Francisco Correa ya ha asumido que se enfrenta a una larga estancia en prisión porque es prácticamente imposible que salga absuelto en los ocho juicios que tiene pendientes. Por ello, esta semana va a cambiar de estrategia y donde «dijo digo, dije Diego». Si en julio de 2015 aseguró en el juicio de Fitur (2005-2009) en Valencia que no tenía ninguna relación con la trama de corrupción y negó que hubiera agasajado a cargos públicos con regalos a cambio de suculentas comisiones, ahora, en la Audiencia Nacional, va a contar otra versión. El jefe de la red corrupta espera que este arrepentimiento sea valorado por la Fiscalía y le aplique una atenuante que reduzca su tiempo en la cárcel.

Fuentes judiciales han explicado que Correa ha admitido lo que era obvio para las personas de su entorno: la imposibilidad de salir limpio de polvo y paja en los ocho juicios que tiene pendientes porque eso significaría que las casi 300 personas que están imputadas junto a él en estas causas correrían la misma suerte. Y esta trama de corrupción que tantos ríos de tinta ha hecho correr se convertiría así en el mayor fiasco judicial de la historia.

Inminente condena en Valencia

Tras darse cuenta de que esta hipótesis es improbable y mientras espera la sentencia por el juicio de Valencia, que es inminente y en la que le pueden caer los 15 años que le reclamó el fiscal, se prepara para contar su verdad. En la pieza que se juzga en la Audiencia Nacional, cuyo juicio se reanuda este lunes, se le piden responsabilidades por las mordidas que cobró a cargos de la Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid y Málaga a cambio de adjudicaciones públicas. También se examina su relación con el PP, el partido que recurrió a sus empresas en las campañas electorales.

En un juicio de Valencia, Correa se presentó como un asesor de las empresas de corrupción

Hasta ahora, Correa no ha dado su brazo a torcer y el no ha sido su única respuesta a las múltiples acusaciones que se traducen en una petición de condenas que alcanza los casi 400 años de cárcel y cerca de 10 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. En la vista de Valencia atacó la instrucción, se declaró indefenso por las grabaciones que autorizó Baltasar Garzón en la cárcel con sus abogados y rebajó su relación con las empresas bajo sospecha a las de un simple asesor. En el juicio de la Audiencia Nacional ha dado por buena la instrucción y ha pedido que se liberen 2,2 millones de euros para pagar la indemnización que le reclama la Fiscalía.

Acuerdo fallido con Anticorrupción

Su abogado en Valencia, Juan Carlos Navarro, dejó su defensa en este proceso que se prolongó a lo largo de 64 sesiones y ahora ha vuelto a representarle en la Audiencia Nacional. Fuentes judiciales reconocen que el momento para alcanzar un acuerdo con Anticorrupción debió de consumarse en la vista de Valencia, pero aseguran que nunca es tarde si finalmente se logra el objetivo, es decir, reducir las condenas en todos los juicios que le quedan pendientes e intentar saldar sus cuentas lo antes posible para retomar una vida que, en estos momentos, es una ruina.

La Audiencia Nacional le paga la gasolina desde Cádiz a Madrid y dietas para comer y dormir en un hotel

Fuentes jurídicas han revelado que el que fuera uno de los hombres con un poder adquisitivo digno de envidia y que pasó años rodeado de todo tipo de lujos en sus mansiones y barcos, ahora tiene que presentar en la Audiencia Nacional los justificantes de la gasolina que gasta para trasladarse desde su casa de Sotogrande (Cádiz) donde reside hasta Madrid. El tribunal también le facilita dietas para comida y para pagarse un austero hotel en la capital mientras se celebra el juicio.

Estos problemas económicos y su situación familiar (cuida de un hermano deficiente físico y mental) le han hecho dar un paso atrás ya que es consciente de que su vida no va a mejorar porque, por no encontrar, no va lograr un trabajo. Por ello, ha decidido que confesar es su única salida. Su declaración se podría llevar a cabo a partir del próximo jueves y Correa está preparado para pasarse, al menos, dos días declarando.

Recuperar fondos de Suiza

Fuentes jurídicas explican que también confía en recuperar una parte, aunque sea mínima, del dinero que tiene trabado en Suiza porque todos sus bienes en España están bloqueados: sus casas y sus cuentas corrientes. También espera al igual que otros imputados como su número dos, Pablo Crespo, y el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que el país helvético impida que la información facilitada de sus movimientos bancarios en este país pueda ser usada en este juicio, aunque en dos ocasiones las autoridades suizas han abierto la mano y sólo queda una última instancia por pronunciarse.

El jefe de la trama de corrupción se ha alejado de su antiguos compañeros de fatigas y fuentes de su entorno aseguran que, a pesar de que lleva ya unos días avisando de su cambio de estrategia, no ha recibido mensajes del PP para que se lo piense mejor. Precisamente, uno de sus hombres de confianza en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, asegura que él no busca un acuerdo con la Fiscalía y admite que su relación con Correa ha cambiado desde el juicio de Valencia.

Otras estrategias

Luis Bárcenas, por su parte, tampoco parece muy afectado por la declaración de Correa porque jura y perjura que «su línea de defensa va por otro lado» y que su única estrategia «es defenderse sin cargar contra nadie». A pesar de ello, su abogado, Joaquín Ruiz -al igual que el de Pablo Crespo, Miguel Durán-, ha exigido al tribunal que ordene a la Fiscalía Anticorrupción que desvele los pactos que ha alcanzado con tres de los acusados: los empresarios Alfonso García Pozuelo, Jacobo Gordon y Roberto Fernández.

La Fiscalía no ha facilitado datos sobre el posible acuerdo logrado, pero fuentes judiciales aseguran que no se ha firmado un pacto formal, pero que los imputados han obtenido un compromiso para rebajar sus condenas si se arrepienten de sus delitos.

Los arrepentidos

García Pozuelo fue propietario de Constructora Hispánica y se enfrenta a cuatro años y seis meses de prisión. Gordon es ex socio de Alejandro Agag -yerno de José María Aznar- y se juega dos años de cárcel, y Fernández (2 años y tres meses de cárcel) fue el responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Pozuelo cuando lo dirigía Jesús Sepúlveda, el ex marido de Ana Mato. Precisamente, la ex ministra de Sanidad está acusada como responsable a título lucrativo por los regalos que recibió de Correa como fiestas infantiles y bolsos de lujo por las atenciones de su marido a la trama corrupta.