Jueces para la Democracia ha solicitado al relator especial sobre magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, que visite España para que compruebe “la grave situación que atraviesa el Estado español en cuanto a independencia del poder judicial y acceso a la justicia por la ciudadanía”.

Esta asociación judicial le ha remitido una carta conjunta con la organización Rights International Spain en la que le formula esta petición y le informa de sus principales preocupaciones.

En primer lugar mencionan las “intromisiones del poder político” en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “con ausencia de criterios de mérito y capacidad en el nombramiento de altos cargos de la judicatura”.

Recuerdan que recientemente se publicó el informa Greco sobre España “en el que se expresan preocupaciones acerca de las interferencias del Gobierno en el nombramiento de los miembros del CGPJ e indirectamente en los altos cargos judiciales”.

Al respecto comentan que “el Consejo de Europa tuvo que recordar que el método de selección debería ser percibido como libre de toda influencia política”.

“La falta de independencia del CGPJ fue constata recientemente también por el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos del Consejo de Europa, que afirmó que no ha podido garantizar la división de poderes del Estado”, abundan al respecto.

Advierten de la “ausencia absoluta de diálogo con los operadores de justicia” en las “nueve reformas que ha sufrido la Ley Orgánica del Poder Judicial en la décima legislatura a instancia del Gobierno o del grupo parlamentario popular, aprobadas con el apoyo únicamente de este partido y que suponen una merma adicional a la independencia judicial”.

Las citadas organizaciones muestran también su preocupación por las “interferencias políticas mientras los jueces están desempeñando sus funciones” con una “presión” que “lamentablemente se ha convertido en algo común” y que “buscan influir sobre ellos para que cambien sus decisiones”.

Por otra parte se preguntan si la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a agilizar la administración de justicia en términos de recursos y sobrecarga de trabajo.

En este sentido recuerdan que jueces, fiscales y otros profesionales del derecho han argumentado que “la reducción de plazos de instrucción unida a la falta de recursos contribuirá en la práctica a una mayor impunidad particularmente en los casos de corrupción política y a un aumento de la desconfianza en los tribunales así como que la ley no se aplica a todos por igual”.

Jueces para la Democracia y Rights Internacional Spain advierten de que los recortes en la justicia han agravado la saturación de los juzgados y tribunales españoles y han causado “retrasos indebidos” y algunos, como los que afectan a la justicia gratuita, ponen “cada vez más obstáculos en el acceso a la misma para la ciudadanía”.

Por último mencionan la “puesta en marcha del proyecto Papel Cero con cero recursos, menor seguridad jurídica y riesgos a la confidencialidad de las actuaciones”.