El PSOE no está por la labor de negociar un pacto de Estado de la Justicia con el PP y que también reclama Ciudadanos. El portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Juan Carlos Campos, rechazó esta posibilidad la pasada semana porque «es la hora de los frutos y no de las flores».

Por ello, propone que se lleven reformas concretas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pasará la instrucción al fiscal, desaparecerá la figura de la acusación popular y en la que los plazos de instrucción se recortarán. Una idea en la que también coincide el PP, aunque fuentes del Ministerio de Justicia reconocen que este modelo no se podrá implantar inmediatamente, sino que es una reforma a largo plazo.

Estas fuentes han explicado que uno de los problemas principales es la falta de fiscales que, a día de hoy, cuenta con una plantilla de 2.500, mientras que la de jueces alcanza los 5.400. Por ello, Campos aboga por un programa presupuestario que sirva para aumentar las plantillas, ya que en la reforma que elaboró en 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno, se establecía un juez de garantías y no solo la cesión de sus labores de instrucción a los fiscales. Campos también criticó a su grupo: «No queremos que el grupo socialista caiga otra vez, como en tiempo no muy lejano, en esa dinámica de palabras huecas abrigadas por un presunto pacto». También avanzó que no todo vale en una negociación.

«El diálogo y el consenso no pueden convertirse en el taparrabos de quien no tiene rabo», afirmó. Y recordó que la anterior legislatura del PP, en materia de justicia, fue «nefasta». Por ello, aseguró que el PSOE, en este diálogo con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, busca hacer «reformas en la justicia y no de la justicia» porque en su opinión, no hay que mejorar el sistema judicial, sino «construirlo».

Los planes de Catalá

Catalá explicará sus planes el próximo 5 de diciembre ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En un acto reciente, ya avanzó que sus prioridades son las reformas procesales y la definitiva implantación de un sistema tecnológico en la administración de Justicia. Y se comprometió a buscar el apoyo de los otros grupos parlamentarios para sacar adelante las mejoras. Y es que, como recuerda Campos, la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal no regula cuestiones tan actuales como la obtención de pruebas de ADN o las intervenciones telefónicas que, en estos momentos, pueden durar años, como criticó el pasado martes el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la Cámara Baja.

Maza también abogó por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y propuso una solución salomónica. «Existen dos proyectos, el del 2011 (Gobierno socialista) y la del 2013 (Gobierno popular), que coinciden en muchos puntos, por lo que no hay que partir de cero», apostilló.