Francisco Correa intentó por todos los medios evitar su reingreso en prisión al alegar ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que «ha cambiado de estrategia y ha empezado a colaborar con la justicia». Sin embargo, los togados han hecho oídos sordos a este arrepentimiento, ya que en el caso Fitur, en el que le han condenado a 13 años de cárcel, «se ha limitado sencillamente a negar la totalidad de los hechos». Por ello, el jefe de la trama de corrupción ha vuelto a prisión en la mañana del martes junto a su lugarteniente, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, para evitar el riesgo de fuga tras la condena en este caso.

El jefe de esta trama de corrupción explicó a los magistrados, a través de su abogado, Juan Carlos Navarro, que en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional en el caso Gürtel se ha arrepentido. Sin embargo, los magistrados no se dan por aludidos, ya que afirman que «ignoran la posición que haya adoptado en otras piezas».

El dinero en paradero desconocido

Para los magistrados solo cuenta la actitud que ha mantenido en el proceso en el que le han condenado y subrayan que en esta causa «no ha demostrado un afán de colaborar con la justicia» y señalan que se ha ofrecido a devolver las comisiones que logró por las adjudicaciones amañadas con la consejería de Turismo con bienes que «ya están intervenidos por la administración de justicia».

Además, los togados recuerdan que Correa «participa en un complejo entramado de empresas fuera del territorio nacional» que puede usar para huir. Por ello, explican que, a pesar de que hasta ahora, el jefe de la trama de corrupción ha dado «estricto cumplimiento a todos los llamamientos judiciales» su situación ha cambiado tras esta condena.

Los jueces consideran que los 13 años con los que le han condenado «hacen que las sospechas» de que tenga intención de fugarse «son más patentes» sobre todo ante el sombrío panorama judicial que le espera al estar siendo juzgado en estos momentos en la Audiencia Nacional y pendiente de juicio en otras piezas en las que se enfrenta a «importantes penas».

Rechazan la presión del abogado de Crespo

Por su parte, Pablo Crespo alegó que su vuelta a la cárcel lesionaba su derecho de defensa, ya que es ayudante de su letrado, Miguel Durán, que padece una discapacidad visual. Los jueces le reprochan «las veladas insinuaciones» que realizó en su alegato y afirman que «no es admisible ceder a tamaña presión» porque «la legislación ofrece suficientes medidas para garantizar el derecho de defensa».

Los magistrados tampoco atendieron la petición de Álvaro Pérez que recurrió a su arraigo familiar para intentar eludir su vuelta a la cárcel. Los togados sostienen que tras haberle condenado a 12 años de cárcel han de «adoptar cautelas ante el riesgo de fuga por la inminencia de las consecuencias jurídicas de esta sentencia en conjunción» con que está siendo juzgado en el caso Gürtel.

El tribunal ha ordenado la vuelta a la cárcel de los dirigentes de la trama de corrupción a instancias de la fiscalía. Y explican que su acuerdo es provisional porque su condena no es firme, ya que puede ser revisada por el Tribunal Supremo. No obstante, aclara que tras esta condena se inicia un  nuevo plazo de prisión provisional que se eleva hasta la mitad de la condena impuesta (6,5 años).

Correa y Crespo ya han pasado casi cuatro años en la cárcel tras su detención en el 2009 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero ahora pueden permanecer otros dos años y medio más si antes el Supremo no revisa la sentencian la que han sido condenados, lo que es poco probable. Tampoco es previsible que el alto tribunal les absuelva, ya que lo normal es que se limite, en el mejor de los casos, a rebajar los años que les ha impuesto el TSJCV.

Los empleados de Correa en libertad

Además, los jueces dictaron medidas cautelares para los tres empleados de esta trama de corrupción a los que también han condenado. Se trata de Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños que han sido castigados con penas que oscilan entre los seis y los tres años de prisión. Los tres tendrán que comparecer periódicamente en el juzgado, deberán entregar su pasaporte y se les prohibe salir del territorio nacional. Su situación cambiará cuando el Tribunal Supremo confirme su condena, ya que tendrán que ingresar en prisión para cumplir la pena a la que han sido castigados.

Los políticos comparecen el miércoles

Este miércoles, los jueces recibirán a los políticos condenados en este caso. Se trata de la ex consellera de Turismo Milagrosa Martínez, condenada a nueve años de prisión, su ex jefe de gabinete Rafael Betoret (6 años de cárcel) y tres técnicos de esta conselleria que fueron castigados a penas que oscilan entre los siete y los tres años de prisión. La fiscalía también pidió que se revisara su situación de libertad tras esta condena.