¿Quién fue el muñidor de las reuniones entre el ex ministro Jorge Fernández Díaz y el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso? ¿Quién era el mando policial que convenció al titular de Interior de la conveniencia de instalar un dispositivo en su despacho para grabar las conversaciones? ¿Qué papel desempeña Marcelino Martín-Blas, el polémico comisario que investiga el caso del pequeño Nicolás por encargo del juez tras su destitución como responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía? Éstos son los protagonistas de un escándalo que, más de siete meses después de que trascendiera, sigue todavía sin una explicación oficial.

1.-Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior desde diciembre de 2011 a noviembre de 2016. Fue en su despacho oficial del Paseo de la Castellana, 5 donde se grabaron al menos dos de las reuniones que mantuvo en octubre de 2014 –semanas antes de la consulta soberanista del 9-N– con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, y que el diario Público difundió en la recta final de la campaña de las elecciones generales del 26-J. Como ha desvelado El Independiente, autorizó la colocación de un dispositivo de grabación en su despacho, lo que explica que ni se querellara como supuesta víctima de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos ni que se investigara a fondo el escándalo. Éste sigue sin tener una explicación oficial más de siete meses después de que se conociera el contenido de las grabaciones. Cuando el diputado Fernández Díaz se reincorpore tras su convalecencia, el Congreso pondrá en marcha los trabajos de la comisión de investigación cuya constitución se aprobó el pasado 27 de septiembre a fin de depurar eventuales responsabilidades políticas por el uso presuntamente partidista de medios del Ministerio del Interior para conspirar contra políticos independentistas catalanes.

2.-Daniel de Alfonso. En su calidad de jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, cargo al que había accedido el 21 de julio de 2011, De Alfonso se reunió dos veces con el titular de Interior en el despacho de éste (los días 2 y 16 de octubre de 2014) para intercambiar información acerca de casos que comprometían a dirigentes independentistas. Días después de que trascendieran las conversaciones, el Parlament lo destituyó al apreciar un «notorio y grave incumplimiento de los deberes y obligaciones» y Daniel de Alfonso se reincorporó a su plaza de magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona. Hoy sirve en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria  1 de Cantabria, con sede en Santander.

3.-Eugenio Pino. Fue la persona elegida por Fernández Díaz para ocupar la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, el número dos en la estructura del cuerpo, 20 días después de su nombramiento como ministro. Pino se jubiló el 23 de junio de 2016, días después de que Público difundiera los audios en los que el ministro y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña hablan sobre investigaciones que afectaban a políticos independentistas, como familiares de Oriol Junqueras y del entonces consejero Felip Puig. Es una persona clave en el episodio de las grabaciones -fue la persona que convenció al ministro de la conveniencia de instalar un dispositivo en su despacho para grabar las conversaciones y quien pidió una minigrabadora al comisario Enrique García Castaño, como informa hoy este diario- y en la operación Cataluña. En su etapa como DAO, la Policía obtuvo el ‘pantallazo’ que acreditaba cómo la familia Pujol tenía patrimonio oculto en bancos de Andorra.

4.-José Ángel Fuentes Gago. Hombre de confianza de Eugenio Pino, del que fue jefe de gabinete, este inspector jefe que presidió el Sindicato Profesional de Policías (SPP) fue el muñidor de las reuniones entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, como ha reconocido éste. Como ‘pago’ por los servicios prestados, fue nombrado agregado de Interior en la Embajada de España en La Haya (Holanda) en junio de 2015, lo que le procura un sueldo mensual de 10.000 euros. Fuentes Gago fue la persona a la que se encargó que investigara el patrimonio millonario del comisario ya jubilado José Manuel Villarejo, sin que apreciara irregularidades.

5.-Enrique García Castaño. El director de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional es un superviviente: es el único alto cargo policial que sigue en el mismo puesto que ocupaba el 11 de marzo de 2004. García Castaño controla uno de los grupos clave en cualquier investigación: técnica, escuchas, grabaciones… Ha resistido a gobiernos de todos los signos políticos, aunque su exposición pública se disparó en 2015 cuando apareció, junto al comisario Villarejo, en las grabaciones efectuadas en la cafetería Mallorquina al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en relación con el alquiler de su ático a través de empresas pantalla norteamericanas. El Ministerio del Interior le abrió una información reservada a finales del pasado mes de enero tras desvelar Público sus conversaciones con Eugenio Pino y su implicación en el presunto chantaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Casa Real, consistente en desvelar detalles de la supuesta relación entre el rey Juan Carlos y la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein si los citados mandos policiales son llamados a declarar en el marco del caso del pequeño Nicolás.

6.-Marcelino Martín-Blas. Ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, su importancia en el caso de las grabaciones en el despacho del ministro Jorge Fernández Díaz pivota alrededor de su cambiante relación con Eugenio Pino. Cercanos en origen, hasta el punto de encargarle la investigación del caso del pequeño Nicolás, fue su actuación en estas pesquisas lo que le condenó. Pino forzó su destitución como responsable de dicha unidad por participar en una reunión «ilegal» con agentes del CNI en octubre de 2014 que posteriormente fue difundida y por enviar un informe al juzgado en el que identificaba erróneamente al comisario Villarejo como la persona que supuestamente aparecía junto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias -conocido como el Pequeño Nicolás- en un parque madrileño. El ex número dos de la Policía no le perdonó que la enemistad «manifiesta y excesiva» que mantenía con Villarejo afectara a su actuación en el caso y Martín-Blas pasó factura a Pino por posicionarse a favor de Villarejo. Semanas después de ser destituido como responsable de Asuntos Internos, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, lo puso al frente de la comisión judicial que investiga el caso del pequeño Nicolás. El fiscal ha solicitado sin éxito en tres ocasiones al instructor que aparte a Martín-Blas, al apreciar falta de imparcialidad: la víctima de un delito no puede ser quien lo investigue.

7.-José Manuel Villarejo. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en los 70 especializándose en la lucha antiterrorista en el País Vasco, concretamente en San Sebastián, durante los últimos años del franquismo. Tras una excedencia de 10 años, durante la cual construyó un auténtico entramado empresarial, se reincorporó a la Policía en 1993 como ‘agente encubierto’, adscrito oficialmente a la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior. En la práctica, ha sido durante casi 25 años un verso libre, sin comisaría ni cargo oficial, que ha recabado información en todas partes y ha terminado estando presente, de una manera u otra, en prácticamente cualquier gran caso. Su enemistad con el comisario Marcelino Martín-Blas, con quien trabajó en la investigación del patrimonio oculto de los Pujol en bancos andorranos en 2012, tiene su origen en el caso Gao Ping, en el que el entonces jefe de Asuntos Internos trató de involucrar tanto a él como a su hijo. Lejos de cesar las hostilidades, Martín-Blas acusó a Villarejo de efectuar y filtrar la grabación de su reunión con los agentes del CNI, objeto de una de las piezas separadas del caso del pequeño Nicolás. En sede judicial, Villarejo llegó a tildar a Martín-Blas de «delincuente», antes de ser reprochado en su actitud por el juez Zamarriego.

8.-José Santiago Sánchez Aparicio. Estaba al frente de la Comisaría General de Policía Judicial cuando el ministro del Interior encargó una investigación secreta para aclarar cómo se grabó y quién filtró las cintas de las reuniones que mantuvo con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña en octubre de 2014. Hasta que Fernández Díaz le confió dicha comisaría el 18 de octubre de 2013, Sánchez Aparicio ocupaba la jefatura de la división de Formación y Perfeccionamiento de la Policía. A mediados de julio se jubiló como policía y, a la vuelta del verano, se incorporó a la empresa de seguridad privada Prosegur como responsable de Relaciones Institucionales.

9.-Ignacio Cosidó. El nombre de Ignacio Cosidó, director de la Policía Nacional desde 2011 hasta el pasado 18 de noviembre de 2016, ha emergido con fuerza en las notas reservadas aportadas por José Manuel Villarejo relativas al caso Pujol. En ellas, Villarejo acusa a Martín-Blas de haber «no sólo ignorado, sino sistemáticamente boicoteado» relevantes líneas de investigación sobre el clan familiar, «gracias al apoyo del DGP (Cosidó) y sin duda a la pasividad del DAO (entonces Eugenio Pino)». Cosidó se ve así salpicado en una guerra entre comisarios sobre la que, en sede judicial e interrogado sobre la grabación de la reunión entre Marcelino Martín-Blas y agentes del CNI, dijo no conocer absolutamente nada. Actualmente, Cosidó es senador en representación de las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular.