El fiscal asignado al caso del pequeño Nicolás se ha sumado al recurso de apelación contra el auto por el que el juez aceptó la personación de Podemos como acusación popular en la pieza separada en la que se investiga la grabación y posterior difusión de una reunión mantenida entre policías y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en octubre de 2014, al considerar que la resolución obvia que se introducen hechos ajenos al objeto de la causa y porque no está motivada «adecuadamente».

El Ministerio Público vuelve a chocar así con el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid al adherirse de manera parcial al recurso directo de apelación que interpuso el pasado 12 de septiembre la defensa del comisario ya jubilado José Manuel Villarejo -uno de los investigados en esta rama junto a su actual esposa (Gemma Isabel Alcalá Garcés), el periodista Carlos Mier y a Francisco Nicolás Gómez Iglesias- contra el auto dictado por el juez Arturo Zamarriego con el que aceptó que la formación política que lidera Pablo Iglesias sea acusación en este procedimiento. Según Villarejo, la única intención de Podemos es «desbordar el objeto de investigación» de esta pieza.

De entrada, el fiscal Alfonso San Román no comparte la fundamentación genérica del auto que ahora se combate, cuando indica que «no resultan acreditados fines espurios ni fraudulentos en la personación interesada». Éste es el primer motivo de desacuerdo, pero no el único.

Podemos sólo busca «introducir hechos nuevos» sin relación con la causa, sostiene el fiscal

Compartiendo la tesis del ex mando policial, el representante del Ministerio Público justifica su adhesión al recurso con el argumento de que la verdadera pretensión de Podemos es «introducir en estas actuaciones hechos nuevos que no son conexos con los ya investigados», como el espionaje al ministro del Interior en sus reuniones con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña o la elaboración de informes contra políticos partidarios del proceso secesionista catalán y contra representantes de Podemos.

En este punto, San Román recuerda que esos hechos «pueden ser denunciados», pero tendrían que ser en una causa penal diferente al no guardar relación con el objeto de esta pieza separada en la que se investiga la grabación de la reunión sin autorización que tres funcionarios policiales -dirigidos por el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, hoy al frente de la comisión judicial que lleva a cabo las pesquisas por orden del magistrado Zamarriego- mantuvieron con agentes del CNI el 20 de octubre de 2014 y su posterior difusión por medios de comunicación. Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El Ministerio Público dice que el auto del juez Zamarriego adolece de falta de motivación

El fiscal esgrime otro argumento para que se revoque el auto del instructor. En su opinión, la resolución recurrida «debería haberse pronunciado sobre el desbordamiento que se intenta y no lo ha hecho», por lo que «adolece de falta de motivación». Y ello -apostilla- «impide ir más allá en la adhesión a este recurso», por lo que pide a la Audiencia de Madrid que deje sin efecto la resolución del juez Zamarriego.

También ha respaldado el recurso formulado por el ex comisario Villarejo la defensa de Carlos Mier, el informador que dio la exclusiva sobre la detención del pequeño Nicolás en el diario digital Información Sensible, mientras que la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) -otra acusación popular en el caso- ha impugnado el recurso de apelación interpuesto por Villarejo.

Enfrentamiento abierto

El fiscal mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto con el juez debido al rumbo que ha ido tomando la instrucción de esta pieza separada y algunas decisiones procesales que ha adoptado el instructor con las que está en completo desacuerdo. El representante del Ministerio Público no entiende que Zamarriego mantenga todavía al comisario Martín-Blas al frente de la comisión judicial que investiga los hechos, al ser uno de los asistentes a aquella reunión supuestamente ilícita con los agentes del CNI, y ya ha advertido del riesgo de nulidad de las actuaciones.

Asimismo, San Román ha recurrido en reforma la providencia dictada el pasado 23 de septiembre por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid con la que acordó remitir al decanato el escrito de denuncia presentado por el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino para que se procediera a su reparto “al no guardar relación los hechos denunciados con las presentes actuaciones”.