Si algo puso de manifiesto el largo periodo de interinidad que sufrió el país entre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y la investidura de Mariano Rajoy a finales de octubre de 2016, fueron las enormes «lagunas» regulatorias de nuestro sistema institucional, incapaces de dar una salida al bloqueo político que atenazaba al país. Por ello, los servicios jurídicos de Moncloa alertaron sobre la necesidad de reformar legalmente el proceso de disolución y repetición electoral.

Aunque todo esto suene ya algo lejano, lejos de superar esa situación de inestabilidad política que duró diez meses, la actual legislatura ha nacido también marcada la provisionalidad, sujeta a la incógnita de si Mariano Rajoy logrará aprobar en algún momento los Presupuestos Generales del Estado para este año o para el año que viene. De ello depende la celebración de nuevas elecciones generales este noviembre o en mayo de 2019, coincidiendo con las elecciones locales y autonómicas y, también, con las europeas, que tocan también ese año.

«La dificultad radica en la parálisis que se produce si no hay candidato a la investidura», indicaron los servicios jurídicos

Los servicios jurídicos del Estado recomendaron al Gobierno abordar una reforma por la cual se puedan disolver las Cámaras y convocar elecciones sin necesidad de que se celebre una sesión de investidura con la que eche a andar «el reloj de la democracia», que fue el término que acuñó el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez.

Modificados ya los plazos de una repetición electoral, mediante la inclusión de un nuevo artículo en la Ley Electoral de Régimen Común (LOREG)  para evitar que los españoles acudieran a las urnas un 25 de diciembre –en caso de que hubiera habido unas terceras elecciones–, los informes y consultas que hizo el Ejecutivo a la abogacía del Estado y a los servicios jurídicos sobre los distintos escenarios posibles acabaron concluyendo que «la auténtica dificultad radica en la parálisis total que se produce si no hay candidato a la investidura», han señalado a El Independiente fuentes gubernamentales.

Moncloa defiende que el Parlamento debería ser «soberano» para activar el proceso que faculta al Rey disolver las Cámaras

Si no hay investidura, no comienza a correr el plazo de dos meses que, a su finalización, faculta al Rey a disolver ambas Cámaras y convocar nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso, según el artículo 99.5 de la Constitución. Pero nada dice respecto a si no hay ningún candidato. En este sentido, los medios consultados señalan que el Parlamento debería «ser soberano» para activar el proceso que permite al Rey disolver las Cámaras. Esta es la recomendación que hicieron los servicios jurídicos y que tiene el Gobierno sobre la mesa, aunque admiten que «todavía no nos hemos puesto a ello».

De hecho, dieron bastantes vueltas en Moncloa a esta posibilidad hasta que Sánchez decidió que, ante la negativa de Rajoy, se presentaba él. La principal dificultad de la reforma radica en si hay que modificar o ampliar el artículo constitucional antes citado, esto es, reformar la Carta Magna, lo que dificulta en buena medida que se aborde esta tarea.

No se consideró conveniente, en cambio, poner plazos al periodo de consultas de Su Majestad

En cambio, nada dijeron los servicios jurídicos de poner plazos temporales a la ronda de consultas del Rey, «porque no parecía razonable condicionar al jefe del Estado en la que es, posiblemente, una de sus principales tareas constitucionales», ni tampoco sobre el sistema de votación de la investidura, donde sí ha entrado, en cambio el documento político que el PSOE debatirá en su congreso federal.

Mientras que la recomendación de los servicios jurídicos se centra en cómo desbloquear la situación para ir a unas elecciones sin investidura, la del PSOE pone el acento en evitar repetir comicios. En la ponencia coordinada por el diputado Eduardo Madina se apostará por un sistema inspirado en el del País Vasco o Asturias. Esto significa que si se ha rechazado a un candidato en una primera sesión de investidura, acuda a una segunda en la que el pleno sólo se pueda votar «sí» o abstención, lo que garantiza la elección.

Reforma amplia

El objetivo declarado del PSOE es presentar esta propuesta, en caso de prosperar, al resto de las fuerzas políticas e incluirla en una reforma amplia y «federalizante» del texto constitucional, que exigiría un referéndum. Todo depende, no obstante, de quién gane el proceso de primarias. Si fueran Pedro Sánchez o Patxi López podrían rechazar las ponencias oficiales para someter sus propias propuestas a consideración del pleno del congreso socialista.