El ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso ha dejado correr el plazo y en contra de su idea inicial no recurrirá su destitución, acordada por el Parlament el pasado 29 de junio a raíz del escándalo de las grabaciones de sus reuniones con el ministro del Interior. La autoría de estas escuchas aún no se conoce oficialmente.

Fuentes próximas a De Alfonso dijeron a El Independiente que éste tenía hasta el pasado 23 de septiembre para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar vulnerados derechos fundamentales (concretamente su derecho de defensa) pero que ha optado finalmente por no pleitear para pasar página, pese a que sus abogados habían redactado ya el recurso. El magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona -plaza a la que se ha reincorporado tras su etapa al frente de la OAC- considera que la decisión de apartarle está basada en la obtención ilícita de una prueba y la posterior difusión de la grabación también sin autorización, por lo que todo estaría «intoxicado».

Daniel de Alfonso, de momento, no llamará a la puerta de los tribunales. Al menos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la querella que el Partido Democrático de Cataluña (PDC) -antigua Convergencia- y el ex alcalde de Barcelona Xavier Trías interpusieron el pasado 1 de septiembre contra él y contra el ministro Jorge Fernández por violación de secretos, malversación de caudales públicos y delitos continuados de prevaricación.

La Cámara catalana destituyó el pasado 29 de junio a Daniel de Alfonso como jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña -cargo para el que fue nombrado el 21 de julio de 2011 en sustitución del fallecido David Martínez Madero- al apreciar un «notorio y grave incumplimiento de los deberes y obligaciones». A excepción del PP, el resto de grupos parlamentarios (Junts pel Sí, Ciudadanos, PSC, Cataluña Sí que es Pot y la CUP) apoyaron que quedara apartado del puesto.

De Alfonso no irá a los tribunales hasta que se pronuncie el Supremo por la querella del PDC

El detonante de la destitución de De Alfonso fue la difusión por parte del diario Público, en la recta final de la campaña electoral del 26-J, de las grabaciones de dos reuniones que mantuvo con el ministro del Interior -fechadas el 2 y el 16 de octubre de 2014- en el despacho de éste en el madrileño Paseo de la Castellana y en las que hablan sobre investigaciones que afectaban a políticos independentistas catalanes, como Francesc Homs y familiares de Felip Puig.

Cuando compareció ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament el pasado 23 de junio, seis antes de que se formalizara su destitución, el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña negó que hubiera grabado sus encuentros con Jorge Fernández y que hubiera sido la persona que difundió las mismas. «Cuando mantengo reuniones de trabajo confío en los interlocutores. No desconfío del ministro, pero les digo que este director ni ha grabado, ni sabía que se grababa, ni las he puesto en circulación», proclamó.

En su comparecencia, Daniel de Alfonso describió una operación política para descabalgar a un director «molesto». «Ustedes quieren apartar a un incomodísimo director de la OAC que ha luchado sin descanso contra la corrupción», lanzó a los diputados. Seis días después, la mayoría de la Cámara aprobó su destitución.

Sin noticias de la investigación

Las fuentes consultadas por este periódico señalaron que el director de la Oficina Antifraude tiene intención de interponer una querella por injurias y revelación de secretos, si bien la instrucción que ha trasladado a sus abogados es que esperen a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la acción penal promovida por el PDC y Trías. Es el alto tribunal el que ha recibido la querella dada la condición de aforado del ministro Fernández.

Cuando se difundieron, el Ministerio del Interior encargó una investigación a la comisaría de Policía Judicial para tratar de averiguar quién grabó las conversaciones en el despacho oficial del ministro y quién las filtró al diario Público. Casi cuatro meses y medio después, el departamento de Jorge Fernández no ha dado a conocer aún las conclusiones de las pesquisas.