El comisario ya retirado José Manuel Villarejo ha pedido al juez que instruye el caso del Pequeño Nicolás conocer “sin demora” la identidad de las personas que forman o han formado parte de la comisión judicial que investiga la grabación y difusión de la reunión secreta que mantuvieron tres policías con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en octubre de 2014, tras trascender que uno de los integrantes es un mando policial con el que mantiene una vieja enemistad. La participación en las pesquisas de este policía se ha mantenido oculta a las partes, lo que arroja más sombras sobre la actuación del conocido como comando Marcelino.

Villarejo, imputado en esta pieza separada del caso, formaliza esta petición en un escrito presentado el pasado miércoles ante el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid después de que la Audiencia de Madrid haya desvelado en un reciente auto que uno de los integrantes del conocido como comando Marcelino -dirigido por el comisario principal Marcelino Martín-Blas, ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional- es Jaime Barrado González. Comisario jefe de la comisaría de distrito de Chamberí, Barrado mantiene una “abierta enemistad” y “manía persecutoria” con Villarejo, según denuncia éste.

El conocimiento de la identidad de este integrante de la comisión judicial ha causado una gran sorpresa para partes personadas en esta causa, a las que se ha ocultado la identidad de la totalidad de los agentes que participan o han participado en las pesquisas. Se ha conocido accidentalmente, en la resolución a un recurso de apelación que interpuso la defensa de Villarejo contra la decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid de unir a esta piezas otras diligencias que había archivado el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid a raíz de una nota informativa del propio comisario Barrado.

La Audiencia desvela que uno de los integrantes es el comisario Barrado, otro enemigo de Villarejo

“Es incuestionable el derecho de esta parte a conocer quiénes y en qué fechas han sido miembros de la comisión judicial, pues ésta tiene amplias facultades de investigación, de análisis de las pruebas y elaboración de informes para el Juzgado, y de solicitud o sugerencia de nuevas diligencias probatorias que proponen habitualmente. Como parte investigada, y por el mero hecho de estar personados en estas actuaciones, tenemos el interés legítimo -tan obvio que no hace falta mayor fundamentación- de conocer la identidad de los miembros de la citada comisión judicial”, expone el abogado de José Manuel Villarejo.

El comisario ya jubilado hace constar en su escrito su protesta “por no constar en el procedimiento” el nombramiento como integrante de la comisión judicial de Jaime Barrado, que mantiene hacia él -denuncia- una “abierta enemistad” y “manía persecutoria” como dice estar en condiciones de demostrar. No sólo quiere que se confirme si es uno de los integrantes del comando Marcelino sino que se le tome declaración como testigo y que se remita testimonio de las declaraciones que, en relación con el caso Pujol, realizaron la pasada semana en la Audiencia Nacional Marcelino Martín-Blas y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Villarejo trata de demostrar la falta de imparcialidad de la comisión judicial que le investiga por la grabación y difusión de la reunión que policías mantuvieron con agentes del CNI el 20 de octubre de 2014. Al frente del comando Marcelino se encuentra Marcelino Martín-Blas, comisario que mantiene con él una vieja enemistad desde que intentó implicarlo a él y a su hijo en el caso Gao Ping. Las diferencias se acrecentaron a raíz de que Martín-Blas identificara falsamente a Villarejo en un informe enviado al juzgado como la persona que aparecía con Francisco Nicolás Gómez Iglesias (el Pequeño Nicolás) en el Parque del Canal.

El juez Zamarriego mantiene a Martín-Blas pese a la oposición del fiscal y varios investigados

El Juzgado de Instrucción 2 de Madrid dictó una providencia el 21 de abril de 2015 por la que creó la citada comisión judicial, ordenando a los funcionarios policiales que le informaran a él exclusivamente de los avances de la investigación y prohibiéndoles que comunicaran a sus superiores cualquier dato que consiguieran como consecuencia de sus pesquisas.

En un escrito fechado el 23 de abril de 2015, el juez Arturo Zamarriego comunicó al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que había acordado la adscripción de Martín-Blas como comisario principal de dicha comisión. La designación de este mando policial se producía menos de un mes después de que Cosidó lo hubiera destituido como responsable de Asuntos Internos.

Martín-Blas fue el mando que, a principios de octubre de 2014, recibió el encargo del entonces DAO, Eugenio Pino, de llevar a cabo la investigación en torno a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. El hoy ex número dos de la Policía pensaba confiarle el caso a la Policía Judicial, pero Martín-Blas logró que se le asignara a él como responsable de Asuntos Internos con el argumento de que podría haber algunos policías implicados en los hechos.

El cese del comisario como responsable de esa unidad obedecía a varias razones, entre ellas haber participado en una reunión sin autorización en dependencias policiales con agentes del CNI –celebrada el 20 de octubre de 2014– que fue grabada y posteriormente difundida por los medios de comunicación. En ese encuentro también estuvo presente el inspector Eladio Rubén López, otro de los mandos policiales que participan en la comisión judicial bajo sospecha por falta de imparcialidad.

“Plena satisfacción”

El hecho de participar en esa reunión e investigar ahora los hechos es el motivo que ha llevado al fiscal del caso, Alfonso San Román, a solicitar en tres ocasiones al juez que aparte a estos policías por falta de apariencia de imparcialidad. El instructor los ha mantenido con el argumento de que están trabajo a su “plena satisfacción”.

No hay precedentes de la existencia de una comisión judicial con tantos medios como la que investiga por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid las actuaciones presuntamente delictivas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido el 14 de octubre de 2014 por hacerse pasar por un alto cargo de la Vicepresidencia del Gobierno y que ya ha sido ya procesado por dicho juzgado por la comisión de los delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y cohecho. Casos de mucha mayor complejidad no han contado con un despliegue policial como éste.

Como informó Elindependiente.com, siete personas forman parte de esta comisión –hasta nueve en determinados momentos de la investigación–dirigida por un comisario principal (Marcelino Martín-Blas) y que cuenta con un inspector (Eladio Rubén López), tres subinspectores –un cuarto colaboró durante 10 meses–, un oficial y un agente (más el refuerzo de otro funcionario durante medio año).

En total, el funcionamiento de esta comisión judicial tiene un coste mensual de unos 27.400 euros (329.200 euros al año), cantidad que no incluye ni los vehículos que utilizan para realizar las funciones asignadas ni el alquiler de la vivienda que tienen como base de operaciones.