Mientras el Gobierno catalán centra el debate público en la fecha del referéndum comprometido con la CUP y a en recabar el respaldo de los comunes de Ada Colau a una consulta necesitada de más apoyos populares, el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, avanza en la construcción de una Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) que vestida de “estructura de Estado para la independencia” asumirá en los próximos meses la gestión y recaudación de los impuestos propios y cedidos a la Generalitat.

Espriu sustituirá a Gaudí a partir del 1 de julio. No es una broma de mal gusto, sino la planificación de la ATC, que a partir de ese momento empezará a funcionar con un nuevo sistema informático, Espriu, destinado a sustituir el actual programa, Gaudí, que la Conselleria de Economía considera obsoleto e inservible para sus nuevas aspiraciones. Con el nuevo programa la Generalitat estará preparada para gestionar grandes tributos y en base a grandes censos. Esto es, preparada para gestionar todos los tributos catalanes, en caso de proclamar la independencia.

De momento, impuestos propios

Los objetivos iniciales, sin embargo, son más modestos, como reconocen desde el propio departamento. A partir del 1 de julio el nuevo sistema informático servirá para gestionar el impuesto sobre bebidas azucaradas que incluyen los presupuestos de la Generalitat, siempre y cuando se haya aprobado el reglamento que debe desarrollar esta nueva tasa.

Más adelante asumirá también la gestión de la tasa turística y los impuestos sobre las energías no renovables y las grandes superficies, que incluyen también los presupuestos. Y todos los tributos propios y cedidos por el Estado: Sucesiones y donaciones, Patrimonio, Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y Juego. En la actualidad, el 6% de la recaudación.

Espriu debe servir además para absorber la gestión ejecutiva de todas estas tasas que la Generalitat está asumiendo, en su proceso de sustitución de las oficinas de liquidación de los registradores de la propiedad, que hasta ahora hacían de ventanillas de liquidación de los impuestos cedidos.

El secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó, los citó el pasado octubre para anunciar que la Generalitat asumiría a partir de este año esa gestión, una forma de llenar de contenido la flamante Agencia Tributaria Catalana. Una de las principales “estructuras de estado” en construcción, que en los presupuestos de 2017 más que duplica su dotación económica, hasta los 93,3 millones de euros, y su dotación de personal, con 459 incorporaciones.

La ATC contará este año con 17 oficinas propias, a las que se suman las once de entidades locales, básicamente las cuatro diputaciones, cuyas oficinas tributarias trabajan coordinadamente con la Generalitat desde 2014 y utilizan el mismo sistema informático.

En este contexto se inscriben las explicaciones del secretario general de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, sobre las novedades técnicas en la ATC. Salvadó detalló además, para negar las afirmaciones del ex juez Santiago Vidal, que la información fiscal de los ciudadanos se obtendrá a través de las empresas, ya que deberán remitir a la Generalitat las cotizaciones sociales de sus empleados: “Habrá una base de datos que se construirá a partir de las declaraciones que harán las empresas que, en definitiva, son las que pagan los grandes impuestos que ahora recauda el Estado. No necesitaremos una base de datos específica”. Todo ello, una vez proclamada la independencia.