Las atrocidades cometidas en los cinco continentes en 2016 son tan numerosas que parecen incontables. Amnistía Internacional analiza de forma exhaustiva en el informe anual 2016/17 que ha dado a conocer el miércoles el estado de los derechos humanos en 159 países y el escenario es desolador. “2016 fue un año en el que el uso cínico de una retórica del ‘nosotros contra ellos’ en discursos de culpa, odio y miedo adquirió relieve global a una escala nunca vista desde la década de 1930”, en palabras de Salil Shetty, director general de la organización.

Denuncia también Salil Shetty en el documento cómo son cada vez más “los políticos que responden a los temores legítimos de índole económica y de seguridad con una manipulación venenosa y divisiva de la política de identidad con el fin de ganar votos”.

Esta andanada contra el auge populista que realiza Amnistía Internacional tiene nombre y apellidos: el presidente de EEUU, Donald Trump; el primer ministro húngaro, Viktor Orban; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el filipino, Rodrigo Duterte «tienen una agenda tóxica que persigue, busca chivos expiatorios y excluye a grupos enteros de personas», muchas de ellas procedentes de países en guerra o donde las violaciones de derechos humanos son el pan de cada día.

El informe subraya cómo hemos asistido a la retransmisión en directo del asedio de Alepo, hemos visto cómo en Filipinas el presidente Rodrigo Duterte ordenaba asesinatos en nombre de la guerra contra las drogas, y hemos escuchado cómo miles de personas llamaban a nuestras puertas huyendo de sus hogares en guerra.

Hasta 36 países han violado el derecho internacional al devolver a personas refugiadas a países donde sus vidas corren peligro

Hasta 36 países han violado el derecho internacional al devolver a personas refugiadas a países donde sus derechos, y a veces incluso sus vidas, corrían peligro. En Hungría, el gobierno gastó más de 20 millones de euros en campañas de comunicación que consideraban a los refugiados como delincuentes y los consideraban una amenaza nacional.

La mayoría proceden de Siria, Afganistán o Irak, países en guerra, y huyen del mismo terror que produce pánico cuando se manifiesta en forma de atentados en Occidente.

En su desesperación se ven envueltos en una dinámica kafkiana que les lleva a ser considerados terroristas, cuando en realidad son víctimas.

Es el caso de Ahmed H, sirio residente en Chipre, que fue juzgado en noviembre por cargos de terrorismo en Budapest. Cuando ayudaba a llegar a Europa a sus padres, también sirios, se vio envuelto en una reyerta con policías húngaros, y pese a los testimonios en su defensa, fue declarado culpable.

La mayoría hemos contemplado todas estas atrocidades como testigos silenciosos.

Hay excepciones notables, héroes a su pesar, como Anas al Basha, conocido como el payaso de Alepo, que decidió quedarse en la ciudad, pese a los bombardeos de las fuerzas del gobierno de Bashar Asad. Quería estar junto a los niños que habían permanecido en la localidad. Murió el 29 de noviembre víctima de un ataque aéreo.

La lista de países en conflicto es cada vez más larga, y muchos de ellos padecen estas crisis, sin que haya voluntad política para solucionarlas ya desde hace muchos, demasiados, años. Son escenarios de batallas, de hambrunas, de calamidad sin fin: Siria, Yemen, Libia, Irak, Afganistán, República Centroafricana, Centroamérica, Burundi, Sudán del Sur y Sudán. Amnistía detalla crímenes de guerra en al menos 23 países en 2016.

La resistencia cívica

Frente a los gobernantes que fomentan el odio hay quienes resisten. Hay quienes defienden las libertades. Hay quienes luchan por los derechos humanos aún a riesgo de perderlo todo. En 22 países pagaron con sus vidas esta batalla.

El caso de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres es emblemático. Según certifica el informe de Amnistía Internacional, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas, especialmente para los defensores del medio ambiente. La ONG Global Witness confirma este pavoroso récord.

Berta Cáceres murió asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa. ¿Su delito? Cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), había denunciado junto a otros miembros de la organización la construcción de la represa de Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, y por ello sufrieron hostigamiento, amenazas y agresiones.

También en Honduras mataron a José Ángel Flores y Silme Dionisio George, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, el 18 de octubre. Según la ONG ACI-Participa, el 90% de los homicidios y abusos contra los derechos humanos en Honduras quedaron impunes.

En Sudán, la represión contra el movimiento estudiantil no se paró ante la juventud del universitario Abubakar Hassan Mohamed Taha, de 18 años, ni de su compañero Mohamed al Sadki Yoyo, de 20, asesinados por agentes de la inteligencia. Son algunos de las decenas de mártires sacrificados en este año sangriento.

La represión política

En otros casos, como en la Turquía de Erdogan más de 90.000 personas perdieron sus empleos en el sector público por sospechas de mantener vínculos con una organización terrorista o ser considerados una amenaza. Fueron sometidos a prisión preventiva periodistas y se cerraron 184 medios de comunicación.

Un día uno se acuesta como un ciudadano normal y al día siguiente se ve pendiente de juicio y sin empleo. Así ocurre en la Turquía de Erdogan, o en el Egipto de Al Sisi. Lo sabe bien Belal Darder, fotoperiodista de 24 años, que forma parte del Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos que desarrolla la oficina española de Amnistía Internacional.

Al fotoperiodista egipcio Belal Darder le salvó de 15 años de cárcel por tomar fotografías de protestas la llamada de un abogado

A Darder le salvó de una condena de 15 años de cárcel la llamada de un abogado al que no conocía previamente. Empezó a hacer fotos para dar testimonio de lo que sucedía en su país durante las protestas de enero de 2014. “Empecé a escuchar a la gente, a observar cómo vivían, y fue una sorpresa descubrir tanta pobreza, tanta injusticia, tanta ausencia de ley”, señala Darder.

No sospechó cuando un policía le pidió que se identificara en una protesta en la universidad de Ain Shams en diciembre de 2014, y meses después recibió la llamada de ese abogado. Sabía que apenas tenía diez días si quería librarse de estar entre rejas unos años, incluso aunque finalmente le declararan inocente. Salió rumbo a Hong Kong, para luego parar en Malasia, y finalmente decidirse a intentar formalizar su situación en España.

“A nadie le importa que en Egipto no haya libertad si hay estabilidad”, señala el joven, que confiesa que tiene varios amigos entre rejas. “Para una familia eso supone un calvario. No sólo condenan al preso, sino a toda su familia”, añade. “No soy ningún héroe. Hice lo que tenía que hacer. Y tuve suerte porque pude escapar y librarme de la condena. Otros no son tan afortunados”, concluye.

El gobierno español, impasible ante los refugiados

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, destaca cómo nuestro país ha incumplido sus compromisos sobre la acogida de refugiados. “En septiembre de 2015 España dijo que reubicaría y reasentaría a más de 17.000 personas que huían de la guerra y la persecución, en realidad sólo ha acogido a 1.034 personas (23 de enero de 2017), es decir, un 6% del total comprometido, algo claramente insuficiente”, afirma Beltrán.

Amnistía denuncia cómo el sistema de acogida está bloqueado así como el hecho de que los solicitantes de asilo permanezcan hasta un año en ocasiones en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En Ceuta y Melilla la situación es especialmente grave porque la frontera se intenta sellar herméticamente, y se expulsa masivamente a quienes intentan pasar, sin comprobar si pueden ser o no solicitantes de asilo.

Asimismo en el caso español Amnistía denuncia cómo la vaga definición de terrorismo en el Código Penal abre la vía a limitar la libertad de expresión. También considera que se consolida la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el franquismo.

Después de un 2016 en el que se ha sembrado el odio desde las más altas instancias, el director general de Amnistía plantea que “la cuestión fundamental en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes de tomar medidas”.