La continuidad de María de los Llanos de Luna como delegada del Gobierno en Cataluña podría tener los días contados. Moncloa estudia un perfil «más político» para este cargo en lo que se entiende como un «punto de inflexión» respecto a la gestión del órdago independentista catalán, no porque se vaya a ceder a las veleidades separatistas, sino porque «entramos en una etapa nueva» en la que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, toma las riendas de las relaciones con esta Comunidad. De Luna «tiene un buen perfil jurídico, pero políticamente algo bajo», han señalado a El Independiente fuentes gubernamentales, que es lo que se pretende subsanar, aunque no está previsto abordar este relevo hasta que no culminen los nombramientos de los segundos, terceros y cuartos niveles de la Administración, esto es, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales.

La decisión de Mariano Rajoy de encargarle a su mano derecha en el Gobierno “el reto más grave que tiene España en estos momentos”, como el mismo definió el desafió soberanista en su discurso de la sesión de investidura, obliga a la vicepresidenta a tomar una serie de decisiones de gran trascendencia, entre ellas, quién debe ser el representante del Gobierno en Cataluña, y actuar de manera coordinada en todos los frentes. De Luna, que fue diputada de PP en Cataluña, aterrizó en la Delegación del Gobierno a finales de 2011, cuando todavía no había estallado el desafío en toda su plenitud. Posteriomente hubo de lidiar con unas Diadas multitudinarias o la convocatoria, y celebración, de una consulta ilegal por la independencia, la del 9 de noviembre de 2014.

La Generalitat ha intentado ningunearla en todo momento como representante del Estado en Cataluña

El empeño tanto de Artur Mas como de Carles Puigdemont ha sido intentar ningunearla en todo momento. O no se la convoca a los actos oficiales en Cataluña o bien se la relega. A fin de cuentas, no es más que una manera de pretender que no se visualice la presencia del Estado en Cataluña, aunque ella ha ido sorteando los obstáculos, gestionando a los 8.000 guardias civiles y policías y haciendo bien visible los distintivos de ambos cuerpos en los coches oficiales . En todo caso, no ha sido una voz política que se haya hecho escuchar mucho a tenor de las quejas de Moncloa. Por ejemplo, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, convirtió la delegación en un auténtico trampolín político, con un mensaje muy potente.

Lo más probable es que se espere a una renovación más amplia de delegados del Gobierno. El PP valenciano quiere también un «perfil político» en la delegación de Valencia mientras que el actual delegado, Juan Carlos Moragues, puede acabar situado en uno de los segundos escalones del Gobierno nacional.  En Baleares se ha abierto asimismo el debate sobre la continuidad del representante del Estado en las islas y otro tanto pasa con Canarias.

La secretaria de Estado de Administraciones Territoriales se antoja fundamental para abordar el tema catalán

No obstante, es previsible que se dilucide antes el nombre para la secretaría de Estado de Administraciones Territoriales en quien se apoyará la vicepresidenta para su nuevo cometido. Llevado el tema con la máxima discreción, marca de la casa, la mirada se dirige hacia uno de los abogados del Estado que ya han colaborado con Sáenz de Santamaría en otros tiempos, en concreto Jaime Pérez Renovales. Actual secretario del Consejo de Administración del Santander, en su calidad de subsecretario de Presidencia entre 2011 y 2015 puso en marcha la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) e incluso descansó sobre él buena parte el armazón jurídico de la sucesión de Don Juan Carlos a Don Felipe. Además, «siempre ha estado muy encima del tema catalán», aseguran fuentes del PP regional.

Otra cosa es que Sáenz de Santamaría decida cambiar a José Luis Ayllón de secretaría de Estado. No parece previsible, pero aúna en su persona ser alguien de la máxima confianza de la vicepresidenta además de catalán, lo que podría ser un buen mensaje que dar en esa Comunidad. También busca destino el ex secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Ha dejado de estar a la sombra de Montoro y hay convencimiento generalizado en que «algo se le va a dar», no se sabe muy bien si con peso político o como recompensa por los servicios prestados.

Se busca en todo caso un perfil que conozca de primera mano y en profundidad el modelo de Estado y sea capaz de afrontar, junto con el Ministerio de Cristóbal Montoro, la complejísima y árida negociación de la financiación autonómica, otro de los retos a afrontar esta legislatura.