Este memorándum plantea la cuestión de cómo podemos optimizar nuestra forma de involucrarnos en tratar a individuales conocidos por su oposición a nuestro Gobierno. O dicho más abruptamente: ¿Cómo podemos utilizar la maquinaria estatal para joder a nuestros enemigos?”.

El escrito, literal, pertenece a John W. Dean, asesor del presidente de EEUU Richard Nixon, quien en agosto de 1971 dejaba negro sobre blanco lo más turbador de lo que sería el escándalo Watergate, la idea de una lista de enemigos del presidente a los que iban a hacer la vida imposible: contribuyentes a la campaña de los demócratas, activistas políticos, periodistas…

El momento en el que se entrecruza el concepto de rivales políticos con el de enemigos, a quienes hay que destruir utilizando la propia administración pública, al servicio de un gobierno.

Ahora asistimos a la guerra policial que se ha desatado en torno a la última legislatura del presidente Mariano Rajoy y su ex ministro del Interior. Se trata de la BARC, una brigada policial sobre la que planea la sospecha de si Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, utilizó para investigar a rivales políticos.

Sería el caso de los supuestos delitos de la familia Pujol con el fin de desacreditar al independentismo y las posibles actividades delictivas de Pablo Iglesias , líder de la fuerza Podemos que emergió precisamente durante la misma legislatura. Un escándalo avivado precisamente por el descubrimiento de que las conversaciones en el despacho del ex ministro con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, se grabaron con el consentimiento del propio Fernández Díaz, tal y como ha revelado El Independiente.

En el caso del presidente Richard Nixon, las cintas apuntarían al encubrimiento del célebre allanamiento de la oficina demócrata en el complejo de apartamentos Watergate. Una operación para instalar micrófonos y espiar la campaña del demócrata George McGovern para las elecciones de 1972. Ocurrió el 17 de junio de ese año, cuando los asaltantes fueron descubiertos y en poco tiempo se pudo establecer la conexión entre lo que desde la Casa Blanca se denominó inicialmente “banda de rateros” y el ejecutivo. En esencia, miembros contratados por el director de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente, James McCord, y entre cuyas pertenencias había un papel con un número de teléfono de la Casa Blanca a nombre del ex agente de la CIA, Howard Hunt.

Lo que hundiría a Nixon no sería tanto el delito de sus fontaneros como el encubrimiento, la mentira contada al pueblo americano

Pero lo que hundiría a Nixon no sería tanto el delito de sus fontaneros como el encubrimiento, la mentira contada al pueblo americano: negar desde el primer momento que ni el ejecutivo ni el Comité para la Reelección tuvieron nada que ver, cuando durante esos mismos días, en los que se conoció la irrupción del “grupo de rateros” en los apartamentos del Watergate, Nixon y su círculo de confianza discutieron durante horas cómo tapar el escándalo. Todo quedó registrado por un sistema de grabación secreto que se conocería después.

No sólo se limitaba a los días inmediatos a la detención de los asaltantes: serían cientos de horas sobre el caso Watergate durante el año siguiente, que los investigadores e historiadores más concienzudos aún tratan de digerir. Nixon se obsesionaría con el encubrimiento hasta límites insospechables, volviendo sobre ello una y otra vez en sus conversaciones en la Casa Blanca con sus colaboradores.

En febrero de 1973, el escándalo Watergate ya había pasado de los titulares del Washington Post al Senado y al juez Sirica: dos investigaciones paralelas, una política y otra judicial que arrinconarían a Nixon, ‘Dick el tramposo’ como se le apodaba despectivamente. El detonante de la bomba que acabaría con su presidencia estalló en la primera de ellas, cuando durante las sesiones del Comité Ervin del Senado, el 16 de julio de 1973 subió a declarar Alexander Butterfield, asistente en la Casa Blanca de Nixon. Fred Thompson, republicano miembro del comité, fue el encargado del interrogatorio:

– ¿Señor Butterfield, estaba usted al tanto de la existencia de algún método de grabación, de escucha en el Despacho Oval?
– Sí, estaba al tanto de la existencia de aparatos de escucha.
– ¿Cuándo se instalaron esos aparatos?
– Aproximadamente en el verano de 1970, no puedo precisar un día concreto, pero creo que la instalación se hizo entre abril y mayo de ese año y duró hasta el final del verano o principios de otoño.
– ¿Nos podría explicar un poco más sobre cómo funcionaban esos aparatos? Cómo, por ejemplo, ¿cuándo se ponían en marcha?
– No tengo las nociones técnicas pero sí puedo contar cómo se ponían en marcha esas grabaciones, fueron instaladas por supuesto con el objetivo de servir históricamente sobre la forma de actuar del presidente, y fueron instalados en dos de sus despachos: el despacho Oval y en el EOB despacho.

La estupefacción se apoderó de todos. Para el fiscal especial del caso Watergate, Archibald Cox, la noticia era demasiado buena para ser verdad. Nixon había grabado sus propias conversaciones con sus asesores de primer nivel. No era la primera vez que se habían instalado mecanismos de este tipo: Eisenhower ya había grabado conversaciones, pero tal y como se revelaría en el caso de Nixon, las grabaciones iban mucho más allá de lo imaginable: se activaban automáticamente por voz, de forma que todas y cada una de las conversaciones, anécdotas, discusiones, bromas y hasta cuestiones personales habían sido registradas.

Mientras Jorge Fernández Díaz, ex ministro de Interior mantiene que no sabía nada de las grabaciones en su despacho, desmintiendo el testimonio del que fuera número dos de la Policía Eugenio Pino, que confirmó esta semana que en el ministerio de grababa «todo», Nixon, que ya estaba bajo el atento dedo acusador no ya de la prensa, sino de los jueces y el senado, no tenía escapatoria.

La revelación de Butterfield había sido consecuencia de la declaración, también ante el senado de John W. Dean, ex asesor legal del presidente, que, sin embargo, había comenzado a colaborar con la justicia desde abril de 1973, en mitad del proceso del juez Sirica y paralelamente a la investigación del Senado.

Dean estaba ya inmerso en el doble juego explicando todo lo que sabía sobre el encubrimiento del caso Watergate por parte de Richard Nixon y su círculo más próximo: H. R. Haldeman, jefe del gabinete y John Ehrlichman, asesor para asuntos internos, entre otros, principales responsables de la campaña ilegal de los llamados “fontaneros” de Nixon contra sus rivales políticos, además de Charles Colson, consejero especial para la presidencia y Gordon Liddy, jefe operativo del Comité para la Reelección.

Los cuatro segundos de aire y silencio que mantuvo Alexander Butterfield antes de revelar la verdad sobre las cintas, fueron el instante en el que se decidió el destino de Richard Nixon. El ayudante había llegado a la conclusión de que sólo revelaría la existencia del sistema de grabación de la Casa Blanca, uno de los secretos mejor guardados de la administración, si le preguntaban directamente sobre ello.

Dean, como él mismo relata en su crónica sobre el caso Nixon, –The Nixon Defense: What he knew and when he knew it– había allanado al camino al sembrar la duda ante los miembros del comité sobre su sospecha de que las conversaciones que tenían en el despacho oval estaban siendo grabadas.

Después de algún interrogatorio difuso los días previos en el que Butterfield no reveló la existencia del sistema, sencillamente porque no le habían preguntado directamente, el 13 de junio de 1973 Fred Thompson hizo por fin la pregunta fatal.

La noticia cogió por sorpresa a Nixon en el hospital naval de Bethseda, aquejado de una neumonía, y dijo estar sorprendido por las revelaciones

Tanto el fiscal como parte de la prensa barajaron la posibilidad de que fuera, de hecho, el contraataque de Nixon: si había cintas y no habían sido destruidas cabía la posibilidad de que de alguna forma probarían su palabra frente a las acusaciones de encubrimiento. La realidad es que la noticia cogió por sorpresa a Nixon en el hospital naval de Bethesda, aquejado de una neumonía, el mismo donde se había llevado a cabo la polémica autopsia de John F. Kennedy tras ser asesinado en Dallas en noviembre de 1963.

El todavía presidente de los EEUU recibió la noticia el mismo 13 de julio de 1973 y dijo estar sorprendido por las revelaciones. Lo cierto es que sería Alexander Haig, el encargado de su defensa, tras la destitución de John Dean, el que le pondría las opciones sobre la cama de su hospital: “Señor Presidente, creo que sólo tiene dos opciones: o no entrega las cintas o las destruye”

Tal y como explicaría el propio Alexander Haig en sus memorias Inner Cricles: How America changed the world, Nixon preguntó por los pros y contras de cada una de ellas:

“Si conserva las cintas y se niega a hacerlas públicas se pasará el resto de la legislatura luchando a brazo partido con los fiscales, el Congreso y los medios. Al final, lo más probable es que se tenga que rendir. Si las destruye será atacado con violencia por sus adversarios como una muestra evidente de culpabilidad, algunos admirarán su sentido común, será una presión insoportable pero en cualquier caso si va a hacerlo tiene que ser rápido”.

Alexander Haig se refería a que debía hacerlo antes de que el comité del senado emitiera una orden para obtener las cintas. Además, nadie en el gobierno habría estado dispuesto a destruirlas por él, puesto que podrían haber acabado en el banquillo de acusados por obstrucción a la justicia. O lo hacía él mismo o alguien del Servicio Secreto.

Lo más increíble es que a la mañana siguiente, según Dean, Nixon se convenció de que Butterfield les había hecho en realidad un favor y que con las cintas quizás probaran su inocencia. Todos sus consejeros de entonces quedarían atónitos y todos le aconsejaron destruirlas.

Lo que impulsaba al presidente de EEUU era el rechazo a aparecer como un cobarde culpable que borra sus huellas

Lo que impulsaba al presidente de EEUU era el rechazo a aparecer como un cobarde culpable que borra sus huellas y trató de convencerse a sí mismo de que no había hecho ni dicho nada que pudiera tomarse como una prueba de su conspiración tanto en las órdenes como en el encubrimiento de las operaciones de sus fontaneros.

Como por ejemplo, las acusaciones de John Dean de haber comprado a Howard Hunt, el ex agente de la CIA, que estaba a sueldo de la Casa Blanca en el momento del Watergate y cuyo teléfono se encontró en uno de los bolsillos de los asaltantes del Watergate.

Pero las cintas, por mucho que quisieran interpretarse, acabarían corroborando en esencia las acusaciones de Dean de encubrimiento. Como había previsto Alexander Haig, el comité del Senado emitió una orden el 23 de julio sobre las cintas. Para entonces, la estrategia de Nixon y su equipo se basó ya en esgrimir todas las argucias posibles para no entregarlas.

Nixon declaró que después de escucharlas eran “consistentes con lo que sé que es la verdad y lo que he declarado sobre esa verdad. No obstante, como en cualquier grabación de una conversación informal pueden contener comentarios de otras personas con diferentes perspectivas y motivaciones que inevitablemente se interpretarán de muy diversas formas”, según relata Elizabeth Drew en Washington Journal: reporting Watergate and Richard Nixon’s downfall.

Con una orden pendiente ya no había posibilidad de destruirlas y la predicción de Haig se cumplió: comenzó la pesadilla para el presidente acuciado por los medios, el gran jurado y el Congreso. Pocos días después de la petición del senado Nixon se refugió en las prerrogativas presidenciales para no entregar las cintas. El juez Sirica emitió una nueva orden para que fueran entregadas y ante el rechazo de Nixon un tribunal de apelaciones dio la razón a la juez.

Nixon ofreció algunas de las transcripciones pero la presión y su evidente juego sucio alcanzó a su propio partido

Nixon ofreció algunas de las transcripciones pero la presión y su evidente juego sucio alcanzó a su propio partido. La figura del impeachment apareció en el horizonte, una fórmula por la cual el Congreso podía procesar al presidente. Muchos republicanos, partido al que pertenecía Nixon, le transmitieron que votarían a favor. Richard Nixon, 37º presidente de los EEUU, dimitió el 9 de agosto de 1974, y el sistema de grabación instalado resultó proporcionar un servicio único al país: irónicamente fue la manía obsesiva de Nixon de vigilar a sus enemigos la que acabó por hundirle a él. De la chapucera instalación de los micrófonos de una sede del partido demócrata a las escuchas del despacho oval.