El caso ERE alcanza este jueves los seis años de instrucción con tan sólo una cuarta parte de las piezas abiertas y cuando aún faltan meses para que empiece a celebrarse el primer juicio, en el que se dilucidarán las responsabilidades por la implantación y mantenimiento del procedimiento por el que la Junta de Andalucía concedió de forma discrecional ayudas para prejubilaciones y a empresas en crisis por un montante al menos de 854,8 millones de euros durante 12 años (2000-2011).

De las más de 250 ayudas otorgadas a diferentes beneficiarios en el periodo investigado, lo que dará pie a desgajar de la causa matriz un número similar de piezas, tan sólo se han incoado 54 hasta la fecha. De éstas, sólo se ha dado por terminada la instrucción de tres -la conocida como pieza política, en la que han sido procesados los ex presidentes Chaves y Griñán; Acyco y Surcolor- al dictar autos de apertura de juicio oral el magistrado que durante los últimos tres años ha servido de refuerzo en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. No obstante, todavía no ha sido elevada ninguna a la Audiencia de Sevilla con vistas al enjuiciamiento.

A finales de julio de 2015, tan sólo un mes y medio después de hacerse cargo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras haber servido durante los 11 años anteriores como juez de Familia, la magistrada María Núñez Bolaños accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y, en contra de la postura que había mantenido su antecesora (Mercedes Alaya), acordó dividir el caso ERE en tres piezas en aras de agilizar la investigación: una sobre el procedimiento específico, otra sobre las sobrecomisiones que percibieron las empresas (Vitalia y Uniter) que intermediaron en la contratación de los seguros colectivos de rentas y un tercer bloque formado por cada ayuda sociolaboral o subvención o para cada grupo de ayudas otorgadas a un mismo beneficiario.

División de la causa

En noviembre de 2015, la instructora rediseñó el esquema inicial y acordó inicialmente la apertura de seis piezas: procedimiento específico, sobrecomisiones, Acyco, Surcolor SA-Surcolor Óptica, Cenforpre y las ayudas al conglomerado de empresas controlado por el ex concejales socialistas José Enrique Sayago y José María Sayago. Entonces, Núñez Bolaños argumentaba que la complejidad y envergadura de la causa hacía imposible un diseño apriorístico de todas las piezas y precisaba que había más de 150 ayudas que se encontraban todavía en fase de investigación policial.

La división de la causa se ha sustanciado hasta ahora en otras 48 piezas, cuyas diligencias previas se incoaron los días 5 y 6 de octubre de 2016. Entre éstas se encuentran las relativas a las ayudas obtenidas por el chófer del antiguo director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y por las empresas controladas por un hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, así como otros ERE que supusieron un elevado desembolso para la Administración andaluza como los de Boliden y la Faja Pirítica de Huelva.

Prescripciones

El 7 de marzo de 2016, la Audiencia de Sevilla dictó un auto que ha tenido una importante relevancia para la instrucción de la causa. Avalando el criterio defendido por la Fiscalía Anticorrupción, la Sección Séptima consagró que, si la ayuda otorgada con cargo al fondo de reptiles no superaba los 450.000 euros y habían transcurrido más de 10 años desde el último pago, ya no se podría llamar al procedimiento a los beneficiarios de la subvención en calidad de investigados. A los efectos de aplicación del subtipo agravado en el delito de malversación de caudales públicos, el plazo de prescripción se ampliaba a los 15 años si la ayuda supera ese importe.

Esta doctrina de la Audiencia de Sevilla ha llevado ya a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a archivar las actuaciones contra 16 personas, a los que sólo podrá citar como responsables civiles directos en su condición de partícipes a título lucrativo para tratar de recuperar el dinero concedido presuntamente de manera ilegal, y abre la puerta a exculpar a otros 25 empresarios.

¿Archivazo si no hay intrusos?

A la espera de que se vayan desgajando nuevas ramas del tronco principal conforme la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vaya entregando atestados en los que se analizan pormenorizadamente las ayudas, el curso de la instrucción depende en parte del inminente pronunciamiento de la Audiencia de Sevilla sobre los recursos directos de apelación que presentaron la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que ejerce el PP andaluz contra el auto del 11 de octubre por el que la instructora decidió archivar la pieza correspondiente a una empresa en la que no se han detectado intrusos (Azucareras Reunidas de Jaén) al considerar que, aunque el procedimiento de concesión fuera «inadecuado o ilegal», los hechos investigados no revisten carácter de delito. Si la Audiencia avalara el criterio de Núñez Bolaños, posibilidad que diversas fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran sumamente improbable, se allanaría el camino para que la instructora diera el carpetazo a un centenar de piezas, casi la mitad de las que se tendrán que desgajar de la causa matriz.

[is_not_mobile]

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

[/is_not_mobile]

[is_mobile]

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

[/is_mobile]

Contradicción no resuelta

Pese a la duración de la instrucción, hay una contradicción que aún no ha sido resuelta. Si las ayudas concedidas para financiar los ERE fueron otorgadas en virtud de resoluciones presuntamente prevaricadoras, ¿por qué no se ha llamado al procedimiento en calidad de partícipes a título lucrativo a los más de 6.000 prejubilados legales que se beneficiaron de estas ayudas, como algunos investigados han planteado sin éxito?

En el auto por el que archivó las actuaciones contra tres ex altos cargos de la Junta en relación con la ayuda concedida a Azucareras Reunidas de Jaén al no haberse constatado la presencia de intrusos en dicho ERE, la juez Núñez Bolaños consideró que los trabajadores de Azucareras Reunidas eran «legítimos beneficiarios» al reunir «todos y cada uno de los requisitos» y porque las cuantías abonadas «no se han apartado de su destino previsto presupuestariamente».

Pieza política, primer juicio

La primera pieza que será enjuiciada es la relativa al procedimiento específico, en la que han sido procesados 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados de delitos de prevaricación y asociación ilícita y 18 también por malversación. Además de Chaves y Griñán, se sentarán en el banquillo de los acusados seis ex consejeros del Gobierno andaluz (Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo), dos ex viceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA, entre otros.

De momento, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla no ha elevado aún las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que asigne la causa a una sección del orden penal para su enjuiciamiento. Las fuentes jurídicas se muestran convencidas de que ese paso no se dará hasta que la Sección Séptima resuelva los recursos interpuestos por una veintena de procesados contra el auto por el que el juez de refuerzo Álvaro Martín decidió continuar las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, lo que podría ocurrir a finales de mes. La Audiencia también tiene que resolver el recurso que presentó el colectivo Manos Limpias -acusación popular en el caso- contra la decisión del instructor de archivar las actuaciones contra los vocales del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a los que la juez Mercedes Alaya había imputado en mayo de 2014.

La Audiencia de Sevilla cuenta con cuatro secciones penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima), aunque la última está descartada al ser la que ha conocido el caso durante la fase de instrucción por ser la encargada de resolver los recursos. Las fuentes consultadas consideran que las que más opciones tienen son la Primera y la Tercera, puesto que la Cuarta está más especializada en el enjuiciamiento de casos de violencia machista.

Como publicó este diario el pasado 2 de enero, el estamento judicial trabaja para que el primer juicio del caso ERE se celebre durante 2017, ante el efecto negativo que representa que unos hechos que empezaron a investigarse hace seis años aún no tengan sentencia.

¿Cuándo acabará el caso?

Es imposible aventurar cuándo terminará la investigación y el enjuiciamiento de las decenas de piezas separadas en que se desgajará la causa matriz -éstas suman unos 260 investigados- puesto que hay recursos que pueden marcar el devenir de la instrucción. Abogados personados en la causa dan por hecho que, en condiciones normales, los juicios no terminarán «antes de 2025». Este plazo sólo se aligeraría si se creara, siquiera temporalmente, una sección específica para enjuiciar los casos de corrupción que se instruyen en juzgados sevillanos. Además de los ERE fraudulentos, el fraude de los cursos de formación, las facturas falsas de UGT-A e Invercaria, entre otros.

La tardanza en la investigación y en que los hechos lleguen a la sala de vistas allanan el camino a que procesados planteen dilaciones indebidas y a que eventualmente puedan suavizarse penas en caso de condenas.