El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) recoge en más de 500 folios los argumentos que le han llevado a condenar a Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, Álvaro Pérez a 13 años de cárcel y a otros ocho personas a penas que oscilan entre los nueve y los tres años de prisión, entre ellas la ex consellera de Turismo Milagrosa Martínez en el caso Fitur. 

  1. La organización. Los jueces afirman que «existe una organización estructurada, jerarquizada y liderada por Francisco Correa y controlada y liderada por Pablo Crespo formalizada en un entramado de sociedades, originariamente radicadas en Madrid y que proyecta sus actividades en Valencia por lo que constituye Orange Market en la que se insertan procedentes de la organización de Madrid Álvaro Pérez que la dirige y otras tres personas».
  2. Las actividades. El grupo de Correa en Valencia centra sus actividades en la conselleria de Turismo «al realizar trabajos de participación institucional de promoción turística de certámenes feriales y la obtención de adjudicaciones de contratos sobre todo publico, en especial el stand de Fitur, con una periodicidad anual».
  3. La introducción. Esta red de corrupción logró sus objetivos al «valerse de las relaciones» de Pérez «con personas que ocupan cargos institucionales en la Generalitat valenciana».
  4. Los objetivos. El tribunal afirma que esta trama «quería obtener por cualquier modo los máximos beneficios de los fondos públicos de la administración turística de Valencia». Por ello, «manipularon las condiciones del contrato de Fitur y de otras ferias».
  5.  Información privilegiada. Los jueces sostienen que Correa y su grupo «tenía conocimiento previo de las condiciones» de los contratos con la consejería de Turismo. También que esa información «privilegiada» les permitió ajustar «a su medida» los contratos que les adjudicaba Turismo.
  6. El sistema. Los togados afirman que el sistema de facturación «no respondía a los elementales requisitos exigibles». También que son «escasas» las facturas que «precisan los importes que corresponden a cada concepto y cuando ocurre aparecen extras de servicios o suministros pretendidamente al margen del contrato».
  7. Los delitos. Los jueces explican pormenorizadamente los motivos por los que impone a Francisco Correa seis años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal sostiene que el jefe de esta red de corrupción «asume un papel organizador siendo precisamente la obtención de ese lucro indebido lo que inspira su actuación valiéndose de las diferentes empresas de su grupo para lograrlo tras haber generado el clima adecuado dentro del seno de la conselleria». A esta actuación, añade la resolución, «se une la facturación» que presentan en Turismo «dando pie a los correspondientes pagos indebidos de 276.000 euros».
  8. Las consecuencias de esta actividad. Los jueces son muy duros con las actividades de Francisco Correa al afirmar que «la disposición indebida ha causado un entorpecimiento del servicio público porque ha pervertido todo el sistema», ya que ha generado «una estructura corrupta que ha despreciado la igualdad de oportunidades que debe regir en todo proceso de contratación con el desprestigio que para la administración autonómica conlleva».
  9. Defensa de las pruebas contra los condenados. Los jueces rechazan todas las peticiones de nulidad planteadas por las defensas de los condenados, aunque dejan la puerta abierta para que, por ejemplo, el letrado de Correa, Juan Carlos Navarro, se plantee pedir que se considere como atenuante que la detención de su cliente en febrero del 2009 acordada por el entonces juez Baltasar Garzón «no respetó las 72 horas». Sin embargo, el tribunal explica que en este caso se debe aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que este plazo de 72 horas debe empezar a contar desde el momento en que los detenidos pasan a disposición judicial cuando «la intervención de la policía» fue «más amplia». Y es que la policía detuvo a Correa y a otros imputados y llevó a cabo 17 registros e interrogó a los detenidos y puso en libertad a la ex mujer del jefe de esta trama, Carmen Rodríguez, antes de pasar a disposición judicial.