esta red de corrupción desde hace años, aún no haya podido personarse en la causa como acusación popular.