El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ha recibido petición de la juez de los ERE para mantener el refuerzo tras la marcha del magistrado que se encontraba en comisión de servicio, a pesar de que la instrucción de la mitad de las causas que se asignaron a éste se encuentran aún en una fase incipiente. Será ella, por tanto, la que termine la investigación de todas las piezas separadas de los casos de los ERE fraudulentos y del fraude en los cursos de formación.

Álvaro Martín Gómez abandonó el pasado 23 de diciembre el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, donde había servido en comisión de servicio desde el 21 de septiembre de 2013, para volver a su plaza como titular del Juzgado de lo Penal 2 de Sevilla. El magistrado había enviado un escrito a mediados de noviembre al TSJA en el que consideraba que el trabajo que se le había encomendado estaba bastante avanzado y no consideraba oportuno prorrogar su continuidad en este órgano judicial.

El juez de refuerzo se ha marchado tras completar sólo la mitad de las piezas que le asignaron

El 14 de diciembre de 2015, la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz aprobó el plan de trabajo propuesto por Núñez Bolaños, que dejó en manos del magistrado de refuerzo las seis piezas en que desgajó el caso ERE «con el fin de agilizar y dar un mayor impulso a estas diligencias». Se trata, en concreto, de las ramas referidas al procedimiento específico (la conocida como pieza política, la primera que se elevará a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento y en la que han sido procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán), las sobrecomisiones, Acyco, Surcolor, Cenforpre y a las ayudas concedidas al conglomerado empresarial controlado por los ex concejales socialistas José Enrique Rosendo (ya fallecido) y José María Sayago.

De éstas, sólo en las piezas del procedimiento específico, Acyco y Surcolor, se ha dado por terminada la instrucción, habiendo dictado el juez Álvaro Martín autos de apertura de juicio oral antes de marcharse. El resto se abrieron a principios del pasado mes de junio y su investigación durará todavía meses.

Pese a que aún no ha terminado la instrucción de las seis piezas que justificaron la necesidad de mantener este juez de refuerzo, Núñez Bolaños no ha solicitado de momento que se asigne otro magistrado para impulsar las causas en tramitación, según han confirmado a este diario fuentes del TSJA. Desde finales de diciembre, la titular del juzgado tan sólo tiene el apoyo de José Ignacio Vilaplana, que se encargará de los asuntos ordinarios del juzgado.

En la práctica, la decisión de no solicitar que se mantenga el plan de refuerzo supondrá que Núñez Bolaños asumirá todas las causas de corrupción que se instruyen en el juzgado al que ella llegó a mediados de junio de 2015 y conjura el riesgo de que otro magistrado interprete los hechos de forma diferente a ella, como ya ha sucedido en el caso de los ERE.

Fuentes conocedoras de esta causa consultadas por este periódico no tienen dudas de que, en caso de haber sido Núñez Bolaños la instructora de la pieza política, ésta no habría apreciado la existencia de hechos constitutivos de malversación -delito por el que la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para Griñán- en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado dictado a finales del pasado mes de mayo.

El juez de apoyo sorprendió al incluir la malversación en la pieza política del ‘caso ERE’

Que el juez de apoyo incluyera el delito de malversación en el auto con el que daba por terminada la instrucción de la pieza política fue sorpresivo porque un año antes Alberto Jorge Barreiro, el magistrado que instruyó la causa en el Tribunal Supremo cuando Alaya le elevó la exposición razonada al apreciar indicios de responsabilidad penal en la actuación de cinco aforados por ser diputados en Cortes, circunscribió la posible conducta malversadora a José Antonio Viera. En su condición de consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico (2000-2004), Viera fue uno de los firmantes del convenio marco que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles, el origen del fraude.

La colisión de criterios es evidente. Meses después, la titular del juzgado dio carpetazo a la pieza separada correspondiente a la ayuda otorgada por parte de la Junta de Andalucía con cargo al fondo de reptiles para pagar las prejubilaciones de 54 trabajadores de la planta que Azucareras Reunidas de Jaén tenía en Linares, al considerar que los hechos por los que estaban siendo investigados tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía -los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera- no revestían carácter de delito aunque el procedimiento utilizado para el otorgamiento de la subvención excepcional  fuera «inadecuado o ilegal».

Seis años de instrucción del ‘caso ERE’

Según Núñez Bolaños, no existía prevaricación al no concurrir uno de los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para que pueda apreciarse la comisión de este delito: que la resolución sea dictada a sabiendas de su injusticia, entendiéndose el elemento injusto como el conocimiento y utilización de un procedimiento presuntamente irregular para el reparto del dinero público. Y tampoco apreció malversación porque los trabajadores eran «legítimos beneficiarios» de las ayudas y porque los fondos públicos se destinaron a los fines para los que fueron concedidos por la Administración: procurarles una renta mensual hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

La instrucción del caso ERE cumplirá el próximo jueves seis años desde que Mercedes Alaya, titular entonces del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, incoó las diligencias previas 174/2011. Fue tras la llegada de Núñez Bolaños a este órgano judicial a mediados de junio de 2015 cuando ésta accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y procedió a desgajar la causa matriz en piezas separadas. Se prevé que el primer juicio puede arrancar a final de año.