Un alcalde socialista ha esquivado su imputación en el caso ERE al haber transcurrido más de diez años desde que la Consejería de Empleo otorgó las ayudas al Ayuntamiento que él sigue presidiendo y, por tanto, haber prescrito los delitos de malversación y prevaricación que se investigaban. El Consistorio, no obstante, ha sido llamado al procedimiento como beneficiario a título lucrativo de la subvención.

En un auto fechado el 6 de octubre, la juez María Núñez Bolaños ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a Carlos López Barrera, alcalde de la localidad sevillana de Alcolea del Río cuando la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social concedió sendas ayudas de 60.000 euros -pagadas en 2003 y otra en 2004- con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles para la celebración de la Feria de Desarrollo Rural Equivir.

La Audiencia de Sevilla ya estableció el 9 de marzo que, si las ayudas sociolaborales o a empresas no superaba la cuantía de 450.000 euros y ha pasado más de diez años desde que se hizo el pago sin que la persona haya sido llamada al procedimiento, no se puede aplicar el subtipo agravado y prescriben los posibles delitos. Si el importe es superior, el plazo de caducidad penal se eleva hasta los 15 años.

Los delitos han prescrito al haber pasado más de 10 años y no exceder la ayuda los 450.000 euros

En el caso del Ayuntamiento de Alcolea del Río, se trataba de dos ayudas de 60.000 euros, cada una otorgadas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en la etapa de Javier Guerrero. El último pago se formalizó el 21 de abril de 2004 y, por tanto, el 21 de abril de 2014 se extinguieron automáticamente las eventuales responsabilidades penales, por lo que Núñez Bolaños ha acordado el archivo de las actuaciones respecto a Carlos López Barrera.

En un atestado fechado en junio de 2015, el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que la Junta concedió las ayudas a este ayuntamiento sevillano «por [la] amistad o cercanía política» que mantenía el regidor con el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, «según se puede desprender del análisis de la declaración testifical del alcalde de esta localidad».

La Guardia Civil dice que la ayuda se concedió por la «amistad» del consejero con el alcalde de Alcolea

Cuando compareció ante la Guardia Civil el 30 de junio de 2015, López Barrera aseguró a los agentes que Viera le manifestó «que sí, que podía contar con ella, por una cantidad de 60.000 euros y que, posteriormente, le entregara una memoria justificativa de la citada feria».

Las de Alcolea del Río son dos de las 16 ayudas que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social concedió a 12 ayuntamientos andaluces -nueve de ellos de la provincia de Sevilla- por un montante de 3.146.497,8 euros con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles para financiar acciones diversas, desde la organización de ferias de muestras a un plan piloto de prevención de riesgos laborales.

Prescripciones anteriores

No es la primera vez que prescriben delitos en el caso ERE, que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga desde el 19 de enero de 2011 y que acumula alrededor de 260 imputados. El pasado 15 de marzo, la juez Núñez Bolaños archivó las actuaciones contra 12 investigados -uno ya fallecido- por las ayudas concedidas a empresas y entidades sociales de la Sierra Norte de Sevilla con cargo al fondo de reptiles al haber transcurrido más de 10 años desde el abono y no superar las subvenciones los 450.000 euros.

No ha trascendido si la Guardia Civil ha podido entregar en plazo el auto de imputación al ex consejero delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta SA (Capsa) Pedro Astals Coma y a los antiguos directivos de Yogures Andaluces Juan Carlos Marín Domínguez y Eloy Martín Fernández a cuenta de la ayuda de 6,37 millones de euros que la Dirección General de Trabajo y Seguridad concedió a Yogures Andaluces en vísperas de que Capsa -propietaria de Central Lechera Asturiana- llevara a cabo la fusión por absorción de la compañía andaluza.

La Fiscalía Anticorrupción urgió a la instructora el martes 4 de octubre que llamara al procedimiento a estas tres personas -junto a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y el conseguidor Juan Lanzas- antes de que el domingo 9 de octubre se cumplieran los 15 años desde que se pagó la ayuda y quedaran por tanto extinguidas las responsabilidades penales.