La Audiencia de Palma comunica hoy a la Infanta Cristina si la absuelve o la condena en el caso Noos, aunque todo apunta que solo la declarará responsable civil de los delitos cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, que se enfrenta a una petición fiscal de 19,5 años de cárcel por una ristra de delitos que el tribunal puede rebajar a una horquilla que oscila entre los siete y los nueve años de cárcel, según fuentes judiciales de absoluta solvencia.

Estas fuentes también apuntan que, a pesar de la elevada condena que las juezas de Palma van a imponer al cuñado del Rey, lo más probable es que no entre a la cárcel hasta que el Tribunal Supremo confirme su castigo. Las magistradas no pueden dictar de oficio su encarcelamiento y solo pueden acordarlo si lo pide la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Manos Limpias o el Partido Socialista de Valencia.

Casi siete meses después de que la presidenta del tribunal Samantha Romero pronunciara el tradicional «visto para sentencia», hoy se dará a conocer el fallo que también ha sido firmado por las juezas Eleonor Moyá y Rocío Martín. La resolución, que supera los 1.000 folios, se conocerá a partir del mediodía. A esta hora, los procuradores de los 17 imputados tendrán acceso a través de un sistema informático del fallo de la resolución, es decir, de las penas impuestas a los acusados y las absoluciones que han firmado.

Urdangarin se enfrenta a las penas más altas

Después, tendrán que acudir a la sede del tribunal para recibir en mano una copia de la sentencia que dará respuesta a todas las preguntas que se plantearon durante el juicio y que recogerá los argumentos que les han llevado a imponer las penas a los acusados.

Urdangarin se enfrenta a la mayor condena por los delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Su socio en el Instituto Noos, Diego Torres, ha sido acusado de los mismos delitos, pero el fiscal Pedro Horrach le reclama 16,5 años de prisión. Por su parte, la Infanta Cristina solo ha sido acusada por Manos Limpias, que la reclama ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Fuentes jurídicas han explicado que es poco probable que las magistradas sigan el criterio de Manos Limpias y acepten los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que descartaron que la hermana del Rey haya cometido delito en este caso y limitan su participación a responsable a título lucrativo. El fiscal Horrach la reclama 587.000 euros que Cristina ya ha depositado en el juzgado.

Además, otras fuentes recuerdan que el tribunal dejó pendiente de resolver en la sentencia la compleja situación en la que se encuentra el sindicato Manos Limpias tras la detención de su presidente, Miguel Bernad, entre otros delitos por haber chantajeado a dos bancos con retirar la imputación a la Infanta a cambio de tres millones de euros.

Bernad está en libertad desde finales de diciembre y se comprometió a liquidar el sindicato. Por ello, el tribunal puede decidir ahora que no está legitiminado para ejercer la acción popular. De este modo, desactivaría que esta acusación reclamara el inmediato ingreso en prisión de los condenados. Esta petición, no obstante, la puede plantear también la acusación que ha ejercido el Partido Socialista de Valencia, que ha reclamado 11 años de cárcel para el cuñado del Rey.

El caso que se juzga

En este caso se enjuició una trama urdida para beneficiarse con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y Torres que percibieron seis millones de euros de varias administraciones públicas así como de su plan para defraudar después a Hacienda. La Infanta y su marido negaron durante la vista las acusaciones y defendieron la legalidad de las empresas de Urdangarin.

La hermana del Rey defendió la inocencia de su marido en su declaración en el juicio al asegurar: «Confío plenamente en mi marido». Asimismo, negó que su marido la usara como «escudo fiscal». Otro de los acusados en esta vista es el ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, que se enfrenta a cinco años bajo la acusación de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad.