El ex comisario José Manuel Villarejo ha pedido al juez que cite a declarar en calidad de testigos a todos los policías que el 20 de octubre de 2014 asistieron a una reunión no autorizada con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y no han comparecido todavía ante el instructor judicial que investiga esta pieza separada del caso del pequeño Nicolás. Villarejo es uno de los tres imputados que suma esta causa, en la que se investiga la grabación y posterior difusión de dicho encuentro ilegal.

En un escrito fechado el pasado 26 de septiembre, la defensa de Villarejo -dirigida por los letrados Ernesto Díaz-Bastien y Sergio Berenguer Pascual- considera que es «pertinente y útil» la práctica de esta diligencia de investigación a la vista de que las actuaciones han puesto de manifiesto que «hubo más testigos directos de la reunión». En opinión de esta parte, «no es apropiado que aún (…) no hayan prestado declaración todos los agentes policiales intervinientes en dicho encuentro».

Por ello, los abogados del comisario ya retirado solicitan al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que requiera al comisario principal que lidera la comisión judicial que investiga los hechos -el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas, uno de los presentes en aquella reunión- que identifique por su número profesional a todos los funcionarios policiales que estuvieron presentes en dicha reunión como paso previo para que sean citados y se les oiga en sede judicial en calidad de testigos.

A la reunión con los agentes secretos asistieron Martín-Blas, un inspector y al menos otro funcionario policial más

En un extenso informe enviado al juez Zamarriego el pasado 20 de mayo, la comisión judicial detalla que la reunión objeto de la grabación ilegal empezó a las 17.35 y acabó a las 18.45 horas del 20 de octubre de 2014 y tuvo lugar en el despacho del jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En ella participaron dos agentes del CNI y, por parte policial, el comisario principal Martín Blas, el inspector Eladio Rubén López (ambos participan en la investigación por orden del juez) y el funcionario con carné profesional «77.764 y/o el 79.498».

Cuando Martín-Blas prestó declaración en calidad de testigo el pasado 29 de junio ante el instructor, el comisario principal identificó a la tercera persona como el «jefe de la 2ª Brigada al que estaba adscrito Rubén López» y reconoció que el encuentro lo convocó él porque quería informar a los agentes del CNI sobre el asunto del pequeño Nicolás.

Los investigadores dicen que, en el curso de dicha reunión, se registró una llamada de 13 minutos y diez segundos y que la misma la realizó el periodista del diario digital Información Sensible Carlos Mier, la persona que desveló en exclusiva la detención de Francisco Nicolás Gómez Iglesias (el pequeño Nicolás) en octubre de 2014 e imputado también en esta pieza separada. «Ha podido existir una aplicación que de forma automática descuelgue el teléfono y coja todo el sonido ambiente que exista en ese momento, sin el conocimiento del usuario», sostiene la comisión judicial.

«Ataques»

La tesis que defiende Martín-Blas es que habría sido el propio Villarejo el interesado en que la grabación ilegal llegara al pequeño Nicolás para que éste solicitara la nulidad de las actuaciones como paso previo para conseguir el archivo del procedimiento. La unidad judicial ha criticado que la dirección de la Policía no haya emprendido actuación alguna contra Villarejo «a pesar de conocer los ataques realizados contra la investigación e investigadores (policías y juez instructor), tanto en persona (denuncias y querellas) identificándose como comisario en ejercicio, como a través del periódico que controla (Información Sensible), o de periodistas de la confianza del Director Adjunto Operativo».

José Manuel Villarejo prestó declaración como investigado el pasado 27 de junio ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, que el pasado 30 de septiembre oyó también como imputada a la actual esposa del ex mando policial (Gemma Isabel Alcalá Garcés). Ésta era accionista al 80% de la empresa editora de Información Sensible.

La petición del comisario ya retirado se produce después de que el fiscal asignado al caso haya pedido al juez que instruye la causa al menos en tres ocasiones que aparte al comando Marcelino, al entender que el perjudicado por un delito no puede ser quien lo investigue. También ha advertido del riesgo de nulidad de las actuaciones por falta de apariencia de imparcialidad de esta delegación judicial, con un coste anual superior a los 329.000 euros al año.