«Garantizo que el referéndum no se va a celebrar». Con este tono taxativo se ha manifestado el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, respecto al horizonte de una consulta independentista en Cataluña. El secretario de Estado, que ha acompañado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su reunión con la líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cree que la Generalitat está intentando «reventar» su propio proceso para salir del embrollo del secesionismo.
Y ese referéndum, según la lógica de Moncloa, no tendrá lugar, primero porque «no se permitirá en ningún caso que se celebre», pero, también, porque creen que los independentistas «no forzarán tanto la maquina», a pesar de los antecedentes del 9-N de 2014, pseudoconsulta por la que está imputado Artur Mas.

A cada paso que éstos den, «se dará otro para cumplir la legalidad» y el Gobierno «será proporcional siempre», ha agregado en una comparecencia ante los medios sin querer concretar qué escenarios contemplan y la respuesta que darán a cada uno de ellos y si serán coercitivas.

A cada paso que los independentistas den, ‘se dará otro para cumplir la legalidad’

Más concreta ha sido Arrimadas, quien ha pedido a la vicepresidenta que se proteja a los «funcionarios para que no reciban presiones de la Generalitat», con el objeto de que se impliquen en la organización de la consulta. Son precisamente los funcionarios, el cuerpo al que se quiere dirigir la administración central del estado para recordarles que no pueden participar en calidad de tales en actividades que se saltan la legalidad. No cabe duda de que el Constitucional volverá a plantear un conflicto de ejecución en caso de que se plantee otra consulta.

La ‘operación diálogo’ hace aguas

Lo cierto es que la «operación diálogo» parece hacer aguas dada la escalada de los últimos días. Todo ello con el telón de fondo de la declaración ante el TSJC de Artur Mas, el día 6, por la convocatoria del 9-N, que se quiere convertir en una nueva demostración de fuerza, con más de 15.000 personas inscritas para acompañarle hasta la puertas del tribunal. El Gobierno central no quiere dar por fenecida la vía del diálogo y por ello Sáenz de Santamaría «habla cada día con la gente de Cataluña».

En ese clima se inscribe la reunión con Arrimadas, que pidió la líder de la oposición en Cataluña para poder trasladar la visión de Ciudadanos en los temas que se trataron durante la conferencia de presidentes, a la que dio plantón Carles Puigdemont. En todo caso, para rebajar el tono de la cita, la vicepresidenta se ha citado un poco antes con la todavía presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y con la vicesecretaria de Estudios y Programas de la dirección nacional popular, la también catalana Andrea Levy, para no sobredimensionar a la formación de Ciudadanos convencidos como están de que volverá a haber elecciones autonómicas a finales de este año o principios del siguiente.