La transparencia, una de las banderas de Podemos desde sus comienzos, parece haberse vuelto en contra. El camino a Vistalegre II se ha ido enfangando en los últimos días, con términos cada vez más duros y críticas entre las principales corrientes. Una vez terminada la Asamblea Ciudadana Estatal de este fin de semana, la formación quiere cerrar el ciclo, restañar las heridas y evitar que se prolongue lo que consideran una situación de excepción.

En medio de este proceso interno que enfrenta al secretario general, Pablo Iglesias, y a Iñigo Errejón, secretario político, el propio Iglesias ha mostrado su visión sobre el exceso de transparencia que ha pesado a Podemos. Más aún en un proceso interno después del cual tendrán que poner coto a estos excesos, que han incluido acusaciones cruzadas y descalificaciones personales en las redes. Será la Comisión de Garantías del partido, que se renovará según los documentos ganadores del proceso, la que regule en buena medida los términos de estas limitaciones. Mientras los errejonistas defienden una «concepción amplia» de la libertad de expresión que integre la crítica y establece un marco general, el pablismo deja la concreción para más adelante, y fija que sea la propia Comisión la que establezca el régimen sancionador relativo a estas cuestiones.

«Uno de los errores que hemos cometido es llevar la transparencia a límites absurdos», reconocía este miércoles el líder de Podemos en una entrevista con El País, al tiempo que aseguraba que «la transparencia tiene que ser compatible con no hacer daño a la organización». Tres años después del congreso fundacional de Podemos, Iglesias ha vinculado la maduración del partido a la capacidad de establecer ciertos límites: «Una de las cosas que tenemos que hacer es madurar y no llevar a los medios algunas cosas que se negocian», señalaba, en relación con las reuniones que habrían tenido lugar fuera de foco entre las dos principales corrientes.

En esta línea continuaba Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido que participa activamente en la campaña de Iglesias: «Escucho decir cosas que en cualquier otro partido implicarían directamente la expulsión», destacaba el ex dirigente a Mañanas Cuatro, que instaba a Podemos a «considerar qué hacer» con las declaraciones salidas de tono. «Cuando uno está militando no puede difamar al partido», señalaba, a la vez que puntualizaba que «en la pelea interna la gente está hablando de más».

Monedero puso un tema sobre la mesa del que tampoco está exento. Su papel en la pugna interna de Podemos del lado del pablismo subleva a los errejonistas, que creen que Monedero lanza descalificaciones desde la comodidad de no ser miembro orgánico de la formación, evitando así dar cuenta de sus palabras. El propio Errejón le acusaba este martes noche, en un acto en Sevilla, de «intentar sembrar cizaña».

El ex magistrado y diputado Juan Pedro Yllanes, número tres de la candidatura errejonista, expone en conversación con El Independiente el espíritu que defenderán en este debate, el de «respetar las críticas siempre que respeten los derechos fundamentales de la persona, entre ellos el derecho a la imagen». «Limitar libertad de expresión por el hecho de que pueda ser criticada la actuación de algún miembro de Podemos resulta intolerable», sentencia el ex magistrado, para quien la transparencia y el debate abierto son distintivos del partido.  Sin embargo, Yllanes si hace una distinción, separando las críticas «legítimas» de lo que considera la «desinhibición» de las redes sociales, que estos días escenifica una guerra abierta entre las principales corrientes. Una guerra a la que es difícil poner límite por el anonimato bajo el que se resguardan las ofensas.

El órgano que delimita la libertad de expresión

El amplio debate sobre la libertad de expresión está a punto de aterrizar en la organización, que tendrá que encarar la siguiente etapa definiendo criterios claros respecto a las críticas en el seno del partido. Lo hará a través de la Comisión de Garantías, el tribunal interno de Podemos y uno de los órganos más polémicos de la última etapa de la formación, que tendrá que ser elegido en Vistalegre II. Las decisiones de la Comisión de Garantías han sido continuamente puestas en cuestión y este mismo jueves varios expulsados por este órgano han convocado una concentración frente a la sede del partido, tal como ha adelantado El País, ante lo que consideran un criterio discrecional y falto de objetividad.

Ante la exigencia general de garantizar la independencia de este órgano, las dos candidaturas principales, Podemos para Todas, de Iglesias, y Recuperar la Ilusión, de Errejón, reflejan las líneas generales que regirán esta comisión en sendos documentos organizativos. El texto de Iglesias, Podemos para Todas [PDF, página 27-30], deja estos criterios a juicio del futuro órgano de dirección, el Consejo Ciudadano Estatal, sin concretar las líneas generales de actuación del tribunal de Podemos en caso de que salga elegido su documento organizativo. Fuentes de esta candidatura apuntan a que «no hay nada definido sobre esto» y que debe interpretarse más en clave de «declaración de intenciones» que como un marco concreto. En caso de que gane el documento pablista en Vistalegre II, los términos de este debate se establecerán a posteriori.

El texto errejonista [PDF, pág 44-59] sí concreta a lo largo de 14 páginas el reglamento detallado previsto para el Comité de Garantías y establece los tipos de infracciones -leves, graves o muy graves- y sus sanciones correspondientes. Entre las faltas leves contempla «las manifestaciones públicas situadas fuera del debate ideológico que tengan por objeto desacreditar personalmente o menospreciar a personas inscritas en Podemos», una falta que sería sancionada con una suspensión de la militancia de hasta tres meses y la inhabilitación de hasta seis.

Yllanes, encargado de redactar el apartado legal del documento errejonista, considera que «situarlas como faltas graves provocaría reducir los límites de la libertad de expresión». Reconoce también la importancia de la transparencia en el tribunal interno de Podemos y defiende con ahínco una de las medidas propuestas por su candidatura: la publicación de las resolución del Comité de Garantías, como muestra de que «no hay nada que ocultar» en este tipo de dictámenes.