El ex presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha justificado la contratación del ex delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, por vías ajenas a los procedimientos ordinarios del banco, en razones “sociales” y de protección a altos cargos que jugaron un papel importante en la lucha antiterrorista. Ha asegurado además que la decisión la adoptó después de recibir indicaciones de altos cargos de dos partidos -ha insinuado que se trataba de PSE y PP- para reubicar a Cabieces tras la victoria del PP en 2011 y ante el previsible relevo en la Delegación de Gobierno en Euskadi. Fernández, durante la vista oral que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Vizcaya, ha asegurado que ordenó que se instara a la contratación de Cabieces por parte del despacho de abogados laboralista con el que trabajaba la entidad financiera y que todo correría a cargo de los fondos de Kutxabank. En los tres años que estuvo contratado percibió 243.000 euros.

Fernandez, que está acusado de un delito de administración desleal, y al que la Fiscalía pide dos años de prisión, ha recordado que «era habitual» hacer este tipo de reubicaciones a altos cargos vinculados con la lucha contra ETA como «los delegados del Gobierno o personas del Ministerio del interior». Tras recibir la llamada de altos representantes políticos, ha asegurado que se mostró dispuestos a «hacer lo que pudiera». Ha reconocido que le pareció una petición «aceptable» y que se sentían identificado con la situación de estos cargos, «me sentí apelado por el tema del terrorismo»: «Yo tuve tres escoltas desde 1997 y hasta 2012».

Fernández asegura que altos cargos políticos le instaron a dar empleo al ex delegado de Gobierno

Fernández, junto a Cabieces y al titular del despacho de abogados, Rafael Alcorta, están acusados de haber actuado coordinadamente para posibilitar el pago al ex delegado de Gobierno español de un salario que supuso presuntamente un quebranto económico para Kutxabank. La Fiscalía pide dos años de cárcel para los acusados por administración desleal o tres por apropiación indebida. La acusación popular, ejercida por los sindicatos LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, solicita tres años y medio de cárcel para Cabieces y Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para Fernández.

Un colaborador sin «visualización pública»

Los hechos se remontan a comienzos de 2012, cuando a través de la mediación del presidente de la entidad el servicio de recursos humanos de Kutxabank se puso en contacto con el despacho de abogados de Rafael Alcorta, para plantearle la incorporación al despacho del ex delegado de Gobierno. En febrero de 2012 se firma el acuerdo entre ambas partes según el cual se contemplaba una vinculación por un periodo de tres años y a razón de 5.732 euros mensuales. En su declaración Fernández ha asegurado que sus instrucciones fijaban tres «líneas rojas» que pasaban por que Cabieces no tuviera vinculación con Kutxabank, ni una «visualización pública» con la entidad y que la contratación fuera temporal. Ha añadido que como presidente de una entidad «que mueve más activos que todo el PIB» de Euskadi apenas se ocupó más del asunto, «para mí era un tema de tercera división», más aún al registrarse en pleno proceso de fusión de las tres cajas de ahorro vascas, «sólo conozco el inicio y el final de la película”.

Para mí era un tema de tercera división, sólo conozco el inicio y el final», ha declarado Fernández

Respecto a las causas que, una vez fuera de Kutxabank, le llevaron a devolver de su propio bolsillo los 243.000 euros abonados, ha recordado cómo el 12 de enero de 2015 su sucesor, Gregorio Villalabeitia le instó a acompañarle a una reunión y tras la misma le informó que estaban mirando «el tema de Cabieces»: «Yo le dije que diera la cifra y que esa tarde tendría un cheque bancario». Ha apuntado que el pago no puede interpretarse como un reconocimiento de culpa en ningún caso ya que actuó porque le «repugnaba profundamente» que se dijeran «cosas como las del escrito de acusación, que dice que actué con intención de perjudicar a Kutxabank». El ex presidente ha recordado que él ha dado a la entidad mucho más que lo que costó la contratación del ex delegado del Gobierno.

En este sentido ha recordado cómo renunció a las dietas y retribuciones que percibía por su condición de miembro del Consejo de Repsol y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y que como había recomendado al resto de miembros del Consejo de Administración, reintegró a Kutxabank. Ha cuantificado la suma total de esos conceptos entre 2011 y 2013 en 596.000 euros.

Por su parte, el delegado del gobierno del PSOE, Mikel Cabieces, se ha mostrado dubitativo durante su comparecencia a la hora de justificar y detallar las condiciones en las que se incorporó al despacho de Alcorta. Ha señalado inicialmente que quien pagaba sus honorarios era el despacho y que desconocía si estos eran previamente abonados por Kutxabank, extremo que en algún momento de su declaración sí ha deslizado. Ha llegado a afirmar que él de Kutxabank no había cobrado «nunca», ya que «el que a mí me pagaba era el señor Alkorta».  Tampoco recordaba con claridad si había recibido la llamada del presidente de Kutxabank de modo previo a su contratación, «puedo deducirlo, pero no lo recuerdo», ha dicho: «Yo con el banco no he hablado nunca».

Un colaborador «impuesto»

Cabieces sí ha reconocido que fue contactado por el propio titular del despacho de abogados y que éste le comunicó que se pondría a sus órdenes para llevar temas del despacho para hacer frente al incremento de carga de trabajo que arrastraba. El ex delegado del Gobierno ha reconocido que, tras dejar el cargo político, se fue al paro y después de capitalizar la prestación abrió un despacho laboralista en Portugalete. Alcorta, sin embargo, le exigió instalarse cerca de su oficina, ubicada en el centro de Bilbao y que acudiera a la misma al menos todos los jueves y viernes para despachar los asuntos. Cabieces llevó a cabo fundamentalmente tareas para «desbrozar» los expedientes relacionados con Kutxabank. Cabieces tampoco ha dejado claro por qué renunció a cobrar el finiquito, equivalente a cuatro meses de su salario, tras la decisión de Kutxabank de dar por terminada su relación contractual en noviembre de 2014 y se ha limitado a afirmar que creía que había que hacerlo «de otro modo».

En mi relación con Cabieces no negocio nada, ni le conocía ni le propuse», ha explicado Alcorta

El abogado Rafael Alcorta, también imputado como Cabieces y Fernández, ha asegurado que accedió a incorporar como colaborador a Cabieces porque le fue «impuesto» por la entidad financiera con la que mantiene una relación desde hace años y a la que lleva la defensa laboral. Ha detallado que los pagos a Cabieces se financiaban a través de la iguala que mantenía con Kutxabank y a la que se inflaba la nómina que se debía pagar al ex delegado del Gobierno. A su vez, éste debía remitir una factura por sus servicios. En total se pagaron 32 facturas. «Yo en mi relación con el señor Cabieces no negocio nada, acepto lo que me proponen. Ni le conocía, ni le propuse», ha señalado Alcorta. La orden de contar con él le dijeron que venía directamente del presidente de Kutxabank y que por eso nunca la cuestionó, «yo era un sujeto pasivo de una decisión de terceros».

Ha reconocido que inicialmente la relación con Cabieces fue tensa pero que se fue normalizando. Alcorta ha asegurado que la aportación del ex delegado fue muy positiva en muchos asuntos y que gracias a él incluso se agilizaron contactos con personas del ámbito administrativo, «contactos muy beneficiosos para el banco».

Sí ha cuestionado el modo en el que se puso fin a su contratación, soportada por Kutxabank. Ha recordado que la propia entidad le comunicó que se lo trasladara a él, «se quedó mustio cuando se lo dije», y que los 29.078 euros de su finiquito incluso los ha adelantado al ser parte del pago hecho por la entidad de un procedimiento llevado a cabo por su despacho con Cajasur, sin que se ampliará por ese importe en concepto de liquidación contractual, «en realidad el finiquito se lo he pagado yo». Una liquidación que además aún no ha sido percibida por Cabieces, «el cheque sigue ahí, esperando».