El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho uso, por primera vez, de su facultad de instar la intervención del fiscal para frenar el proceso independentista. Por ello, le ha pedido, «si lo estima pertinente» que «promueva las acciones penales que considere procedentes» contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros parlamentarios que impulsaron la aprobación de la hoja de ruta del proceso de desconexión en la cámara catalana el pasado mes de julio. Además, ha anulado este proceso recogido en las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente.

El pleno del alto tribunal ha adoptado su decisión por unanimidad y explica que hasta ahora ha optado por solucionar este conflicto desde «la mesura», pero que ante la respuesta de las autoridades catalanas opta «por la firmeza» para «asegurar el cumplimiento de sus resoluciones».

Atribuciones antes de la reforma del TC

También asegura que la ley, antes de la reforma que amplia sus competencias, le permite acordar medidas como imposición de multas «o cualesquiera otras» a los que incumplieran sus fallos. No obstante, reconoce que no ha hecho «uso hasta la fecha» de estas atribuciones. Y sostiene que puede reclamar la intervención del fiscal aunque todavía no haya resuelto los recursos presentados por Cataluña y el País Vasco contra la reforma de la ley que les permite suspender las actividades de las autoridades y funcionarios que no acaten sus sentencias «porque siempre ha contado con esta atribución».

El TC explica que hasta «la fecha» no ha pedido la intervención de la fiscalía para que se cumplan sus resoluciones

Los jueces recogen todas las resoluciones que han dictado anulando el desafío soberanista y se centran en la actuación del Parlamento de Cataluña que aprobó las conclusiones de la comisión de estudios del proceso de desconexión. Y explican que un parlamento puede crear una comisión «para cualquier asunto que afecte a la sociedad catalana», pero «no puede ignorar los procedimientos previstos en la Constitución ni vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad».

Forcadell no estaba obligada por el reglamento

Por ello, asegura que la comisión de estudios fue «un intento de dar validez» al proceso de independencia y reprocha a Forcadell que incluyera la aprobación de la hoja de ruta del desafío independentista en el orden del día del pleno del pasado 27 de julio. Para los togados, esta actuación supuso un «incumplimiento de su deber de impedir o paralizar» cualquier iniciativa que pusiera en marcha el proceso de desconexión.

El alto tribunal recuerda que advirtió que no se podían aprobar las conclusiones de la comisión del proceso de independencia

Además, los jueces niegan que la presidenta de la cámara catalana estuviera obligada a incluir este debate en el parlamento «por un cumplimiento escrupuloso del reglamento». «Ella podía decidir»-añade la resolución- «que esa propuesta no debía tramitarse y anular la ratificación de las conclusiones».

El TC recuerda que un día antes de que la comisión aprobara sus conclusiones, que luego fueron ratificadas en la cámara baja, ya advirtió que las mismas «contravenían claramente» sus mandatos. Y avisó personalmente a Forcadell y a los miembros de la mesa de la cámara catalana que debían impedir cualquier acto que supusiera una desobediencia a sus resoluciones.

Las conclusiones tienen efecto jurídico

Sin embargo, el Parlamento de Cataluña, a propuesta de la CUP y de Junts pel si, «ignoró las advertencias al dar continuidad al proceso de desconexión», afirma el TC.  Por ello, los jueces ahora anulan estas conclusiones porque «tienen efectos jurídicos y no meramente políticos» que consisten «en introducir en el ordenamiento jurídico el proceso constituyente en Cataluña dirigido a la creación de un Estado catalán independiente en forma de República».

Por estos motivos, los togados señalan que la legitimidad democrática de la cámara catalana «no puede oponerse a la primacía incondicional de la Constitución». Y añaden que «la autonomía parlamentaria no puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones» del TC.

Nuevo aviso

Los magistrados vuelven a advertir a Forcadell de que no puede llevar a cabo ninguna actuación que promueva el proceso de independencia. Y explican que, aunque no son competentes para resolver» si la conducta de la presidenta de la cámara catalana «es constitutiva de infracción penal», si pueden «constatar que las circunstancias constituyen un conjunto de entidad suficiente» para trasladarlo «al fiscal».