El Gobierno de Susana Díaz considera que la entrada de agentes en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio «valida» la actuación de la Junta de Andalucía en el procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), uno de los proyectos ‘estrella’ del Ejecutivo autonómico e investigado por un juzgado por presuntas irregularidades.

A preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz Miguel Ángel Vázquez ha confirmado este martes la personación de agentes de la UCO en la Consejería de Empleo durante la jornada de ayer -como desveló ayer El Independiente– y ha asegurado que funcionarios de la Junta ya trabajan para responder al requerimiento de documentación «en tiempo y forma». «Toda la información que está aportando el Gobierno de Andalucía al juzgado valida la transparencia y la legalidad del concurso de adjudicación de la mina», ha defendido Vázquez, que ha precisado que los investigadores policiales aún «no se han llevado un solo documento» de Empleo.

Periodista de profesión, Vázquez ha expresado su «extrañeza» por el hecho de que «algún medio de comunicación» -en alusión velada a este diario- «ya supiera [supuestamente] que los agentes iban a la Consejería de Empleo incluso antes de que se presentaran». «Esa forma de actuar no ayuda ni contribuye al esclarecimiento del tema y desde luego tampoco favorece la investigación», ha añadido el portavoz de Susana Díaz, que ha excusado ofrecer detalles sobre la documentación requerida por la UCO.

El portavoz de Susana Díaz critica que este diario se enterara que los agentes irían a la Consejería de Empleo

Como está informando El Independiente, el juzgado que investiga el posible amaño del concurso por el que se adjudicó al consorcio Minorbis-Grupo México la explotación del yacimiento minero sevillano ha accedido a la petición de la UCO y ha librado un mandamiento para que la Junta haga entrega de todos los correos electrónicos -sin discriminación- enviados por funcionarios y altos cargos relacionados con la licitación de la mina de Aznalcóllar. La Fiscalía ha avalado esta medida, según ha podido confirmar este diario.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en su artículo 579, faculta al juez a acordar la «detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros» y su inspección en caso de apreciar «indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa». La autorización sólo está justificada en caso de delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos tres años de prisión, delitos cometidos en el seno de una organización criminal y por terrorismo.

Pieza «separada y secreta»

La ley establece que la solicitud  y las actuaciones posteriores a la medida solicitada se sustanciarán «en una pieza separada y secreta», como ha decretado en este caso la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco. Ello explica que la mayoría de las partes personadas en este procedimiento desconociera la petición de documentación de la Guardia Civil y la presencia de los agentes en la Consejería de Empleo, de la que depende la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Esta línea de investigación por parte de la UCO se enmarca en la indicación general formulada por la Audiencia de Sevilla en el auto dictada el pasado 19 de octubre por el que ordenó reabrir la causa al apreciar «indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo» y va más allá de la diligencia expresa que la juez Fernández Franco ordenó practicar a los investigadores policiales en el auto dictado el pasado 4 de diciembre. La instructora instaba a la Guardia Civil a elaborar un «informe completo» sobre el papel desempeñado realmente por Minorbis -filial del grupo andaluz Magtel- a fin de determinar si fue un «mero intermediario» para conseguir que el concurso se le adjudicara a una tercera entidad -Minera Los Frailes- «controlada absolutamente” por Grupo México.