La fiscalía anticorrupción ha salido en defensa del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, horas después de que el juez Eloy Velasco haya acordado que debe ser investigado por amañar contratos cuando dirigía la Consejería de Educación en esa región en una nueva pieza de la Operación Púnica. El ministerio público sostiene que el dirigente popular no ha perjudicado a las arcas públicas porque no llegó a formalizar los contratos para mejorar su reputación. Por  el contrario, la fiscalía defiende que la senadora Pilar Barreiro sea investigada en el Tribunal Supremo.

Anticorrupción, a través de un comunicado, explica que en ambos casos se investiga «la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos».

Indicios probados y falta de indicios

Sin embargo, sostiene que «más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos» en el caso de Barreiro su participación «aparece sustentada en diversos indicios que merecen ser investigados».

Esta situación no ocurre en el caso del presidente de Murcia, ya que «los contratos de publicidad no llegaron a formalizarse y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».

El juez atribuye a Pedro Antonio Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.

Los delitos

En el caso de la senadora Barreiro, Velasco le atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Por ello, el togado antes de mandar sus pesquisas a los tribunales correspondientes, acuerda pedir información a la Comunidad de Murcia y al Senado sobre la condición de aforados de ambos, ya que la Audiencia Nacional no es competente para investigarlos.

El juez Eloy Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14 en la trama de la operación Púnica , para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza.

Otros imputados

En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno de los investigados,  también dirige el procedimiento contra 4 empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.