El fiscal asignado al caso del pequeño Nicolás vuelve a chocar con el juez que instruye la causa. El representante del Ministerio Público considera que el escrito del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, en el que denunció la destrucción de pruebas «vitales» para la resolución del caso y daba detalles de la grabación de la reunión mantenida entre funcionarios policiales y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), guarda «estrecha relación» con la causa y debe incorporarse a las actuaciones frente al criterio que defiende el magistrado Arturo Zamarriego.

El fiscal Alfonso San Román ha interpuesto recurso de reforma contra la providencia dictada el pasado 23 de septiembre por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, que, como adelantó Elindependiente.com el pasado viernes, acordó remitir la denuncia de Pino al decanato para que se procediera a su reparto “al no guardar relación los hechos denunciados con las presentes actuaciones”. El ex número dos de la Policía también pedía al juez que apartara ya a la comisión judicial, liderada por el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas.

Lejos de aceptar el argumento del juez, San Román considera que los hechos que narra el ex DAO en su escrito -presentado el pasado 5 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid- son «nucleares» en la pieza separada del caso del pequeño Nicolás en la que se investiga la grabación y difusión de la reunión mantenida entre agentes policiales y agentes del CNI el 20 de octubre de 2014 y «no encuentra explicación lógica» a la negativa de Zamarriego a incorporarlo a las actuaciones. Tampoco ve motivada «adecuadamente» dicha providencia.

El fiscal dice que, si el juez sólo atiende los datos del ‘comando Marcelino’, no se resolverá «correctamente» el caso

El fiscal señala que el escrito de Eugenio Pino hacía referencia a cuestiones que afectan «directamente» a la investigación de la grabación ilegal entre policías y agentes del CNI, aportando extremos sobre el «software espía supuestamente instalado en el teléfono del comisario Martín-Blas, sobre la aportación a la causa del archivo informático que contenía la grabación y sobre la difusión del contenido» de la misma.

El representante del Ministerio Público razona que si el instructor tan sólo va a atender los hechos y datos aportados por la comisión policial que dirige Martín-Blas, cuya imparcialidad cuestiona abiertamente, «se cierra toda posibilidad de resolver correctamente» esta pieza toda vez que el juez «estaría recabando y uniendo a la causa únicamente parte de los elementos de juicio». Por ello, pide a Zamarriego que deje sin efecto la providencia y se incorpore el escrito-denuncia a las actuaciones «por su indudable relación» con las mismas.

Eugenio Pino también consideraba en su escrito que el instructor no puede permanecer impasible al hecho de que se le entregara un CD con la grabación de la reunión cuando el soporte original era un pen drive y, además, diez días después de que lo obtuviera el mando policial. “Que no dispongamos de este pen drive es un hecho grave al que usted no puede ser ajeno y le debe llevar a tomar la decisión de, atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, apartar a los investigadores del caso por una clara actuación delictiva con la destrucción de una prueba esencial”, expone Eugenio Pino, antes de detallar por qué propuso a la dirección del cuerpo la destitución de Martín-Blas como responsables de Asuntos Internos: por enviar un informe al Juzgado de Instrucción 2 de Madrid que identificaba al comisario José Manuel Villarejo “falsamente a sabiendas”.

Falta de «imparcialidad»

Alfonso San Román agrava sus diferencias con el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, al que ya le ha pedido al menos tres veces que aparte a la comisión judicial, que actúa «sin la debida apariencia de imparcialidad» al estar dirigida por los dos funcionarios policiales que asistieron a la reunión, sin autorización, con los agentes del CNI que fue grabada y posteriormente difundida por medios de comunicación. El comando Marcelino cuenta con una dotación de al menos siete policías y un coste anual de más de 329.000 euros, sin incluir el gasto correspondiente a los vehículos y al alquiler del piso que utilizan como base de operaciones.

En un escrito presentado el pasado 7 de septiembre, el fiscal fue un paso más allá y advirtió del riesgo de nulidad de las actuaciones si no se reconduce el procedimiento judicial y se acomoda al verdadero objeto de la causa.

Como ya publicó este diario, San Román ha solicitado también copia del escrito que supuestamente ha presentado también ante el juzgado el inspector jefe policial José Ángel Fuentes Gago y del que el instructor dijo que, a fecha de 23 de septiembre, no había tenido entrada en el juzgado. El fiscal aseguró haber tenido conocimiento de los mismos “por haberse recibido sendas copias en la sede de la Fiscalía Provincial de Madrid”.