El Tribunal Constitucional ha suspendido la celebración de un referéndum en Cataluña previsto para el 2017 al admitir el recurso presentado por el Gobierno contra esta decisión. Asimismo, los jueces se han dotado de más mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, ya que esta mañana han avalado la imposición de sanciones económicas a las autoridades y funcionarios que les desobedezcan después de haber legalizado la posibilidad de suspender a estas personas si no acatan sus fallos.

Fuentes del alto tribunal han recordado que los jueces no podían hacer otra cosa más que admitir la demanda del Gobierno de Mariano Rajoy que les pidió que suspendieran esta convocatoria por ser contraria a las sentencias que han anulado el proceso independentista. El pleno del alto tribunal tampoco ha improvisado a la hora de recordar a la presidenta del parlament, Carmè Forcadell, a los miembros de la mesa de la cámara catalana, al president Carles Puigdemont y a sus consellers que tienen «que impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada».

Notificación personal

Además, los magistrados acuerdan notificar en persona esta resolución a estas personas, ya que les apercibe «de eventuales responsabilidades incluida la penal en las que pueden incurrir» si no siguen sus órdenes. No obstante, los jueces dan un plazo de 20 días a Forcadell para que explique si con estos acuerdos de convocatoria de referéndum ha desobedecido las sentencias que han frenado el proceso soberanista.

Fuentes del alto tribunal han informado de que ocho jueces frente a tres han rechazado el recurso presentado por el Gobierno de la Generalitat contra la reforma de la ley que faculta al TC a imponer sanciones a los que no acaten sus sentencias. Esta sentencia utiliza los mismos argumentos que los esgrimidos cuando el alto tribunal rechazó también el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la misma ley. Los magistrados sostienen que la imposición de multas económicas no tiene carácter de sanción sino que es una medida que sirve para disuadir a los funcionarios para que cumplan sus resoluciones.

El alto tribunal antes de poner en marcha estas facultades pidió al fiscal que actuara contra Forcadell por no haber evitado en la cámara catalana que se pusiera en marcha el proceso independentista.