Ciudadanos siempre ha presumido de ser un partido dialogante capaz de negociar con todas las formaciones sin importar el color. Pero los acuerdos con el PP empiezan a complicarse y quien espere un golpe en la mesa por parte de la formación de Albert Rivera tendrá, a cambio, diálogo.

El mejor ejemplo está en Murcia. El primer punto del pacto de investidura firmado con Ciudadanos exigía la dimisión del presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, si era imputado por el caso Auditorio, así como cualquier miembro de su equipo si alguno era citado a declarar como investigado. El presidente popular está citado a declarar el próximo 6 de marzo por ese caso, pero en contra de lo firmado, se niega a dejar el cargo. Ante esta situación, el PSOE y Podemos ya tienen en mente presentar una moción de censura. Ciudadanos, mientras, se limita a insistir en que pide la dimisión de Sánchez, pero se niega a ponerle un límite temporal. «No concedemos ningún plazo, exigimos el cumplimiento del acuerdo», ha dicho este lunes la portavoz de la formación, Inés Arrimadas, tras la reunión de la Ejecutiva.

El partido de Rivera se niega a fijar un plazo al presidente de Murcia para que dimita

Ante las insistentes preguntas sobre un plan b en el caso de que Sánchez se aferre al cargo pese a su condición de imputado, el partido de Albert Rivera se niega a «adelantar acontecimientos». Esto es, avanzar si apuesta por plantear una moción de censura con el resto de partidos de la oposición o romper el acuerdo firmado. Insisten en que confían plenamente en que Sánchez cumpla con el pacto y demuestre su compromiso con los murcianos dejando su cargo. El próximo jueves, 2 de marzo, portavoces de los dos partidos en la Región de Murcia se reunirán para tratar este asunto. En ese momento, el portavoz del grupo naranja, Miguel Ángel Sánchez, solicitará un candidato alternativo para gobernar la región y poder seguir adelante con el acuerdo.

Arrimadas ha insistido en que en esta reunión, a la que no asistirá ningún dirigente nacional, no habrá sorpresas y se limitarán a recordarle a Sánchez su compromiso. Ha agregado que no es su partido el que debe dar explicaciones a este respecto, sino el Partido Popular, que es el que gobierna con su presidente imputado.

Al igual que en Murcia, Ciudadanos tiene dificultades para hacer cumplir los acuerdos al PP a nivel nacional. Mañana, miembros de las dos formaciones se reunirán en el Congreso de los Diputados para tratar una vez más la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido del Gobierno. Una iniciativa que forma parte de las seis medidas prioritarias del pacto de agosto, que debían ponerse en marcha en los tres primeros meses de gobierno y que el partido de Rivera confía en poder llevar de forma conjunta al Parlamento, algo poco previsible.

Si los populares no apoyan la creación de esta comisión, algo que contempla Ciudadanos, buscarán los apoyos necesarios en la oposición, o incluso valorará la posibilidad de sumarse a la petición ya presentada por el PSOE, según la portavoz.

En esa reunión, ambos partidos tratarán también otras dos exigencias contenidas en el acuerdo: la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandato del presidente del Gobierno. Dos temas sensibles con los que el PP no se muestra muy favorable, algo «esperable» para Arrimadas, aunque se ha mostrado optimista porque «ahora dependen de un partido que en lugar de exigir sillones, exige medidas contra la corrupción».

Satisfechos con el PP

Pese a las dificultades que está teniendo Ciudadanos para ver avances en el acuerdo firmado, el partido de Albert Rivera se muestra satisfecho con los pocos pasos dados hasta ahora, ya que hace unos meses «parecía una utopía», según Arrimadas, que el PP se sentara a una mesa para hablar de cuestiones como la limitación de mandatos o los aforamientos. La portavoz de la formación naranja ha insistido en que su partido sí ha cumplido con su compromiso de iniciar la tramitación, antes de que concluya el mes de febrero, de las medidas prioritarias de lucha contra la corrupción.

La cuestión de los aforamientos requiere de una modificación de la Constitución, mientras que para limitar los mandatos del presidente es necesario cambiar la Ley de Gobierno. Arrimadas ha matizado que el pacto no exigía la aprobación de estas medidas en tres meses.

El PP, por su parte, ha avisado de los problemas que pueden conllevar ese tipo de asuntos, aunque ha dejado claro que su partido está dispuesto a cumplir todo lo firmado. El coordinador general de la formación, Fernando Martínez-Maillo, ha señalado que es necesario sumar a otros partidos al acuerdo entre PP y Ciudadanos porque ambos no son suficientes para garantizar que se aprueben medidas en el Parlamento.

Maillo ha reconocido que aceptaron las medidas propuestas por Ciudadanos porque «eran lentejas» y de lo contrario era imposible garantizar la gobernabilidad.