El ex presidente de la Generalitat Artur Mas se ha declarado impulsor y responsable político «de todo el proceso participativo del 9-N», y aún así, ni él ni las ex conselleras Irene Rigau y Joana Ortega tuvieron en ningún momento consciencia de desobedecer al Tribunal Constitucional, que en una providencia del 4 de noviembre de 2014 suspendió la consulta y «las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ellas», que en esos momento llevaba a cabo la Generalitat, tras admitir una segunda impugnación del 9-N impulsada por el Gobierno.

Así lo han declarado hoy en la primera jornada del juicio oral del 9-N en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y este será el eje de la defensa de los tres dirigentes de la Generalitat a los que la justicia ha señalado, junto al diputado Francesc Homs, como responsables institucionales de la celebración de la consulta del 9-N con apoyo de la Generalitat. Un proceso por el que Artur Mas se enfrenta a una petición de pena de diez años de inhabilitación y una multa de 36.000€ mientras Rigau y Ortega se exponen a una inhabilitación de 9 años y 30.000€ de multa, por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia al Tribunal Constitucional.

El deber de atender al Constitucional es un mandato impreciso, no reiterado, pendiente de aclaraciones’

Durante su declaración, Mas ha insistido que la iniciativa del 9-N respondió a «varios mandatos parlamentarios» y ha llegado a argumentar que, al recibir la segunda providencia del TC «contrapongo dos deberes: por un lado, mandatos parlamentarios explícitos y reiterados y un movimiento que iba más allá del gobierno, con mucha gente comprometida; por otro lado, el deber de atender al Constitucional, que entendimos que ya habíamos atendido, un mandato impreciso, no reiterado, pendiente de aclaraciones». Mas ha concluido que el primer mandato «era mayor, un gobernante tiene que calibrar la importancia de las cosas, entendí que ante la indefinición del TC y la evidencia de lo que estaba pasando mi deber era que esa jornada se pudiera celebrar en condiciones de normalidad democrática, cívica y de paz social».

Tanto el ex president como las ex conselleras, que han respondido exclusivamente a sus defensas, han insistido una y otra vez en que el Constitucional no respondió al recurso de súplica presentado por la Generalitat ante el TC para pedir aclaraciones sobre el alcance de la providencia que suspendía por segunda vez la consulta, por lo que consideraron que estaban habilitados para seguir adelante. Además, argumentan que cuando llegó esa providencia, la maquinaria del 9-N ya estaba en marcha y en manos de los voluntarios, en los que han descargado toda la responsabilidad de su gestión final.

Rigau se ha escudado en que el Gobierno tampoco cumple las sentencias del Alto Tribunal que otorgan competencias a la Generalitat y ha contrapuesto el desconcierto en el que, según ellos, vivieron los días previos al 9-N de 2014 con la claridad en las actuaciones del Alto Tribunal cuando en 2015 suspendió una resolución del Parlament sobre la hoja de ruta independentista, suspensión que fue comunicada a todos los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern personalmente por funcionarios judiciales. Un ejemplo al que han recurrido también sus compañeros de banquillo

Intervención de Barrientos

Todo ello durante una primera sesión de la vista oral que ha empezado con 50 minutos de retraso. Los tribunales suelen considerar una falta grave que los acusados lleguen tarde aun juicio, algo que hoy no se ha planteado en el TSJC pese a que Mas, Rigau y Ortega han entrando en la sala con más de media hora de retraso. El presidente de la Sala, Jesús Barrientos, ha advertido sin embargo a las defensas, cuando el tribunal llevaba ya 30 minutos constituido sin que sin que los acusados hubieran hecho acto de presencia.

Barrientos ha intervenido además en tres ocasiones durante el interrogatorio a Artur Mas para pedir al ex president que no hiciera juicios políticos o de intenciones sobre las decisiones del Constitucional y se ciñera a las preguntas de su abogado. Un tira y afloja entre Mas y Barrientos que ha llegado hasta la última pregunta del interrogatorio, cuando el letrado Xavier Melero ha preguntado a Mas si se responsabilizaba de la apertura de institutos y éste ha respondido con un genérico «fui el máximo responsable de la idea del proceso».

Enseñanza no da órdenes por escrito

Mañana se reanudará la vista con las declaraciones de los primeros testigos, entre ellos varios directores de institutos que abrieron sus puertas para permitir la consulta y la entonces directora del Instituto Pedraforca, Dolores Agenjo la única que se negó a entregar las llaves del centro a los voluntarios del 9-N y que después denunció presiones de la Conselleria por esa negativa. Preguntada por estos hechos, Rigau ha asegurado hoy ante el tribunal que «no hizo falta forzar» a nadie para que colaborara con la consulta y ha señalado el caso de Agenjo fue un «caso singular, hacía peticiones que iban más allá que los otros y se decidió no usar ese centro».

Entre las peticiones extraordinarias de Agenjo estaba la de recibir por escrito la orden de dar las llaves del centro a extraños. Un extremo que Rigau ha considerado innecesario, argumentando que «nunca se pide por escrito la orden de ceder un instituto porque la Generalitat es el titular del edificio».

Aunque el plato fuerte de las declaraciones de testigos llegará el miércoles, con las comparecencias del ex conceller de Presidencia Francesc Homs -cuyo juicio instruye el Tribunal Supremo, por ser diputado en el Congreso- el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, o el presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi Sunyer.